A un año de su llegada a la presidencia, Nayib Bukele, y sus aliados, resaltan el abrupto descenso de más del 60% en la tasa de homicidios de El Salvador como uno de los logros más valiosos del inicio de su mandato.
Pero desde el 1 de junio de 2019 ha pasado de todo en el país centroamericano: desde su amplia victoria con más del 53% de los votos, un resultado que acabó con 30 años de bipartidismo, pasando por su orden de irrumpir con militares en el congreso en febrero pasado para presionar a los congresistas —lo que revivió los fantasmas de las dictaduras sudamericanas— y, por supuesto, la llegada de la pandemia del COVID-19.
Desde marzo del año pasado, ha protagonizado una de las cuarentenas más estrictas de la región caracterizada por la militarización de las calles salvadoreñas y la detención de miles de personas en centros de contención, pese a las numerosas denuncias que los definen como centros de contagio y contrariando a la Corte Suprema que dictaminó su suspensión porque esas detenciones son inconstitucionales. Como ya es costumbre, Bukele se limitó a tuitear que “5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños”, y no acató la orden judicial.
“Con la pandemia, el Gobierno ha tomado un giro decididamente autoritario y eso le hace entrar en conflicto constante con las otras fuerzas de la sociedad salvadoreña que no se alinean con sus objetivos”, asevera José Miguel Cruz, académico de la Universidad Internacional de Florida.
Además, el mandatario lidera una amplia estrategia de acciones públicas que clausuraron su país y ha tenido tiempo para gobernar desde Twitter, su plataforma preferida para anunciar medidas gubernamentales, compartir memes, burlarse de sus adversarios y definir la emergencia sanitaria global como la “Tercera Guerra Mundial”.
Sin embargo, la “joya de la corona” en sus primeros 12 meses en el poder es la tasa de homicidios que disminuyó en un 63%, totalizando solo 585 casos en lo que va del año. Durante el mismo periodo de 2019 se registraron 1,575 asesinatos, es decir, hay una disminución de 990 fallecimientos.
La magnitud del declive en las cifras mortales del país puede apreciarse mejor si recordamos que hace pocos años, en 2015, la tasa anual de homicidios se ubicó en 103 por cada 100,000 habitantes, la más alta del mundo en ese momento. En el primer año de Bukele, descendió a 36 por cada 100,000 habitantes.
Para las autoridades no hay dudas: la razón de esta victoria es la implementación del Plan Control Territorial, una estrategia que combina los viejos métodos de mano dura —como el patrullaje conjunto de la policía y el ejército además de endurecer las medidas de confinamiento en las cárceles— con programas de prevención de la violencia (e iniciativas de rehabilitación para prisioneros que, en su mayoría, aún no se han implementado).
Sin embargo, un reciente informe de International Crisis Group (ICG), una organización no gubernamental centrada en la resolución y prevención de conflictos armados, concluye que “no hay una correlación directa entre el plan y la reducción de los homicidios”.
Los números no cuadran
“¿Milagro o espejismo? Pandillas y el desplome de la violencia en El Salvador”, es el título del informe de 44 páginas que analiza, con análisis estadísticos y más de 50 entrevistas con expertos, expandilleros y diversos actores políticos, diplomáticos y extranjeros, las causas que podrían explicar el desplome de la violencia.
El Plan Control Territorial prioriza 22 municipios salvadoreños en los que se ha implementado un gran despliegue de efectivos policiales y militares. Si el declive en los homicidios obedeciera a la aplicación de esta estrategia, lo natural sería que en esos lugares existieran mejores resultados de seguridad al compararlos con otras regiones del país.
Pero el informe de ICG evidencia que los asesinatos han disminuido en todo el país y, paradójicamente, “han aumentado ligeramente en algunos municipios priorizados”. Además, la investigación también muestra que la tendencia a la baja se inició a fines del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, predecesor de Bukele.
“El descenso se da en casi todos los municipios, aunque no hayan sido priorizados”, asevera Tiziano Breda, analista de ICG para los temas de Centroamérica. “Eso es un elemento que pone en duda que el despliegue militar y policial sea lo que está controlando los municipios y está contribuyendo en su totalidad a la disminución de los homicidios”.
Entonces, ¿cómo se explica la baja tasa de homicidios?
Diversos analistas consultados por los investigadores coinciden en que lo más probable es que exista “un entendimiento informal entre las pandillas, o entre éstas y el gobierno”. Y existen precedentes porque, tanto en el caso de la tregua de los grupos delictivos en 2012 como cuando las pandillas decidieron detener los homicidios con el fin de evitar la implementación de medidas extraordinarias en 2016, se registró “una gran caída sostenida y estadísticamente significativa en los asesinatos”.
