Por Marina E. Franco y Diana Baptista
CIUDAD DE MÉXICO.- El militar de mayor rango de un país, que estuvo a cargo de las fuerzas armadas y de todas sus operaciones de defensa militar, ahora está arrestado y acusado de corrupción y narcotráfico... por la justicia de otro país.
México se enfrenta a esta situación después de la detención por primera vez en la historia de un secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, arrestado el pasado jueves en California apenas meses después de otro funcionario mexicano de alto nivel que estuvo a cargo de combatir a narcotraficantes y ahora está acusado de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa.
Cienfuegos, quien estuvo en ese puesto durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) pero que también tuvo posiciones destacadas en el Ejército durante la administración previa de Felipe Calderón (2006-2012), está imputado en Estados Unidos por participar en actividades de narcotráfico, de promover a grupos del narcotráfico e incluso de reclutar a otros funcionarios públicos para que cobraran sobornos del narcotráfico a cambio de proteger a delincuentes.
Durante una audiencia este martes su defensa intentó pedir una fianza de 750,00 dólares (más de 15 millones de pesos y el supuesto equivalente de todos los bienes de Cienfuegos).
"Es un dedicado general mexicano que sirvió a su país de forma honorable por un par de años”, intentó argumentar Duane Lyons, el defensor del mexicano; el abogado también mencionó que Cienfuegos, al tener más de 75 años, está en riesgo de contraer COVID-19 si permanece en prisión.
En una carta enviada por Seth DuCharme, abogado interino de Estados Unidos, a la corte del Distrito Este de Nueva York, se argumenta que existe un gran riesgo de que Cienfuegos huya a México si es puesto en libertad, donde aprovecharía sus presuntos contactos con miembros del cártel H-2 y oficiales mexicanos corruptos para permanecer escondido.
En la audiencia, el fiscal Ben Balding agregó que Cienfuegos tiene un gran incentivo para huir, ya que, en caso de ser sentenciado, enfrentaría condenas de 10 años de prisión a cadena perpetua.
El juez Alexander MacKinnon, del Distrito Central de California, coincidió con los argumentos del gobierno de Estados Unidos, y negó la fianza. Aseguró que un hombre con los cargos que enfrenta el general preferiría perder 750,000 dólares a enfrentar una cadena perpetua.
“Es una inferencia razonable que alguien que ha estado en México durante toda su vida haya hecho muchos contactos y asociaciones relevantes para escapar”, dijo MacKinnon. “Es una persona, obviamente, con poder y privilegio”.
Aunque Cienfuegos escapara a México y fuera aprehendido, el proceso de extradición sería complicado y tardado, añadió el juez.
El ex Secretario permanecerá detenido en Los Ángeles y será trasladado a Nueva York después del viernes a petición de su abogado, ya que un miembro de su defensa espera reunirse con él en la ciudad californiana.
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El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, apodado AMLO, enfatizó que los casos contra Cienfuegos y García Luna son “una muestra inequívoca” de cómo “se fue degradando la función pública” en años recientes. Sin embargo, él mismo está apostando una buena parte de las funciones de su Gobierno en las Fuerzas Armadas, dándole continuidad a políticas de seguridad tanto de Calderón como de Peña Nieto, que fueron cuestionadas por, entre otras cosas, los índices de homicidio récord resultantes.
Es preocupante que AMLO recurra a militares para el resguardo de la seguridad cuando queda claro que hasta las cabezas del aparato militar y policial son corruptibles hasta el punto de que el aparato mismo merece ser revisado, opinan algunos especialistas.
Además,el exsecretario de Defensa ni siquiera estaba siendo investigado en México, según AMLO: las denuncias sobre sus presuntos vínculos con narcotraficantes salieron a la luz por investigaciones de autoridades estadounidenses, al igual que sucedió con el también exministro Genaro García Luna,
El actual Gobierno mexicano incluso pareció incluso tomado por sorpresa por el arresto de Cienfuegos, posible señal de que desde Estados Unidos se desconfía en la clase política tras enjuiciar allí varios casos de corrupción recientes.
“El que ni siquiera hubiera una carpeta de investigación abierta en México es increíble. Que el Gobierno de Estados Unidos sea el que toma esta acción muestra la debilidad de nuestras instituciones, lo politizadas que están y los pactos de impunidad que existen en México”, indica Catalina Pérez Correa, politóloga mexicana especializada en seguridad.
México a oscuras mientras la DEA lo veía en televisión
El Gobierno de López Obrador sugirió el lunes que se solicitará a la Fiscalía estadounidense acceso a la evidencia para intentar también armar un caso en México si hubo “operaciones de complicidad”.
“La sorpresa de estas acusaciones no es tanto por lo que se acusa”, dice Pérez Correa, en referencia a las sospechas desde hace décadas de que hay colusión entre las Fuerzas Armadas y la delincuencia organizada, “la sorpresa es que sí surgen con una persecución penal”.
De hecho, la acusación formal contra Cienfuegos indica que las autoridades estadounidenses sospechaban de él desde por lo menos 2015, y aún así siguieron trabajando a su lado como parte de la cooperación bilateral antinarcóticos de la Iniciativa Mérida (el general incluso recibió un premio del Departamento de Defensa en 2018).
