PHOENIX (AP) — Una jueza federal escuchó el jueves a partidarios y oponentes de una severa ley de inmigración en Arizona para decidir si ésta debería entrar en vigor en una semana en medio de una serie de cuestionamientos.
La audiencia se concentró en una de siete demandas interpuestas contra Arizona por una ley que ha encendido el debate nacional sobre la inmigración.
La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el gobierno federal y otros oponentes de la ley desean que la jueza Susan Bolton emita un interdicto para bloquear la aplicación de la ley antes de que entre en vigencia el jueves. La magistrada no ha dicho cuándo podría emitir su fallo.
El tribunal estaba colmado con unos 150 espectadores y 30 abogados, mientras decenas de manifestantes aguardaban afuera. Este grupo incluía adversarios que consideran inhumana la ley y partidarios que creen es una respuesta necesaria para asegurar la frontera.
La primera parte de la audiencia fue mayormente formal mientras la jueza y un abogado de la ACLU revisaban la ley sección por sección para discutir los pasajes que los demandantes objetan.
Bolton dijo que la ley tiene una sección que permite que partes de ella puedan aplicarse aunque otras sean suprimidas.
El abogado Omar Jadwat, de la ACLU, argumentó que las disposiciones de la ley deben trabajar conjuntamente para concretar el objetivo de incitar a los inmigrantes indocumentados a irse del estado, y la calificó de inconstitucional y peligrosa.
La mayor controversia sobre la legislación se centra en disposiciones sobre detenciones y arrestos, nuevos delitos vinculados a los indocumentados y el requisito de que los inmigrantes lleven y presenten sus documentos migratorios.
Otras partes de la ley que reciben poca atención tienen que ver con la incautación de vehículos y sanciones al empleo de indocumentados.
El abogado John Bouma, que representa a la gobernadora de Arizona Jan Brewer, dijo a la jueza que quienes objetan la ley no han demostrado que nadie sufriría perjuicios reales de entrar ésta en vigencia y que deben demostrarse hechos y no conjeturas.
La legislación requiere que los agentes de policía, al hacer cumplir otras leyes, revisen el estatus migratorio de una persona si existen sospechas razonables de que se encuentra en el país ilegalmente. También prohíbe a los indocumentados solicitar trabajo en zonas públicas.
Desde que la gobernadora Brewer firmó la ley el 23 de abril, partidarios y oponentes de ésta se han manifestado en Arizona y otros lugares del país. Algunos oponentes han pedido un boicot turístico de Arizona.
El debate también provocó que un número indeterminado de indocumentados abandonaran Arizona y se fueran a otros estados o a sus países de origen. El Departamento de Justicia, grupos de derechos civiles, dos agentes de policía de Arizona, un grupo religioso hispano y un investigador de Washington cuestionaron la ley con siete demandas.
Los abogados del Departamento de Justicia aseguran que a la policía local no debería permitírsele imponer la legislación, en parte, porque ésta ya está perjudicando las relaciones de Estados Unidos con México y otros países.
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