Por Lawrence Hurley —NBC News
Era una escena oscura y caótica en el desierto de Arizona la noche en que Raymond Mattia, de 58 años, murió a causa de nueve heridas de bala después de que tres agentes de la Patrulla Fronteriza le dispararan docenas de balas.
Blandiendo linternas y pistolas, 10 agentes de la Patrulla Fronteriza respondían a una llamada de que se habían realizado disparos a aproximadamente una milla de la frontera entre Estados Unidos y México. Mientras caminaban entre zonas de cactus, Mattia estaba envuelto en la oscuridad a unos pasos de su casa sosteniendo algo en sus manos.
“Bájalo, bájalo”, gritó uno de los agentes, según las temblorosas imágenes de la cámara corporal del incidente.
Mattia obedeció y arrojó al suelo un machete envainado.
“Saca tus manos de tu maldito bolsillo”.
Mattia buscó a tientas el bolsillo de su chaqueta verde. Pareció arrojar un objeto a un lado.
Casi simultáneamente, tres agentes abrieron fuego. Menos de 30 segundos después de que los agentes hablaran con él por primera vez. Mattia cayó al suelo. Un teléfono móvil, no un arma de fuego, fue lo que sacó.
Su hermana Annette Mattia, de 61 años, estaba a pocos metros de distancia en su propia casa la noche del 18 de mayo. Cinco meses después, se atragantó con las lágrimas mientras estaba parada cerca del lugar donde yacía él.
“Aquí es donde vivía, y es tristeza y enojo porque no tenía por qué suceder en absoluto”, dijo. “Si hubieran hablado con él, las cosas habrían sido muy diferentes porque sabes que no era una amenaza”.
“No merecía morir así”, agregó su hija Yvonne Nevarez, de 43 años.
Ahora la familia quiere justicia.
“A mí me parece como si todavía hubiera asesinos dando vueltas por ahí. Quién sabe, podrían volver. ¿Quién sabe qué podrían hacerle a alguien más?", dijo Annette Mattia en entrevista fuera de su casa.
La familia, varios de los cuales viven en un complejo en Menagers Dam Village dentro de la Nación Tohono O’odham, cree que los agentes mataron a tiros despiadadamente a un hombre sin tener en cuenta sus derechos constitucionales. Pero los fiscales federales ya han dicho que no habrá cargos penales.
Los retos al presentar demandas
Un fallo reciente de la Corte Suprema significa que cualquier intento de demandar a los agentes individualmente por presuntas violaciones constitucionales está condenado al fracaso. El fallo de 2022 forma parte de una serie de casos que han diezmado la capacidad de las víctimas de presentar demandas, conocidas como reclamaciones Bivens, acusando a los agentes de la Patrulla Fronteriza de usar fuerza excesiva y otras violaciones constitucionales.
Si bien el desmantelamiento de Bivens por parte del tribunal ha repercutido en todo el gobierno federal, y ha afectado a casi todas las agencias, la Patrulla Fronteriza representa una gran fracción de las fuerzas del orden federales armadas.
NBC News descubrió que el fallo también ha hecho más difícil demandar a agentes de otras agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley, incluido el FBI, el Servicio de Alguaciles deEstados Unidos, la Administración de Control de Drogas y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
La geografía de la jurisdicción de la Patrulla Fronteriza presenta un conjunto singularmente espinoso de cuestiones legales.
El tribunal, en un caso llamado Egbert v. Boule que involucraba un reclamo contra un agente de la Patrulla Fronteriza, introdujo una nueva prueba legal que hace prácticamente imposible presentar una amplia gama de reclamos contra funcionarios federales.
Sin embargo, la familia Mattia no está sola.
A raíz del fallo, las demandas que alegan una amplia gama de violaciones constitucionales ahora se desestiman de forma rutinaria. Las personas maltratadas por funcionarios federales no tienen su día en los tribunales, sino que se les niega la oportunidad de averiguar si un jurado estaría de acuerdo en que se violaron sus derechos constitucionales.
