Oklahoma reactivó la pena de muerte este jueves, tras seis años sin ejecutar a un prisionero, aplicando la inyección letal a John Marion Grant, un reo de 60 años que convulsionó y vomitó antes de fallecer, renovando así las dudas y las críticas sobre un procedimiento que debería ser indoloro.
Las ejecuciones en este estado se paralizaron en 2015 luego de una serie de errores al aplicar la inyección letal. Grant se había opuesto al procedimiento precisamente porque temía que le provocara un “dolor insoportable”, pero sus alegatos no prosperaron ante la justicia.
El caso de Grant, condenado por asesinar a un trabajador de la prisión en 1998, llegó ante la Corte Suprema, que autorizó el jueves su ejecución y la de otro prisionero, Julius Jones, de 41 años, sentenciado por asesinar durante un robo a un hombre en 1999 delante de su hermana y sus hijas.
Horas después de la decisión judicial, el mismo jueves, Grant recibió la inyección letal. El prisionero, que estaba atado a una camilla, convulsionó y vomitó mientras se le administraba el primer producto químico, el sedante midazolam, que debía prepararlo para luego recibir el veneno letal, según informó The Associated Press.
El cuerpo de Grant, de 60 años, se agitó y se sacudió casi dos docenas de veces antes de empezar a vomitar sobre la camilla, contó en una conferencia de prensa el periodista Sean Murphy, quien observó la ejecución en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester.
Tras varios minutos, los encargados del protocolo le limpiaron la cara y el cuello. La segunda y tercera droga del cóctel letal fueron aplicadas un minuto después de que se desvaneciera.
El Departamento Correccional de Oklahoma consideró que esta ejecución se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos y “sin complicaciones”, según informó en un comunicado.
A Grant se le habían denegado sus pedidos de clemencia en dos ocasiones. Estaba acusado de apuñalar 16 veces a Gay Carter, de 58 años, con una navaja casera en el centro penitenciario, donde cumplía una condena de 130 años por varios robos a mano armada.
El otro preso, Julius Jones, tiene fecha de ejecución para el 18 de noviembre. Aunque aún está pendiente una audiencia de clemencia prevista para el martes ante la Junta de Perdón y Libertad Condicional de Oklahoma, según el diario The Washington Post.
El miedo a un dolor insoportable
La Corte Suprema permitió que se aplicara la pena de muerte al levantar una suspensión a la ejecución de los dos condenados que había emitido un tribunal federal de apelación.
Los dos reclusos habían argumentado que el protocolo de inyección letal del estado, que utiliza tres productos químicos podría someterlos a un dolor insoportable, según el diario The New York Times.
Además, se habían negado por motivos religiosos a un requisito impuesto por un juez de primera instancia de que eligieran un método alternativo de ejecución, alegando que eso equivaldría a un suicidio.
La Corte Suprema se ha mostrado por lo general escéptica ante las impugnaciones contra la inyección letal y exige a los reclusos que demuestren que estarían sometidos a “un riesgo sustancial de dolor intenso”. Además, deben proponer otro modo para morir.
“Un prisionero debe mostrar un método alternativo de ejecución factible y de fácil implementación que reduciría significativamente un riesgo sustancial de dolor severo y que el Estado se ha negado a adoptar sin una razón penal legítima”, escribió el juez Gorsuch en 2019, resumiendo decisiones anteriores.
Un historial de ejecuciones con problemas
Oklahoma tiene un historial de ejecuciones con errores que han generado repudio. En 2014, un preso llamado Clayton D. Lockett pareció gemir y forcejear durante una ejecución que duró 43 minutos. Los médicos concluyeron que no había sido completamente sedado.
En 2015, Charles F. Warner fue sometido a una ejecución de 18 minutos en la que los funcionarios utilizaron por error el medicamento equivocado para detener su corazón. Ese mismo año, Richard E. Glossip, un preso condenado a muerte que impugnó la constitucionalidad del protocolo de inyección letal de Oklahoma ante la Corte Suprema, obtuvo una suspensión de su ejecución después de que el proveedor estatal de fármacos enviara a los funcionarios de prisiones el medicamento equivocado.
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