“En este país, los homicidios disminuyen solo si las pandillas lo deciden”, asevera un periodista citado en el informe, que declaró con la condición de mantener su anonimato.
También hay antecedentes durante la carrera política del actual presidente. Una investigación del diario El Faro ha evidenciado la relación y las concesiones que los funcionarios cercanos a Bukele establecieron con las maras para que lo dejaran gobernar cuando resultó electo como alcalde de San Salvador en 2015.
“Quizá estamos en un momento de negociación, de reconocimiento buscando con quién pactar, cómo presionar, es un momento de crisis sanitaria y económica y las pandillas también están a la expectativa como suele pasar cuando empieza un nuevo gobierno”, explica Guadalupe Correa-Cabrera, especialista en organizaciones criminales transnacionales y académica de George Mason University, quien no participó en la investigación de ICG.
Las pandillas siguen mandando
“Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, al anunciar en abril las nuevas medidas de seguridad en los recintos penitenciarios, entre las cuales destacaban mezclar a pandilleros rivales en los mismos espacios y sellar las celdas con el fin de evitar que puedan “comunicarse con señas”. Esas acciones fueron la respuesta de su gestión a un breve repunte de la violencia que, según datos oficiales, desencadenó 58 muertes a fines de ese mes.
El reporte de ICG detalla que las organizaciones de derechos humanos han condenado, de manera casi unánime las medidas como las transferencias frecuentes de pandilleros, su confinamiento estricto, la suspensión de visitas de familiares y de los programas de rehabilitación, y el racionamiento de alimentos.
“La situación de los reclusos en El Salvador va en contravía con todas las medidas de salud pública que aconsejan distanciar a las personas y descongestionar las prisiones”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la estrategia impuesta por Bukele en los centros penitenciarios podría considerarse como tortura si se mantiene a mediano plazo, además ese organismo también ha denunciado el hacinamiento en los centros de reclusión y su insalubridad. De hecho, el 60 por ciento de los casos de tuberculosis del país se encuentran en las cárceles.
“La decisión de las pandillas de no cometer homicidios puede deberse a una negociación informal con representantes del Gobierno”, asevera Cruz, el académico de la Universidad Internacional de Florida. “Por lo tanto la baja de homicidios en El Salvador es más bien frágil como lo demuestra el hecho de que, en algunas ocasiones, los homicidios han subido de manera exponencial por unos días”.
La Fundación para el Debido Proceso, una organización regional que se enfoca en promover el Estado de derecho en América Latina, también divulgó un informe esta semana en el que denuncia que las fuerzas de seguridad de El Salvador mantienen un patrón de supuestas ejecuciones extrajudiciales y advierte que existen “escuadrones de la muerte” que ya han sido mencionados por la ONU. Ese reporte detalla que solo entre junio y diciembre de 2019 se produjeron 156 enfrentamientos armados con 43 civiles lesionados y 107 fallecidos.
Estados Unidos y la migración
Bukele ha logrado alargar su “luna de miel” con el electorado salvadoreño, no en vano ostenta un índice de aprobación que supera el 90%, lo que lo ubica como el mandatario más popular de América Latina. Y está en plena campaña para las elecciones legislativas y municipales del año que viene porque dominar la Asamblea Legislativa de El Salvador le otorgaría un control casi total sobre el aparato político del país, y eliminaría las constantes refriegas con los diputados de Arena y el FMLN.
El mandatario es muy popular por su oratoria en las redes sociales, donde también hace gala de mensajes crípticos en los que menciona a romanos, cartagineses, mongoles, espartanos, persas y se ubica en modo batalla con frases como: “Una vez tu adversario inicia el ataque frontal, aunque no lo desees, la guerra empezó, y no queda más que defender y contraatacar”.
Cruz explica que ese tipo de mensajes fortalece su base de seguidores, de cara a las legislativas, “pero eso no ayuda en nada a la sostenibilidad de la seguridad en El Salvador”, además advierte que la política de mano dura puede perpetuar los conflictos sociales del país.
“Por un lado tiene que mantener la represión, aunque sea contraproducente, pero además debe alinearse con las políticas de Trump para impedir la emigración de salvadoreños hacia Estados Unidos, es un equilibrio casi imposible porque puede aumentar la conflictividad del país y eso siempre incrementa la migración”, concluye.
Otros expertos como Correa-Cabrera centran sus preocupaciones en la ausencia de un gran pacto nacional que resuelva los problemas más graves de la sociedad salvadoreña, y afirman que el tono beligerante de Bukele no contribuye al diálogo. “Hay que resolver los determinantes de la violencia, la pobreza, la miseria, y la vinculación a las pandillas. Si no esto solo va a ser otra tregua temporal”, advierte.
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