El tribunal también ha hecho más difícil la demanda de funcionarios gubernamentales al fortalecer continuamente la defensa legal conocida como inmunidad calificada, un punto que provocó la ira directa de los manifestantes durante el auge del movimiento Black Lives Matter en 2020 tras el asesinato de George Floyd bajo custodia policial.
En los 12 meses posteriores a Egbert, los tribunales inferiores lo citaron 228 veces en una variedad de casos contra todo tipo de funcionarios federales, según una búsqueda de NBC News utilizando la base de datos legal LexisNexis. En 195 de esos casos, se desestimaron reclamos constitucionales.
Además, en el año posterior al fallo de Egbert, los jueces desestimaron más de una docena de demandas en las que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) —de la que forma parte la Patrulla Fronteriza, o agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— eran acusados de violar los derechos constitucionales.
Entre las 15 de las 16 reclamaciones desestimadas había:
- Migrantes afectados por la política de la administración Trump de separar a los niños de sus padres al detener a personas en la frontera.
- Un manifestante en Texas que afirmó que agentes de la Patrulla Fronteriza lo habían arrestado ilegalmente y habían usado fuerza excesiva empujándolo al suelo y golpeándolo.
- Un ciudadano mexicano de vacaciones en Nueva York que recibió un disparo en la mano y la cara por parte de un agente de ICE durante un incidente en el que se buscaba a otra persona.
- Un inmigrante mexicano que inicialmente huyó de los agentes de ICE pero se detuvo y, dice, levantó las manos antes de recibir un disparo en el brazo.
Incluso cuando un empleado federal del Departamento de Seguridad Nacional demandó a funcionarios del departamento por procesamiento malicioso después de haber sido acusado de falsificar documentos, un juez desestimó la demanda en parte basándose en que, en línea con Egbert, “regular la conducta de los agentes de inmigración de manera similar corre el riesgo de una intrusión judicial en la seguridad nacional”.
Algunos demandantes desistieron a la luz de la decisión de Egbert.
Abdulkadir Nur, un musulmán somalí-estadounidense, que dijo que era acosado por agentes de protección fronteriza en el aeropuerto cada vez que entraba al país, retiró su reclamo de Bivens después de que se emitiera el fallo.
“Como era de esperar, ha sido una pesadilla. Hemos tenido que desestimar voluntariamente los reclamos de Bivens en la mayoría de nuestros casos”, dijo Justin Sadowsky, abogado del brazo legal del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, que representa a Nur.
El mensaje a los agentes federales acusados de delitos es claro: no enfrentarán demandas por sus acciones.
Sin responsabilidad individual, los malhechores están protegidos y las prácticas inconstitucionales pueden normalizarse rápidamente entre agencias federales en expansión como la Patrulla Fronteriza, advierten los defensores de los derechos civiles.
La difícil situación que enfrenta la familia de Mattia pone de relieve cómo el fallo de la Corte Suprema afecta la frontera entre Estados Unidos y México, un área que muchos ya ven como un territorio sin ley donde no se respetan los derechos constitucionales.
“La opinión del tribunal en Egbert es inequívoca en que no hay ninguna acción por daños disponible contra ningún agente de la Patrulla Fronteriza por ningún motivo”, incluso por lo que le sucedió a Mattia, dijo Patrick Jaicomo, abogado del Instituto para la Justicia, de tendencia libertaria.
Los abogados de la familia Mattia planean presentar un reclamo de muerte por negligencia contra el gobierno federal, con un anuncio programado para el viernes, cuyos detalles se compartieron exclusivamente con NBC News.
Y aunque los abogados dicen que todavía no descartan por completo presentar una demanda alegando violaciones constitucionales contra los propios agentes, admiten que enfrentarían probabilidades extremadamente bajas.
“Hace que sea muy, muy difícil responsabilizar a los agentes individuales ante un jurado”, dijo el abogado Timothy Scott sobre el fallo de Egbert.
'Absolutamente inmunes’
Mattia gimió inmóvil en el suelo.
