Un juez negó este martes la solicitud de una nueva sentencia para una mujer que se declaró culpable en 2013 del homicidio en primer grado de su hijo de 8 años en Palmdale, California, quien fue sometido a torturas brutales por meses hasta el día de su muerte.
Pearl Fernández, de 37 años, fue sentenciada hace tres años a cadena perpetua sin la posibilidad de salir en libertad condicional, pero el 1 de abril apeló el veredicto del juez alegando que nuevas leyes en el estado impedían que fuese condenada por homicidio en primer y segundo grado.
El juez de la Corte Superior de Los Ángeles, George G. Lomeli, dijo que después de revisar de manera cuidadosa la petición de Fernández para una nueva sentencia concluyó que ella no tenía ese derecho debido a la naturaleza de su crimen.
"Se ha establecido por su propia admisión durante su declaración de culpabilidad que el asesinato fue intencional e implicó la imposición de tortura durante un período de varios meses...", declaró Lomeli, señalando que el expediente apoya la teoría de que Fernández era un "importante participante en el asesinato de una víctima infantil".
Gabriel Fernández falleció en mayo de 2013 a los 8 años, víctima de su propia madre y su novio. La pareja lo golpeaba, llegó a dispararle con un rifle de perdigones, lo obligaban a comer excremento de gato y lo forzaban a dormir amarrado dentro de un clóset, entre una larga lista de abusos que los fiscales denunciaron.
El novio de Fernández, Isauro Aguirre, de 40 años, fue sentenciado a la pena de muerte por recomendación de un jurado. Su apelación de rutina a la Corte Suprema de California todavía está pendiente.
“Sin duda es el caso de tortura más grave y atroz que este tribunal haya presenciado”, dijo Lomeli en 2018. “Uno podría decir que fue animal, pero incluso los animales saben cómo cuidar a sus crías… está más allá de lo animal”, enfatizó.
Según la fiscalía, Aguirre odiaba al niño porque creía que era gay.
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El caso causó gran indignación y arrojó luz sobre las fallas en el sistema de protección de la niñez. Durante los argumentos, salió a relucir que tanto los trabajadores sociales como sus supervisores habían contactado a la familia múltiples veces, pero fallaron en proteger al menor.
Las trabajadoras Stefanie Rodríguez, Patricia Clement, y sus supervisores Kevin Bom y Gregory Merritt fueron acusados cada uno de un delito grave de abuso infantil y de un delito grave de falsificación de registros públicos en 2016.
Sin embargo, la Corte Superior del condado de Los Ángeles retiró los cargos contra los empleados del Departamento de Niños y Familias en 2020, tras la determinación de una corte de apelaciones.
Gabriel fue hallado sin vida en la casa donde vivía con su madre y con Aguirre, luego de que personal del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles acudiera por un reporte de que el niño no estaba respirando.
Más tarde en el hospital le decretaron muerte cerebral y dos días después fue desconectado de los aparatos que lo mantenían con vida.
El reporte forense indicó que había quemaduras en todo su cuerpo, una fractura en el cráneo y también presentaba costillas rotas.
Aunque Fernández y Aguirre se acusaron el uno al otro en el juicio por los abusos que había sufrido Gabriel, la fiscalía afirmó que los dos habían sido igualmente responsables. Algo que el juez terminó por determinar.
Con información de NBC 4.