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Cuando los niños migrantes permanecían en las detenciones de los adultos y eran expuestos a revisiones físicas

Cuando los niños migrantes permanecían en las detenciones de los adultos y eran expuestos a revisiones físicas

Por: Suzanne Gamboa

NBC News

Años antes de que decenas de miles de niños llegaran a la frontera, una niña de 15 años procedente de El Salvador, se presentó en un puerto de entrada de California e inició un caso legal, que es utilizado como referencia para controlar el tratamiento de los menores inmigrantes en custodia federal hoy en día.  

Jenny Lisette Flores había huido de la guerra civil de su país y fue detenida en 1985 cerca de San Ysidro, California.

La niña llegó un año después de que el comisionado regional del Servicio de Inmigración y Naturalización occidental, Harold Ezell, nombrado por el entonces presidente Ronald Reagan, recrudeciera las leyes para la liberación de menores. Ellos sólo podían ser entregados a un padre o a un tutor legal, por lo que algunos quedaban detenidos por períodos prolongados.

Como resultado, Jenny pasó dos meses en un centro de detención en Pasadena, California, en compañía de adultos que no conocía y fue sometida a registros físicos con regularidad.

Jenny no era la única niña detenida. La ama de llaves del actor Ed Asner, popularmente  conocido por interpretar a Lou Grant en el The Mary Tyler Moore Show, tenía una hija de 12 años a la que el INS no quería liberar, dijo Carlos Holguín, consejero general del Centro de Derechos Humanos y Ley Constitucional. El centro estableció una demanda a nombre de Jenny, entre otros cuatro demandantes, y es lo que se conoce en la actualidad como el caso de Flores contra Reno.   


"Lo que estábamos tratando de lograr era, primero, acabar con la detención indefinida (de los niños) o que los niños fueran utilizados como anzuelo para detener a los padres", manifestó Holguín, quien formó parte del equipo de litigios desde el principio. "Lo segundo era mejorar las condiciones en las que se encontraban detenidos".

En ese momento, El INS tenía un hotel al estilo de los años 1950 que bordeaba la piscina en forma de herradura, explicó Holguín. El INS, que precedió el Departamento de Seguridad Nacional, drenó la piscina y cercó con alambre todo el hotel. Hombres, mujeres y niños fueron alojados en esas instalaciones, añadió Holguín.

Los niños no tenían oportunidades de recibir ningún tipo de educación o recreación, no podían recibir visitas de familiares o amigos, y permanecían en compañía de adultos desconocidos. "Y todo esto se hizo para protegerlos", dijo Holguín.

La madre de Jenny estaba en los Estados Unidos pero se negó a ir por su hija por temor a que fuera deportada a El Salvador, donde en ese entonces había una brutal guerra civil, según aparece en la denuncia original.

Los abogados alegaron que los hijos no serían puestos en libertad hasta que los padres no se sometieran a los interrogatorios del INS, por lo que se utilizó la situación como excusa para sacar a los padres de manera ilegal del país. El gobierno negó rotundamente la acusación.

La demanda colectiva fue presentada a nombre de Jenny y de otros jóvenes, entre ellos Ana María Martínez Portillo, de 16 años, procedente de El Salvador. Según la denuncia original, a Ana María la detuvieron en Laredo, Texas, en una instalación administrada por la  Corporación Correccional de América, donde tuvo que desnudarse y someterse a revisiones vaginales.

Holguín y otros abogados del caso original contactados por la NBC no conocían el paradero de Jenny, ni de los otros acusados, tampoco sabían que había sido de ellos una vez que se resolvió el caso.

Unos diez días después de la presentación de la queja en 1985, un juez emitió la orden judicial que dejaba en libertad a Jenny y a otro adolescente salvadoreño, declarando que era más saludable para ellos que permanecer detenidos, de acuerdo con el informe de The Associated Press de julio de 1985.

