Por Ken Dilanian — NBC News
El caso de la Fiscalía federal contra un antiguo agente de la Agencia de Inteligencia Central (CIA, en inglés) acusado de abusos sexuales a más de 20 mujeres incapacitadas en Ciudad de México corre el riesgo de derrumbarse debido a la forma en que los Departamentos de Justicia y de Estado ejecutaron una orden para incautarse de los teléfonos iPhone del oficial, según muestran los registros judiciales.
Una jueza federal escuchará los argumentos el jueves sobre si cerca de 600 fotos del acusado presuntamente abusando de sus víctimas deben ser desechadas, en un pleito que puede sentar jurisprudencia sobre e lo que constituye una búsqueda indebida en la era digital.
Brian Jeffrey Raymond lleva casi tres años detenido sin derecho a fianza en una cárcel de Washington D.C. Llegó a un acuerdo para declararse culpable de dos cargos de abuso sexual en julio de 2021, admitiendo ante el tribunal haberse aprovechado de mujeres que conoció dentro y fuera de Estados Unidos a través de sitios de citas, incluso mientras desempeñaba sus funciones clandestinas.
Pero el antiguo espía retiró su declaración el año pasado después de que los miembros de su equipo legal se dieran cuenta de que había problemas significativos con la forma en que se obtuvieron pruebas en el caso. Al permitirle cambiar su declaración de culpabilidad, la jueza dictaminó que uno de sus antiguos abogados defensores había sido incapaz de señalar importantes problemas sobre la forma en que los investigadores accedieron a los iPhones de Raymond.
La jueza dictaminó que los agentes podrían haber violado derechos de Raymond en virtud de la Cuarta Enmienda, que protege contra el registro y la incautación injustificados, y en virtud de la Quinta, que dice que una persona no puede ser obligada a declarar en su contra.
Esa misma jueza, Colleen Kollar-Kotelly, debe decidir ahora si acepta la petición de la defensa de suprimir casi todas las pruebas del caso. Si lo hace, podría socavar seriamente los cargos contra un hombre que Kollar-Kotelly describió como “un depredador sexual con los medios y el motivo para buscar mujeres desprevenidas en apps de citas, drogarlas, abusar de ellas y dejarlas sin la memoria o los medios para denunciar sus pervertidos planes a la policía".
Al denegar la fianza a Raymond, Kollar-Kotelly concluyó que “las pruebas de video y fotográficas” demuestran que el “acusado ha practicado violentamente un fetiche por las mujeres inconscientes drogando y agrediendo sexualmente a decenas de mujeres a lo largo de varios años”. Esas pruebas incluían las interacciones de Raymond con cientos de mujeres en sitios de citas, fotos de un Raymond sexualmente excitado manipulando los cuerpos de mujeres inconscientes, entrevistas con las víctimas y pruebas de que buscó repetidamente en Internet utilizando términos como “chica desmayada”, “alcohol y desmayo” y “sueño profundo”.
Como parte de su acuerdo para declararse culpable de dos cargos, el FBI dijo: “Raymond admitió haber mantenido relaciones sexuales con dos de las mujeres retratadas cuando ambas eran incapaces de apreciar la naturaleza de la conducta”. En el acuerdo de culpabilidad, el FBI dijo: “También admitió que, en el transcurso de 14 años, grabó y/o fotografió a mujeres inconscientes y desnudas o parcialmente desnudas y les tocó los pechos, las nalgas y/o los genitales mientras eran incapaces de dar su consentimiento”.
Sus abogados defensores han retirado ahora esa admisión y rebaten todos los cargos que se le imputan (con la declaración anulada, podría enfrentarse hasta a 25 cargos). Sus abogados también sostienen que todas las pruebas electrónicas deberían desestimarse.
Los letrados dicen que las fotos de mujeres en su teléfono se usaron para establecer la causa probable que llevó a la incautación de casi todas las demás pruebas clave en el caso de la cuenta de iCloud de Raymond, su ordenador portátil y otros dispositivos.
“Raymond solicita a la corte que haga lo que debe hacer en este caso: suprimir todas las pruebas que estén contaminadas", escribieron los abogados defensores en un escrito reciente.
