Por Erik Ortiz - NBC News
Una joven de 19 años de Missouri no podrá estar presente en la ejecución de su padre, luego de que un juez dictaminara el viernes que es constitucional una ley estatal que le prohíbe presenciar la pena de muerte debido a su edad.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) había presentado una demanda esta semana en nombre de Khorry Ramey solicitando a un tribunal federal que le permita asistir a la ejecución prevista de su padre el martes.
Kevin Johnson, de 37 años, ha estado en prisión desde que Ramey tenía 2 años por el asesinato en 2005 de William McEntee, un oficial de policía en Kirkwood, Missouri.
“Estoy desconsolada porque no podré estar con mi padre en sus últimos momentos“, dijo Ramey en un comunicado, y agregó que su padre “ha trabajado muy duro para rehabilitarse en prisión. Rezo para que [el gobernador Mike] Parson le dé clemencia a mi papá”.
Johnson tenía 19 años en el momento del crimen, un paralelo que no pasa desapercibido para quienes lo apoyan.
“Es irónico que Kevin tenía 19 años cuando cometió este crimen, y todavía se quiere seguir adelante con esta ejecución, pero no permitirán que su hija, que tiene 19 en este momento, entre porque es demasiado joven”, dijo el abogado de Johnson, Shawn Nolan, en una conferencia de prensa el viernes.
Johnson había pedido que su hija fuera testigo de su muerte, junto con un asesor espiritual, un hermano mayor y el director de su escuela primaria, dijo Michelle Smith, codirectora de Missourians for Alternatives to the Death Penalty (organización que aboga por alternativas a la pena de muerte).
Pero la ley de Missouri dice que ninguna persona menor de 21 años puede presenciar una ejecución. En su presentación, ACLU argumentó que el estatuto viola los derechos constitucionales de Ramey al “señalar a adultos menores de 21 años... sin ninguna relación racional con un interés gubernamental o a nivel penal legítimo”.
El juez federal de distrito Brian Wimes dijo en su fallo que Ramey no demostró que la ley fuera “inconstitucional” y que sigue siendo “de interés público permitir que los estados hagan cumplir sus leyes y administren las prisiones estatales sin intervención judicial”.
En una conferencia de prensa antes del fallo del juez, Ramey dijo en un comunicado que quiere ser testigo de la ejecución como parte del proceso de duelo y para “tranquilidad”.
“Soy el pariente vivo más cercano de mi padre y él es el mío, además de mi hijo pequeño”, dijo Ramey. “Si mi papá se estuviera muriendo en el hospital, me quedaría a su lado y tomaría su mano, orando hasta su muerte", agregó.
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A pesar del encarcelamiento de su padre, se han mantenido unidos, dijo Ramey. Ella lo ha llamado cada semana, lo ha visitado en prisión y dice que él la ha motivado a continuar estudiando. Ella ahora trabaja como auxiliar de enfermería y en septiembre dio a luz a su primer hijo, Kiaus. Ella dijo que recientemente viajó al Centro Correccional de Potosi en Missouri e hizo que Kiaus conociera a su padre.
“Fue un momento hermoso pero agridulce para mí porque me di cuenta de que podría ser la única vez que mi padre podría abrazar a [su] nieto”, dijo Ramey.
Corene Kendrick, abogado de Ramey y subdirector del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, dijo que las circunstancias de la edad de una persona que impiden su capacidad para ver una ejecución es un problema que rara vez surge. Además de Missouri, solo Nevada tiene un límite de edad de 21 años, agregó, mientras que el Gobierno federal y todos los demás estados no tienen restricción de edad o un requisito de al menos 18 años.
La Oficina del Fiscal General de Missouri había argumentado que la ley estatal actual es “racional” porque “evita que los adolescentes sean testigos de la muerte”, al tiempo que “preserva la solemnidad de la ejecución” y “garantiza que los testigos puedan dar versiones confiables de la ejecución”.
Los fiscales estatales no comentaron de inmediato sobre el fallo del juez.
McEntee, esposo y padre de tres hijos, fue uno de los policías enviados a la casa de Johnson para cumplir una orden de arresto en julio de 2005. Johnson estaba en libertad condicional por agredir a su novia y la policía creía que había violado esta libertad condicional.
Johnson vio llegar a los agentes y despertó a su hermano de 12 años, Joseph Bam Bam Long, que corría al lado de la casa de su abuela. Una vez allí, el niño, que sufría de un defecto cardíaco congénito, colapsó y comenzó a tener convulsiones.
Johnson testificó en el juicio que McEntee impidió que su madre entrara a la casa para ayudar a su hermano, quien murió poco tiempo después en un hospital.
Más tarde esa noche, McEntee regresó al vecindario para verificar reportes de que había disparos de fuegos artificiales. Fue entonces cuando se encontró con Johnson.
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Johnson sacó un arma y le disparó al oficial. Luego se acercó al oficial herido que estaba arrodillado y le disparó nuevamente, matándolo, dijeron los fiscales.
El destino de Johnson sigue sin estar claro después de que un fiscal especial, Edward Keenan, presentara una moción pidiendo que se detuviera su ejecución. En la presentación, Keenan dice que hay evidencia de que la “discriminación racial inconstitucional” jugó un papel en el juicio de Johnson en 2007.
Una audiencia está programada para el lunes por la tarde.
Sin embargo, la Oficina del Fiscal General de Missouri cree que la ejecución de Johnson debe continuar y que “las víctimas sobrevivientes de los crímenes de Johnson han esperado suficiente tiempo por la justicia”.
Si Johnson es ejecutado el martes, sería la quinta ejecución por parte de un estado este mes en el mes más activo hasta ahora para la pena capital en los Estados Unidos en 2022.
Una decisión reciente de la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, de pausar las ejecuciones en su estado después de una tercera inyección letal fallida sin precedentes, impide que este mes sea el más activo en cuanto a ejecuciones en todo el país en varios años.