“Oye, no te muevas”, dijo un agente.
Los agentes lo esposaron y la sangre empapó su chaqueta.
“¿Dónde está el arma de fuego?” preguntó un agente.
Otro atendió sus heridas: “Sigue respirando, hermano”, le dijo a Mattia.
Los agentes encontraron a Mattia a las 21:39 horas. Fue declarado muerto a las 22:06 horas.
No está claro si los agentes buscaban a Mattia esa noche o si lo conocían antes. Su historia es complicada. Un informe de toxicología indicó que tenía alcohol, metanfetamina y oxicodona en su organismo en el momento de su muerte. Tenía antecedentes penales que incluían una condena por un delito sexual hace décadas.
Para Annette Mattia, enterarse del reciente fallo de la Corte Suprema se siente como un insulto añadido a la herida después de lo que le pasó a su hermano.
“Saben que se saldrán con la suya”, dijo. “No vamos a obtener justicia”.
La idea de demandar a funcionarios del gobierno por violaciones constitucionales no es nueva.
De hecho, la Ley de Derechos Civiles de 1871 aprobada después de la Guerra Civil permitió específicamente tales reclamos contra funcionarios estatales y locales.
Pero hubo una omisión flagrante. La ley no decía nada sobre los funcionarios federales.
Cien años después, en Bivens v. Six Unknown Named Agents, la Corte Suprema dictaminó que los funcionarios federales también podían ser demandados en términos similares. Estos se conocieron como reclamos Bivens en honor a Webster Bivens, quien presentó la demanda original solicitando daños y perjuicios cuando agentes federales allanaron su apartamento de Brooklyn, sin orden judicial, en busca de drogas.
Pero a lo largo de las décadas siguientes, el tribunal fue deshaciendo lentamente esa decisión.
En el reciente caso Egbert, el tribunal dictaminó por 6 votos a 3 que los agentes individuales de la Patrulla Fronteriza generalmente no pueden ser demandados por violaciones constitucionales.
El juez conservador Clarence Thomas, escribiendo en nombre de la mayoría, citó los riesgos de seguridad nacional como una razón para no permitir demandas contra agentes de la Patrulla Fronteriza. El tribunal dictaminó que el propietario de un bed and breakfast cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá en el estado de Washington no podía demandar a un agente por fuerza excesiva luego de un altercado en su propiedad.
Thomas dijo que el tribunal está “comparativamente mal preparado para decidir si es apropiado un recurso de indemnización contra cualquier agente de la Patrulla Fronteriza”.
El fallo provocó una feroz opinión disidente de la jueza liberal Sonia Sotomayor.
“A falta de intervención del Congreso, los agentes de la CBP ahora están absolutamente inmunizados de responsabilidad en cualquier acción de Bivens por daños y perjuicios, sin importar cuán atroz sea la mala conducta o la lesión resultante”, escribió.
Aunque el fallo no pretendía revocar directamente a Bivens, muchos expertos legales piensan que lo hizo en todo menos en el nombre, una opinión compartida por el juez conservador Neil Gorsuch. “Sólo daría el siguiente paso y reconocería explícitamente lo que el tribunal deja apenas implícito”, escribió en un voto concurrente. Sería justo para los futuros litigantes “no albergar ese tipo de falsas esperanzas”, añadió.
En teoría, las demandas que abordan una pequeña subsección de violaciones constitucionales previamente aprobadas por la Corte Suprema, como las demandas por fuerza excesiva contra agentes federales que realizan redadas sin orden judicial similares a la del caso Bivens original, aún podrían seguir adelante. Pero incluso esos casos están ahora en duda.
La decisión fue la segunda en dos años a favor de los agentes de la Patrulla Fronteriza. La primera fue Hernández v. Mesa en 2020, que concluyó que los reclamos de Bivens no podían presentarse por incidentes en los que los agentes disparaban a alguien al otro lado de la frontera.
La postura de la Corte Suprema sobre Bivens ha enfurecido a una alianza interideológica de abogados, con liberales y libertarios críticos de su voluntad de proteger a los funcionarios federales.