En su dictamen, la juez se mostró de acuerdo en que “existen dudas viables sobre la forma en que se ejecutó la orden” y en que la actuación de los agentes fue “preocupante” debido a su “reconocida ineptitud tecnológica” y a su falta de planificación. Ahora tendrá que decidir si equivalen a violaciones constitucionales inadmisibles.
Los abogados de Raymond declinaron hacer comentarios, al igual que el Departamento de Justicia y de Estado, cuyos agentes del Servicio de Seguridad Diplomática, según el tribunal, actuaron de forma cuestionable al ejecutar la orden.
Los expertos jurídicos consultados por NBC News se mostraron divididos sobre la probabilidad de que la defensa prevalezca.
“La defensa planteó varias cuestiones interesantes y no frívolas sobre la constitucionalidad del registro”, dijo Chuck Rosenberg, colaborador de NBC News. “Al final —y puede que sólo sea mi parcialidad como exfiscal federal— me parece que el Gobierno tiene mejor argumento. El registro, aunque inusual en algunos aspectos, se llevó a cabo legalmente, y las pruebas incautadas deberían ser admisibles en última instancia”, concluyó.
Pero la abogada Nellie King, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Defensores Penalistas, tenía una opinión muy distinta de lo que calificó una orden de ejecución “fallida”.
"Los esfuerzos del Gobierno por retorcer e inventar una buena búsqueda a partir de las numerosas violaciones constitucionales cometidas en este caso carecen de credibilidad”, declaró a NBC News en un correo electrónico, añadiendo que las fuerzas del orden “traspasaron los límites constitucionales en sus numerosos y desesperados intentos de acceder a los datos telefónicos y en su celo por detener a Raymond”. Hay sobradas razones para que la corte suprima la prueba: el fin no justifica los medios, con independencia del tipo de caso o del alto valor del objetivo de la investigación”.
Agentes del Departamento de Estado obtuvieron una orden para incautar los teléfonos de Raymond tras un incidente en mayo de 2020 en su apartamento gubernamental en Ciudad de México, cuando se llamó a la policía después de que una mujer desnuda saliera a su balcón gritando pidiendo ayuda, según los registros.
Renunció a la CIA y viajó a Virginia, donde los agentes del Servicio de Seguridad Diplomática le entregaron en junio de 2020 una orden de registro de sus teléfonos. Momentos antes de que se los llevaran, les dijo que tenía fotos de mujeres desnudas , según los registros.
Pero los agentes tropezaron, según consta en las actas judiciales, en su aparente falta de comprensión de las capas de seguridad de los iPhones y el complejo cuerpo de leyes que rige la forma en que las fuerzas del orden deben tratar esas medidas de seguridad.
Los dos iPhones que Raymond poseía —uno personal y otro laboral— estaban bloqueados mediante cifrado y podían desbloquearse con un código de acceso o una huella dactilar. Como es habitual, la orden judicial permitía a los agentes obligar a Raymond a utilizar su dedo para desbloquear el teléfono. Pero los tribunales han sostenido que las fuerzas del orden no pueden obligar a un objetivo a revelar su código de acceso, porque eso violaría la prohibición de la Quinta Enmienda de la Constitución contra la autoincriminación.
Los agentes le quitaron los teléfonos a Raymond tras reunirse con él en el vestíbulo de su hotel, pero él los había apagado antes de entregárselos. Para acceder a ellos en ese momento era necesario el código de acceso, que los agentes no tenían. Volvieron al hotel una hora después, tras consultar con un fiscal del Departamento de Justicia, y le dijeron a Raymond que estaba obligado a usar su huella dactilar para abrir los teléfonos. Pero los agentes no consiguieron evitar que los teléfonos se bloquearan, por lo que volvieron una tercera vez a instancias del fiscal, y Raymond facilitó sus claves de acceso, lo que les permitió cambiar la configuración para poder seguir accediendo a ellos, según consta en los registros judiciales.
Los abogados defensores alegan que los agentes infringieron dos normas clave que hacen que el registro sea inconstitucional. En primer lugar, una orden judicial sólo permite un registro, salvo en circunstancias muy específicas. Dicen que una vez que los agentes se fueron con los teléfonos la primera vez, el registro ordenado por el tribunal había terminado y la orden ya no era válida.
