Por Adam Edelman - NBC News
En respuesta al impacto del COVID-19, el Gobierno federal ha permitido a millones de estadounidenses aplazar los pagos de hipotecas, rentas, préstamos estudiantiles y facturas de servicios públicos.
Pero a medida que cada vez más personas se vacunan y el país ve un regreso a la normalidad en el horizonte, los pagos de billones de dólares de deudas podrían reanudarse pronto. Incluso si los deudores siguieran sin trabajo o con dificultades financieras por la crisis económica que ha provocado la pandemia.
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Expertos en finanzas personales y regulación, así como legisladores demócratas, advierten que la próxima crisis de la deuda será catastrófica para muchas personas y que podría convertirse en una oportunidad de ingentes ganancias para entidades financieras que explotan situaciones de este tipo, como cobradores de deudas y los llamados prestamistas de día de pago [que conceden préstamos de cantidad reducida y que se suelen saldar en un solo pago en cuanto el deudor tenga posibilidad para ello por cobrar].
Todas ellas son industrias reguladas por la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) que el presidente, Joe Biden, trata de revitalizar después de que se quedó casi sin margen de acción bajo el ex mandatario Donald Trump.
"A medida que el impacto de la pandemia se reduce, hay mucho sobreendeudamiento: rentas aplazadas, hipotecas aplazadas, préstamos estudiantiles aplazados. Básicamente, estamos viviendo en una realidad suspendida hasta que la pandemia termine", explica el docente de la Facultad de Derecho de Harvard Howell Jackson, especialista en regulación financiera y protección del consumidor, quien fue experto invitado en el CFPB de 2013 a 2015.
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"En algún momento va a haber un número extraordinario de personas muy vulnerables a las deudas, y vamos a tener importantes problemas de cobro de deudas", asegura. "Ya hemos visto problemas durante la pandemia con los prestamistas de día de pago", dice también.
El mes pasado, Biden extendió tanto la moratoria de ejecución hipotecaria, como un programa que permite suspender los pagos de hipotecas hasta finales de junio. Anteriormente, en una de sus primeras medidas tomadas como presidente, Biden amplió las posibilidades de suspender los pagos de préstamos estudiantiles federales hasta finales de septiembre, algo que interesó a unos 40 millones de prestatarios.
Muchas empresas de servicios públicos también han permitido voluntariamente que los consumidores dejen de pagar por las facturas de luz y gas durante la crisis económica.
Los defensores de los consumidores han elogiado esas medidas, así como las del Plan de Rescate Estadounidense que otorgan alivios financieros directos a esas personas. Pero para muchos, estas políticas no son suficientes, e incluso si Biden amplía aún más sus plazos de validez, en algún momento las ayudas se van a agotar. Cuanto esto ocurra, la cantidad total destinada al pago de deudas puede ser asombrosa, advierten Jackson y otros expertos.
"Estos períodos de indulgencia van a terminar. Y cuando lo hagan, puede haber millones de familias que no puedan retomar el pago de hipotecas o de su auto, pagos con tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, y que podrían correr el riesgo de perder sus casas, sus carros, quedarse con sus salarios y las cuentas bancarias embargadas, y a las que les costará llevar comida a la mesa y cuidar de sus familias", asegura David Silberman, quien fue director asociado de investigación, mercados y regulación de la CFPB desde que se fundó [en 2011] hasta febrero de 2020.
De hecho, a finales de febrero, casi un año después de la pandemia, uno de cada cinco inquilinos había acumulado retraso en los pagos de la renta y más de 10 millones de personas estaban atrasadas con los pagos de la hipoteca.
Además, una "avalancha" de personas con préstamos estudiantiles concedidos pronto podría no llegar a cumplir con ellos después de que se cierre el período de aplazamiento de esos pagos, advirtió a los legisladores Rohit Chopra, nominado de Biden para dirigir el CFPB, durante su audiencia de confirmación este mes.
El precio de la desigualdad racial
Las personas que pertenecen a comunidades minoritarias enfrentan dificultades económicas más severas en todos los sectores, y serán las más afectadas por la próxima ola de incumplimientos.
Según la última encuesta del Censo al respecto, hay un 18% de los prestatarios hispanos, un 17% de los prestatarios negros, un 18% de los prestatarios asiáticos y un 7.3% de los prestatarios blancos que no están al día con sus pagos hipotecarios. Según esos datos, el 33% de los inquilinos negros acumularon retraso en el pago del alquiler, junto con un 20% de los inquilinos hispanos, un 16% de los inquilinos asiáticos y un 13% de los inquilinos blancos.
Lo mismo ocurre con personas que obtuvieron préstamos estudiantiles, ya que los que son de minorías tienen más probabilidades de que los préstamos concedidos sean más grandes, así como de enfrentar un tope salarial cuando finalmente ingresen al mercado laboral. Según Chopra, se trata de un "doble golpe".
A medida que vencen los plazos para los pagos, es probable que las personas empleadas que no dispongan de efectivo suficiente tengan que depender de los prestamistas del día de pago, advierten los expertos. Y las personas desempleadas y con salarios insuficientes podrían quedar completamente expuestos a cobradores de deudas sin escrúpulos.
Qué puede hacer CFPB, creada por Obama y desmantelada por Trump
Expertos y legisladores demócratas, incluida la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren —que ayudó a crear CFPB durante la administración de Barack Obama han dicho varias veces que esta agencia tiene recursos únicos para ayudar a los prestatarios en dificultades a lidiar con esos inconvenientes. Pero eso puede ocurrir solo si Biden logra recuperar su eficacia.
"Todo eso refleja el por qué tenemos que asegurarnos lo más rápido posible de que esta agencia esté funcionando como lo hacía [bajo la Administración Obama]", dijo en una entrevista el presidente del Comité Bancario del Senado, Sherrod Brown, demócrata por Ohio.
La agencia puede ayudar a reforzar las regulaciones de la industria de préstamos de día de pago, muchas de las cuales se eliminaron durante el mandato de Trump, así como vigilar sobre la aplicación de prácticas agresivas de cobro de deudas, algo que no ocurrió con frecuencia con Trump.
Si bien la agencia no puede evitar el cobro de deudas o los préstamos de día de pago, sí puede reducir significativamente los excesos de esas prácticas, al garantizar que las normas existentes se apliquen de manera enérgica y justa y al redactar nuevas reglas.
Esas normas regulan qué tipo de contacto pueden establecer los cobradores con los consumidores (y con qué frecuencia), así como el nivel de presión que pueden ejercer sobre ellos, exigiendo que los cobradores sean honestos sobre los créditos que han concedido y cómo los cobradores pueden denunciar los impagos.
Howell Jackson afirma que muchas deudas también tienen estatutos de limitación y se agotan después de un cierto período de tiempo. "Es fundamental asegurarse de que los consumidores sepan que tienen derechos en este tema", explica. "Hay muchas protecciones reales en el ámbito del cobro de deudas", agrega.
Silberman, quien trabajó en CFPB durante casi una década, agrega que esta agencia puede asegurar que los consumidores reciban un trato justo.
"No significa necesariamente que en última instancia no sufrirán consecuencias adversas”, dijo, "al final, el Gobierno federal tendrá que decidir si puede brindar más asistencia y alivio y de qué manera. Pero la agencia, si es fuerte, puede garantizar un trato justo y legal para algunos de nuestros consumidores más vulnerables".