Por Juan A. Lozano - The Associated Press
Un segundo recluso logró retrasar su ejecución en Texas en la última semana tras alegar que el estado viola su libertad religiosa, al no permitirle que su asesor espiritual pose sus manos sobre él al momento de recibir la inyección letal.
Rubén Gutiérrez debía ser ejecutado el 27 de octubre tras ser condenado por apuñalar a una mujer de 85 años de Brownsville en 1998. Sin embargo, un juez accedió el miércoles a una solicitud de la Fiscalía del Condado de Cameron para anular la fecha de la pena.
El primer caso ocurrió hace apenas una semana: un latino de Texas condenado a muerte, John Henry Ramírez, logró suspender su pena de muerte luego de denunciar que no se cumplía su deseo de que su pastor le diera la extremaunción.
Los fiscales dijeron que el caso de Gutiérrez se verá afectado por la revisión que la Corte Suprema de Estados Unidos hará próximamente sobre el planteo similar de Ramírez hecho en base a su libertad religiosa formulado la semana pasada.
“Como el caso de Ramírez puede ser determinante para cualquier cuestión relacionada con la demanda de libertad religiosa de Gutiérrez, es en el mejor interés del estado y la familia de la víctima de los crímenes de Gutiérrez que su ejecución se retrase”, argumentaron los fiscales en una moción presentada el martes.
En junio de 2020, Gutiérrez estuvo a una hora de ser ejecutado cuando la Corte Suprema le concedió un aplazamiento porque no se le permitió que su asesor espiritual estuviera con él en la cámara de ejecución.
Hace un mes, sus abogados presentaron una nueva demanda ante un tribunal federal alegando que el Departamento de Justicia Penal de Texas violaba su derecho a practicar su religión al negarle que su sacerdote le tocara el hombro, rezara en voz alta y le diera la extremaunción en el momento de ser ejecutado.
Gutiérrez, de 44 años, alegó que esas tres cosas debían llevarse a cabo “para asegurar su camino a la otra vida”, según la demanda.
Sus abogados citaron la Primera Enmienda de la Constitución y una ley federal que protege los derechos religiosos de los reclusos. Ramírez presentó alegaciones similares cuando se le concedió una suspensión.
En años recientes, la Corte Suprema ha tratado otros casos sobre la presencia de guías espirituales en la cámara de ejecución, pero no ha emitido una resolución definitiva sobre el tema. Esto podría cambiar el 1 de noviembre, después de escuchar los argumentos orales en la demanda de Ramírez.
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En febrero de 2019, el tribunal fue criticado por negarse a detener la ejecución del recluso de Alabama Dominique Ray, quien pidió tener a su asesor espiritual islámico en la cámara de ejecución. Sin embargo, un mes después sí concedió una suspensión al reo de Texas Patrick Murphy, quien solicitó la presencia de su guía espiritual budista durante la aplicación de su pena.
Desde entonces, la Corte Suprema ha retrasado varias ejecuciones por la petición de asesores espirituales presentes.
Después de que se suspendiera la ejecución de Murphy, el sistema penitenciario de Texas prohibió a los clérigos el acceso a la cámara de ejecución. Texas permitía antes que aquellos contratados por el Estado acompañaran a los reclusos, pero su personal penitenciario sólo incluía clérigos cristianos y musulmanes.
En abril, el sistema penitenciario de Texas revocó su prohibición que llevaba dos años siendo aplicada. La nueva política permite ahora que el asesor espiritual aprobado de un recluso esté en la cámara, pero no puede tener ningún tipo contacto con él, ni se permiten oraciones durante la ejecución.
Los funcionarios penitenciarios de Texas afirman que un contacto directo supone un riesgo para la seguridad y que las oraciones en voz alta podrían ser disruptivas.
Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, dijo que el caso de Ramírez es una oportunidad para que la Corte Suprema determine si los reclusos tienen derecho a disponer de un asesor espiritual en sus últimos momentos de vida y, si es así, aclare qué está permitido.
“Que este caso ofrezca a la Corte la posibilidad de establecer un modelo de lo que es y lo que no es aceptable, no es una garantía de que lo vayan a hacer”, aseguró Dunham, cuyo grupo no se pronuncia sobre la pena capital pero sí ha criticado la forma en que los estados desarrollan las ejecuciones.
Si la Corte Suprema no proporciona una orientación clara, esta cuestión se planteará continuamente, aseveró Dunham.
Desde hace tiempo, Gutiérrez sostiene que no mató a Escolástica Harrison durante lo que, según los fiscales, fue un intento de robo de más de 600, 000 dólares que la anciana escondía en su casa.
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Sus abogados han solicitado pruebas de ADN que, según ellos, podrían apuntar al verdadero asesino.
Los fiscales han dicho que esa solicitud es una “artimaña” y que Gutiérrez fue condenado por varias pruebas, incluida una confesión.