Dos, los letrados dicen que los agentes acosaron a Raymond y le hicieron creer que estaba obligado a entregar su código de acceso.
“El [plan] de los agentes para ejecutar la orden demuestra que estaban condenados al fracaso porque no tenían un plan viable para mantener el acceso después de utilizar la biometría para abrir los teléfonos”, escribieron los abogados en los documentos judiciales.
“Lamentablemente, durante la incautación los agentes empeoraron las cosas al sugerir y permitir que Raymond apagara sus teléfonos, desactivando las funciones biométricas, que era su única esperanza de obtener acceso inicial obligado a los teléfonos. Por lo tanto, necesitaban códigos PIN y, con el tiempo, contraseñas, para obtener y mantener el acceso a los teléfonos. Sin embargo, Raymond pidió un abogado y se negó a facilitar dichos códigos y contraseñas. Frustrados por la legítima negativa de Raymond a facilitar los códigos, los agentes, actuando siguiendo el consejo de los fiscales, requisaron ilegal e irrazonablemente a Raymond y sus teléfonos dos veces más hasta que lograron el acceso total”, sostuvieron.
Todos los encuentros entre Raymond y los agentes fueron grabados. La defensa señala que los agentes “pidieron o sugirieron directamente a Raymond que les diera sus códigos de acceso y contraseñas al menos 27 veces. Ante su insistencia, Raymond finalmente cedió e introdujo su código PIN y su contraseña de Apple para que los agentes pudieran restablecer los códigos y establecer un acceso permanente a los teléfonos. Cabe destacar que, aunque los agentes declararon que era voluntario, no utilizaron un formulario de consentimiento de código PIN estándar para informar a Raymond de sus derechos o dejar constancia del consentimiento.”
En su respuesta, el Departamento de Justicia insiste en que la ejecución de la orden fue legal. “No hubo violación de la Cuarta Enmienda”, dicen los fiscales en los documentos judiciales, y añaden que “volver a intervenir al acusado para utilizar datos biométricos no fue una segunda o tercera incautación del teléfono, sino una continuación razonable de la incautación original”.
Añaden que no hubo violación de la Quinta Enmienda “porque el acto de introducir las contraseñas en los teléfonos no fue una declaración autoincriminatoria obligada a las fuerzas del orden. Además, el acusado no estaba detenido y no fue coaccionado para proporcionar su código de acceso.”
Por último, añaden, los investigadores “habrían podido descubrir inevitablemente las pruebas que había en los teléfonos y, por separado, el Gobierno habría descubierto inevitablemente los cientos de fotografías y videos localizados en otros dispositivos y plataformas de almacenamiento del acusado”.
Pero incluso si la jueza no está de acuerdo con todo eso, dicen los fiscales, los errores del Gobierno pueden pasarse por alto debido a la excepción de “buena fe”. Dicen que no había nada malo con la causa probable utilizada para obtener la orden y ninguna acusación de que los agentes actuaron maliciosamente, por lo que los errores que se cometieron no tenían sentido.
La defensa respondió: “La excepción de buena fe no se aplica a la ejecución ilegal de una orden por lo demás válida. [...] La Corte Suprema nunca ha aplicado la excepción de buena fe para excusar a un agente que fue negligente y su negligencia condujo directamente a la violación de los derechos constitucionales del acusado”.
El Gobierno dio el inusual paso de reconocer la afiliación de Raymond a la CIA en una solicitud de información de 2021 formulada por el FBI.
“Raymond trabajó previamente durante muchos años en la CIA”, dice el documento, “rn Estados Unidos y a nivel internacional, Raymond conoció a muchas de sus víctimas en diversas apps de citas. Habla tanto español como chino mandarín”.
Raymond es el segundo oficial de casos de la CIA en la memoria reciente en ser acusado de abusar de mujeres incapacitadas mientras estaba en una misión en el extranjero. En 2011, un exespía de la CIA fue condenado a cinco años y medio por drogar y abusar sexualmente de una mujer argelina cuando era jefe de operaciones de la agencia en ese país. Se había declarado culpable tras ser acusado de violar al menos a dos mujeres.