Por Rob Wile - NBC News
Una ley en trámite en el Congreso dentro del plan presupuestario que debe aprobarse antes de fin de año puede introducir grandes cambios en el sistema de pensiones y jubilación, incluyendo por ejemplo una medida que obliga a la inscripción automática de los empleados en los planes de sus empresas si cumplen los requisitos.
La norma, denominada Secure Act 2.0, prevé que a partir de 2025 las empresas inscriban automáticamente a los trabajadores en un plan 401(k), deduciendo entre el 3% y el 15% de sus ingresos antes de impuestos para depositarlos en una cuenta de jubilación; los empleados siempre podrían optar por no participar en el programa.
La empresas con 10 empleados o menos y las que lleven operando menos de 3 años pueden quedar exentas, como también las iglesias.
La ley permite además las empresas tener en cuenta a empleados que paguen préstamos estudiantiles para calcular aportaciones. Y proporciona incentivos fiscales a las pequeñas empresas para que empiecen a ofrecer planes 401(k), aumentando las desgravaciones.
“Esta medida aportará miles de millones de ahorros adicionales para la jubilación y contribuirá a aliviar la inseguridad y la ansiedad que sienten trabajadores y jubilados en cuanto a disponer de ahorros suficientes que les proporcionen los ingresos que necesitan para mantenerse durante los años de jubilación”, declaró Paul Richman, ejecutivo de la organización Insured Retirement Institute.
Aunque muchas empresas ofrecen ya planes 401(k), la inscripción no suele ser automática. Sólo el 51% de las que respondieron a una encuesta de la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos en 2020 afirmaron que inscribían automáticamente a los trabajadores.
Otro sondeo de la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, por su sigla en inglés) reveló este año que casi la mitad de los trabajadores del país no tienen acceso a un plan de jubilación en su empleo. Esto equivale a unos 57 millones de empleados del sector privado con edades comprendidas entre los 18 y los 64 años.
El problema es especialmente grave para los trabajadores a tiempo parcial. La nueva ley reduce el requisito de servicio para estos trabajadores de tres años consecutivos a dos, lo que significa que se inscribirían automáticamente en el programa de jubilación 401(k) de su empresa una vez superadas las 500 horas de servicio total.
Los trabajadores que han experimentado un empleo inestable o han cambiado de trabajo también tendrían acceso a una base de datos gestionada por el Departamento de Trabajo para saber si su empleador podría haberlos inscrito automáticamente en un plan.
La ley también mejoraría la suerte del 84% de adultos que afirman que los pagos de préstamos estudiantiles han limitado su capacidad de ahorro para la jubilación, según un estudio de 2019 del AgeLab del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la organización TIAA.
Según la nueva legislación, los empleadores podrían considerar el pago del préstamo estudiantil de un trabajador como el equivalente de una contribución 401(k) e igualarlo.
En el caso de los trabajadores de 60 a 64 años que no pudieron cotizar en un plan 401(k) anteriormente, la llamada aportación de recuperación a su plan actual aumentaría hasta 10,000 dólares.
Para los trabajadores que ganen menos de 71,000 dólares al año, el Gobierno federal igualaría al 50%, hasta 2,000 dólares, las aportaciones en efectivo de los empleados, lo que significa que el Gobierno aportaría un máximo de 1,000 dólares, depositando directamente en las cuentas de jubilación.
Los retiros anticipados de un plan 401(k) suelen estar sujetos a un impuesto del 10% pero con la nueva propuesta, una persona podría hacer una retirada sin penalización para gastos inesperados de hasta 1,000 dólares al año si se reembolsa la cantidad. En caso contrario, no se podría volver a retirar durante tres años.
Además, los empresarios podrán ofrecer a sus empleados peor pagados una cuenta de ahorro vinculada a sus planes de jubilación a largo plazo. Las empresas también podrían incluir automáticamente a sus empleados en las cuentas de ahorro, aportando como máximo el 3% del salario del empleado. La cuenta tendría un tope de 2,500 dólares, y el dinero adicional se destinaría a la cuenta de jubilación.
Según la ley actual, las personas con planes 401(k) deben retirar dinero de sus cuentas a partir de los 72 años, para garantizar que la gente utilice el dinero en lugar de transmitirlo a través de sus herencias. La nueva propuesta aumentaría esa edad obligatoria a 73 años a partir de 2023 y a 75 a partir de 2033.
Por último, la ley ofrece un crédito fiscal del 100% a las empresas con 50 empleados o menos por el coste de mantener un plan 401(k).