“Lo que la Corte Suprema ha estado haciendo con Bivens es esencialmente otorgar a los agentes federales inmunidad absoluta por violaciones constitucionales. Ese es el punto final hacia el que están avanzando”, dijo Athul Acharya, abogado de derechos civiles con sede en Portland.
Algunos miembros del Congreso han respaldado una legislación que permitiría presentar demandas constitucionales contra funcionarios federales.
El representante Hank Johnson, demócrata por Georgia, que copatrocinó la legislación para codificar Bivens, dijo en una entrevista que planea volver a presentar un proyecto de ley pronto.
“Es lógico que los funcionarios federales no deban estar exentos de rendir cuentas ante las mismas personas a las que sirven. Si es lo suficientemente bueno para los funcionarios estatales y locales, debería serlo también para los funcionarios federales”, señaló.
‘Una pesadilla’
Para quienes viven en la comunidad de la reserva desértica de Menagers Dam Village, un grupo de viviendas de un solo piso a dos horas y media en auto desde Tucson, el ritmo normal de vida se ve regularmente interrumpido por las circunstancias únicas de vivir a 15 minutos caminando de la frontera.
La Nación Tohono O’odham, que tiene alrededor de 28,000 miembros, se extiende a ambos lados de la frontera, con algunas tierras históricas del lado mexicano. El nombre de la tribu se traduce del idioma O’odham como “gente del desierto”.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza, a menudo el foco de quejas de los defensores de los derechos de los inmigrantes por tácticas de mano dura, viajan regularmente en camionetas y SUV, deteniendo a los lugareños para hacer preguntas. Desde las ventanas de sus salas de estar, los residentes pueden observar el final del viaje de 2,500 millas que realizan los migrantes para cruzar ilegalmente la frontera, a veces a altas horas de la noche mientras caminan por el pueblo.
Los miembros de la tribu, incluida la familia Mattia, tienen una relación mixta con los agentes, agradecidos por sus esfuerzos en la lucha contra el tráfico de personas y drogas, pero a veces molestos por la presencia constante de agentes federales en sus tierras.
“Son personas de ambos lados de la frontera las que están lidiando con la Patrulla Fronteriza y su falta de respeto por la gente, su falta de respeto por la vida”, dijo Yvonne Nevarez, hija de Annette Mattia.
Fue el departamento de policía de la tribu el que llamó a la Patrulla Fronteriza para que ayudara la noche del tiroteo, una decisión que la familia de Mattia también ha cuestionado. El operador transmitió un informe de disparos cerca de la casa de Mattia.
“El policía y los agentes se encontraron con un individuo afuera de una residencia que arrojó un objeto hacia los oficiales y abruptamente extendió su brazo derecho lejos de su cuerpo. Tres agentes dispararon sus armas de servicio y alcanzaron al individuo varias veces”, dijo un comunicado de la Patrulla Fronteriza sobre el tiroteo. Un portavoz se negó a hacer más comentarios.
La reducción de Bivens por parte de la Corte Suprema se produjo al mismo tiempo que el número de agentes federales encargados de hacer cumplir la ley aumentó dramáticamente, especialmente dentro del DHS, un departamento en expansión creado a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que incluye tanto a la CBP como a ICE.
En 2019, el Departamento de Justicia dijo que había alrededor de 132,000 agentes federales encargados de hacer cumplir la ley.
En 1992, había poco más de 4,000 agentes de la Patrulla Fronteriza, aproximadamente una quinta parte del número actual, según la agencia.
A pesar de ser una de las agencias de aplicación de la ley más grandes del país, “la Patrulla Fronteriza ha recibido un pase para violaciones constitucionales”, dijo Mitra Ebadolahi, ex abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles que ha trabajado en cuestiones fronterizas.
‘Pálido sustituto’
Annette Mattia vio a los agentes de la patrulla fronteriza avanzar hacia la casa de su hermano al lado de su propiedad. Ella lo llamó por teléfono y le dijo que se dirigían a su dirección, donde él se quedó afuera. Él le dijo que hablaría con ellos, relató.