En algún momento, según los documentos contra Cienfuegos, este supuestamente avisó al cártel H-2 de que alguien era un informante, y esa persona fue asesinada, pese a que resultó no haber colaborado con las autoridades antinarcóticos.
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El caso de Cienfuegos es resultado de la labor de agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) que estaban en busca de ‘El Padrino’, figura que era mencionado en conversaciones interceptadas, y de las operaciones de una fiscalía de Nueva York que ha ido desentrañando con toneladas de evidencia las extensas redes de varios mexicanos que ha enjuiciado.
En una conversación interceptada, los narcos “dijeron: ‘Mira, El Padrino está en televisión’. Entonces la DEA rastreó los canales y ¿quién estaba en televisión? El general Cienfuegos”, contó Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, a Noticias Telemundo.
Todo sucedió, además, sin que el Gobierno mexicano supiera: ha reconocido que no conocía bien de la imputación del general en Nueva York, que estaba abierta desde finales de 2019, ni sobre los planes de arrestarlo, una aparente señal de desconfianza por parte de los investigadores estadounidenses para un tema que en teoría se pretende combatir con colaboración bilateral. López Obrador criticó en días pasados que la DEA actúe con “intromisión” y que “sacan información” sin darla a conocer a las autoridades de México.
“No creo que nadie en el aparato de seguridad estadounidense esté cómodo con el sistema penal mexicano, ya sea federal o estatal. Y con casos así, ¿cómo culparnos?”, señaló el exagente de la DEA Michael Braun, ahora consultor privado.
El abismo: de sospechas a cargos penales
En México, el sistema de justicia lleva años languideciendo por falta de recursos y de capacitación, lo que ha agravado la impunidad hasta el 98%: es decir, solo 2% de los delitos reportados son resueltos o terminan en condena, y 9 de cada 10 crímenes ni siquiera son registrados ante fiscalías por desconfianza en las autoridades, según estudios de Transparencia Internacional y estadísticas oficiales.
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Así que en los últimos años la mayoría de las investigaciones contra mexicanos que han cometido desfalcos, lavado de dinero, otros actos corruptos o narcotráfico desde posiciones de poder político se han desarrollado en Estados Unidos.
Es en ese país donde han sido o están siendo enjuiciados exgobernadores como el de Tamaulipas Tomás Yarrington, sospechoso de lavar dinero del crimen organizado; o fiscales como Edgar Veytia, quien trabajaba en Nayarit y fue condenado por colaborar con la célula H-2 del cártel de los Beltrán Leyva, el mismo con el que supuestamente trabajó Cienfuegos.
También están abiertos en Nueva York procesos contra el exministro de Seguridad Pública Genaro García Luna y dos de sus colaboradores en la policía mexicana, Ramón Pequeño y Luis Cárdenas Palomino, que supuestamente protegieron al Cártel de Sinaloa.
Sin mencionar los juicios a narcotraficantes mexicanos como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán (que en México logró escaparse dos veces de prisión y ahora está en una celda de supermáxima seguridad en Colorado), de Édgar ‘La Barbie’ Valdez o de Vicente Zambada Niebla, alias ‘Vicentillo’.
Eso no significa que en México no existan sospechas de actos corruptos e ilegales por parte de funcionarios públicos. La diferencia es que el poco desarrollo de las fiscalías y las policías para investigar significa que se quedan en señalamientos, no en acusaciones penales o en sentencias.
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“Es el problema de tener instituciones de procuración de justicia débiles: lo único que nos queda a veces es la sospecha”, indica la analista Lilian Chapa Koloffon, experta en temas de seguridad pública. “En México vivimos así con una incertidumbre muy grande en torno a quién es culpable y quién es inocente”, agrega.
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Chapa Koloffon lamenta que “muchas cosas se les están escapando” a fiscalías por falta de capacitaciones y poco desarrollo de la investigación criminal, tal que “los grandes temas de combate a la corrupción, en sus diversas manifestaciones, no quedan ante nuestros tribunales”, señala.
Chapa Koloffon opina que “todo esto debiera prender focos rojos” sobre la necesidad de exigir cambios al sistema penal, sin los cuales “será difícil hablar de una transformación real” como la que promete López Obrador con la 4T o cuarta transformación del país.
García Luna ya había sido reportado en México sin que eso resultara en un caso penal. Cuando Cienfuegos dirigía las Fuerzas Armadas, los militares a su mando estuvieron implicados en casos graves de masacres y de desaparición forzada, además de que por un tiempo su oficina fue investigada pues el órgano auditor federal encontró contratos y compras a sobreprecio. Pero eso no resultó en acusaciones formales.
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Así, algunos especialistas recriminan que todos estos temas se estén tratando del otro lado de la frontera en vez de en casa.
“Es importante señalar que [en Estados Unidos] no lo van a investigar por las múltiples violaciones a los derechos humanos que fueron documentadas aquí durante el sexenio [de Peña Nieto]”, indica Pérez Correa sobre Cienfuegos.
“Entonces”, añade, “encima de todo, pareciera que las violaciones masivas y graves no se toman como relevantes y hay absoluta impunidad” cuando suceden en territorio mexicano.