El juez dijo que la corte no estaba "rescatando a los niños de una situación intolerable, sino que les estaba proporcionando todo un ambiente, una atmósfera más saludable", informó la AP.

La demanda colectiva siguió su paso a los tribunales con el argumento que cuestionaba si la política de liberación del INS era constitucional, apuntó Holguín.


La Corte Suprema dictaminó, con 6 a favor y 3 en contra, que los niños no tenían derecho constitucional a ser puestos en libertad para ser entregados a adultos que no tuvieran relación alguna. Debido a que los estándares de detención seguían siendo deficientes, la batalla legal continuó hasta que el gobierno aceptó un acuerdo nacional en 1997.

El acuerdo responsabilizaba al Departamento de Seguridad Nacional en el tratamiento de todos los jóvenes en custodia federal que llegaran sin sus padres o tutores y promovía la ubicación de los niños en un "ambiente menos restrictivo".

También estableció una jerarquía de adultos a los que se podía entregar a los niños una vez liberados y se les permitió a los que no tenían un adulto que se responsabilizara con ellos, permanecer en los hogares públicos y de cuidado de crianza. Este es el procedimiento vigente en la actualidad para los funcionarios que se ocupan de los niños que vienen en busca de refugio.

Los niños deberán ser entregados sólo a los padres, un representante legal, un familiar en edad adulta o una persona designada específicamente por los padres, también a un programa licenciado o a un adulto que busca la custodia y sea considerado como apropiado por El Departamento de Seguridad Nacional. Además, el acuerdo limita el tiempo que los niños pueden permanecer bajo custodia de un adulto que no sea de la familia.

El cumplimiento del acuerdo fue irregular desde el momento en que se elaboró y se presentó a los tribunales, pero el Congreso intervino con la aprobación de las leyes en contra del tráfico humano, las que pusieron ciertas partes del acuerdo dentro de la ley, a la vez que establecían otras protecciones para los niños.

A pesar de que el Congreso trata de reescribir la ley de Reautorización de Protección a Víctimas del Tráfico del 2008, para poder sacar del país a los niños centroamericanos que  buscan refugio aquí, algunas partes del acuerdo de Flores deben permanecer. Un cambio en la ley de 2008 permitió a los funcionarios enviar de regreso a su país a niños mexicanos, quienes  prefirieron la devolución en lugar de la detención. Sin embargo, a los niños centroamericanos se les dio la oportunidad de solicitar asilo y poder reunirse con sus familias.

Cuando el Congreso permitió a los niños centroamericanos quedarse mientras esperan por las audiencias de deportación, creyó que la cantidad procedente de otros países que no fuera México sería insignificante, comentó Holguín.

"La razón por la que la ley del 2008 funcionó hasta hace poco, es que de repente, la demografía cambio", expresó Holguín, aclarando que al devolver a los niños centroamericanos el Congreso también estaría racionando el debido proceso, como lo hizo con los niños mexicanos. Sin embargo, reconoció que la situación es compleja.

"Mi reacción visceral es que racionar el debido proceso no es bueno. Pero tengo que admitir que el gobierno esta bajo presión y creo que con algunas excepciones y reservas, está tratando de hacer lo mejor en una situación muy, pero muy difícil".

Cuando fue contactado por la NBC, Holguín dijo que se estaba preparando para visitar  algunas de las instalaciones que se han creado recientemente para albergar a los niños que han llegado y verificar si se estaba cumpliendo de la ley.

El gobierno de Obama ha pedido al Congreso $ 3.7 billones para hacer frente a la crisis y poder pagar por el albergue, los procedimientos legales de deportación y por los costos de detención. Al final, mantener a los niños en hogares de grupo o algo similar, es mucho más barato que pagar por la seguridad de un centro de detención y es más humano, afirmó.

"Incluso hoy en día, la gran mayoría de estos jóvenes no son criminales", expresó Holguín. "Son niños que intentan escapar de la delincuencia, tratando de llegar aquí para  salvarse a sí mismos y a sus familias."