“Luego colgué, y como dos segundos después, fue cuando escuché todos los disparos”, dijo en la entrevista frente a su casa, vestida con una camiseta roja con una imagen de su hermano.
Claramente frustrada por la imposibilidad de presentar demandas constitucionales contra los agentes, ella y otros miembros de la familia están buscando otras formas de buscar justicia.
Las opciones son limitadas.
Una ley llamada Ley Westfall impide que se presenten demandas similares ante los tribunales estatales. Otra ley, la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, permite ciertas reclamaciones contra el gobierno federal por la conducta de funcionarios, pero incluye importantes excepciones.
Se pueden presentar reclamos por acciones tomadas por las autoridades federales en virtud de la ley por cosas como agresión, encarcelamiento falso y procesamiento malicioso, pero los límites no incluyen daños punitivos ni juicio con jurado. Los demandantes demandan al gobierno federal, no al funcionario individual.
Los abogados de la familia Mattia perseguirán la indemnización por daños y perjuicios en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios.
“Es un pálido sustituto”, dijo el abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, Scott Michelman, refiriéndose a la ley. Representa a manifestantes en Washington, D.C., que demandaron a agentes federales que disolvieron agresivamente una protesta de 2020 frente a la Casa Blanca en Lafayette Square. Las reclamaciones de Bivens fueron desestimadas.
Incluso antes de los fallos recientes, era difícil para los demandantes presentar un caso ante un jurado, pero las reclamaciones podrían ayudar a impulsar un acuerdo. En 2017, por ejemplo, la familia de Anastasio Hernández-Rojas, un mexicano que murió después de una lucha violenta que involucró a agentes de la Patrulla Fronteriza, recibió 1 millón en un acuerdo. La demanda incluyó tanto actos de agravio como reclamos de Bivens.
Los abogados que representan a los agentes responden que ya existe responsabilidad: las personas pueden ser disciplinadas y perder sus empleos como resultado de investigaciones internas. Los agentes también pueden enfrentarse a cargos penales, aunque estos incidentes son extremadamente raros.
“Los veo como individuos. Ya sean inocentes o culpables, son seres humanos”, dijo Christopher Keeven, un abogado con sede en Washington que representa a agentes federales en los casos Bivens. “Tal vez simplemente tuvieron un mal día. Quizás no hicieron nada malo. ¿Debería castigar al individuo o castigar al gobierno?
‘Tristeza y rabia’
En una reciente mañana soleada en la reserva Tohono O’odham, no había ningún agente de la Patrulla Fronteriza a la vista mientras Annette Mattia y su hija Nevarez señalaban los agujeros de bala visibles en las paredes de madera de la casa de su hermano.
“Prohibido el paso”, decía un cartel colocado en el edificio.
La frontera, marcada sólo por estacas de metal clavadas en el desierto, está a aproximadamente una milla de distancia, apenas visible entre los cactus y los matorrales.
Su familia ha construido un monumento en el lugar donde murió Mattia, que incluye una sencilla cruz de madera, una pequeña estatua de la Virgen María y un letrero que dice “Justicia para Raymond Mattia”.
Mattia había trabajado en ocasiones como electricista y disfrutaba de diversas actividades artísticas, incluido el dibujo y la alfarería. Sirvió en el consejo tribal local y tuvo dos hijos mayores.
Visitar el sitio le trae recuerdos dolorosos a sus seres queridos, a quienes todavía les resulta difícil procesar lo sucedido.
“No estaba actuando de manera errática. No estaba tratando de correr. Él cumplió y le dispararon. Y mientras agonizaba, continuaron amenazándolo con dispararle”, dijo Nevarez.
La familia ha colocado una botella de agua frente al monumento para alimentarlo durante su viaje.
“Le dejamos el agua, ya sabes, a él”, dijo Annette Mattia. “En cierto sentido, siento que todavía está por aquí”.