Por Suzanne Gamboa - NBC News
El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, fue duramente criticado el lunes por referirse a las víctimas del tiroteo en una ciudad al noreste de Houston que dejó cinco hondureños muertos como "inmigrantes ilegales".
Abbott anunció en la red social Twitter una recompensa de 50,000 dólares por información que lleve a la detención de Francisco Oropesa, de 38 años, a quien las autoridades consideran responsable de la muerte de cinco vecinos, entre ellos un niño de 9 años, en Cleveland, la noche del viernes, usando un rifle AR-15.
El gobernador especificó que la recompensa es para localizar a un fugitivo "que está en el país ilegalmente y mató a cinco inmigrantes ilegales".
Oropesa había entrado a Estados Unidos de manera irregular y había sido deportado al menos cuatro veces, según confirmaron a Noticias Telemundo fuentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Las palabras de Abbott fueron inmediatamente condenadas, apuntando que su objetivo es "deshumanizar" a las víctimas. Algunos usuarios defendieron además que una de las mujeres que perdió la vida en la balacera era residente permanente en Estados Unidos.
La víctima más joven es Daniel Enrique Laso, que las autoridades dijeron originalmente que tenía 8 años, pero NBC News confirmó posteriormente que tenía 9. Las otras cuatro fueron identificadas por la policía como Sonia Argentina Guzmán, de 25 años; Diana Velázquez Alvarado, de 21 años; Julisa Molina Rivera, de 31 años; y José Jonathan Casarez, de 18 años.
“Está por debajo de la dignidad del gobernador impugnar a las víctimas de un tiroteo masivo sobre su estatus legal”, lamentó Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. “Todas las víctimas son latinas y también lo es el presunto autor de los disparos. Esta es una tragedia que implica otro asesinato en serie y un arma de guerra que se utilizó en la matanza. Esa es la cuestión, no el estatus legal de las víctimas”, señaló.
Maritza Wong, voluntaria en Texas de Moms Demand Action, un grupo que aboga por leyes sobre armas más estrictas, manifestó: “La primera declaración que sale de la boca de Greg Abbott es convertir esta tragedia en un silbato para perros. Mientras tanto nuestro gobernador se niega a hacer los cambios más básicos a las leyes sobre armas de Texas que harían a nuestras familias más seguras y cada día que lo hace está renunciando a la seguridad pública".
Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva del grupo de defensa de los inmigrantes America’s Voice, dijo en un correo electrónico enviado a NBC News que “lo único que debería importarle al gobernador” es que se trató de “otro tiroteo masivo en el que murieron personas inocentes” que vivían en Texas.
ICE informó que, además de hacer sido expulsado varias veces del país, Oropesa también había sido condenado en el condado de Montgomery (Texas), por conducir en estado de embriaguez en enero de 2012 y sentenciado a cumplir un tiempo en la cárcel.
Las autoridades de Texas confirmaron que todas las víctimas eran hondureñas, pero no revelaron si eran ciudadanos estadounidenses o residentes legales, tenían estatus de protección temporal o alguna visa, o se encontraban en el país de forma irregular. El FBI y el Departamento de Seguridad Pública del estado no respondieron a las peticiones de registros o datos para verificar la descripción de las víctimas hecha por el gobernador.
La Ley de Privacidad exige que la información de los residentes legales permanentes esté protegida contra la divulgación no autorizada y prevé sanciones civiles y penales en caso de infracción.
Para David Leopold, asesor jurídico de America’s Voice, afirmar que las víctimas del tiroteo eran indocumentadas es una especulación, a menos que se sepa que un juez ordenó su expulsión del país o que se habían ofrecido voluntariamente a marcharse. Incluso si eran migrantes sin documentos legales para estar en Estados Unidos, podían tener algún tipo de permiso para permanecer en el país, recordó Leopold.
Este tiroteo se suma a las balaceras ocurridas bajo el Gobierno de Abbott, incluyendo la masacre en una escuela de Uvalde el 24 de mayo del año pasado, en la que 19 niños de primaria y dos maestras fueron asesinados.
[El presunto asesino de cinco latinos en Texas “podría estar en cualquier parte”, según la policía]
Los padres de las víctimas de ese tiroteo han suplicado a los legisladores estatales que envíen al gobernador un proyecto de ley que elevaría de 18 a 21 años la edad mínima para comprar ciertos rifles de asalto, con algunas excepciones. Los agentes que estuvieron en Uvalde alegan que la potencia del arma usada en la masacre fue parte de la razón por la que tardaron 77 minutos en entrar en el centro y detener al tirador.
Abbott ha invertido más de 4,000 millones de dólares y la Asamblea Legislativa está aportando millones más en un proyecto de seguridad fronteriza en el que ha utilizado tropas estatales, la Guardia Nacional, prisiones estatales y leyes estatales de allanamiento, en un programa de control de la inmigración operado por el estado y conocido como Operación Lone Star.
Las detenciones de personas que cruzan la frontera desde México han aumentado en los últimos tiempos. Muchas se entregan y piden asilo. Con la vuelta del buen tiempo y el fin del Título 42 el próximo 11 de mato, las autoridades prevén un aumento récord de las llegadas de migrantes.