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México registra al menos 800 casos de tortura y un 94.8% de impunidad

Dos investigaciones alertan sobre las carencias del sistema judicial del país y el auge de la violencia de los grupos del crimen organizado contra la población y las personas migrantes que transitan por el país.

Los cadáveres de tres personas, descuartizadas y calcinadas, fueron encontrados en unas bolsas en Abasolo, Guanajuato, el 2 de septiembre. Tres días después, asesinaron a una mujer transexual en el mismo estado y también se encontró el cadáver de un hombre, quemado y torturado, que colgaba de un árbol en Coacalco, estado de México.

El 7 de septiembre rescataron a 341 personas migrantes que estaba secuestradas en Aguascalientes, el 19 mataron a toda una familia en Chihuahua y, ese mismo día, detonaron un paquete explosivo en Salamanca, Guanajuato, ocasionando la muerte de dos hombres.

La lista de sucesos, cruenta y sangrienta, parece interminable pero solo es una muestra de los 438 hechos de extrema violencia que la organización no gubernamental Causa en Común registró en septiembre que, hasta ahora, ha sido el mes con más víctimas del año con al menos 1,490.

Los investigadores calculan que el auge de la violencia ha dejado unas 6,314 víctimas en los primeros siete meses de 2021.

Según su nuevo informe de Atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos, este año se han presentado al menos 800 casos de tortura en México, además de unos 640 incidentes de descuartizamiento, mutilaciones y destrucción de cadáveres, 502 fosas clandestinas, 418 masacres y 341 asesinatos de mujeres que fueron perpetrados con crueldad extrema.    

“Nos parece gravísimo porque no solo es terrible que se asesinen a personas en México, sino cómo se asesinan. Este tipo de noticias no son una cifra más y es muy lamentable que empecemos a naturalizar este tipo de violencias”, explica Luis Sánchez Díaz, investigador de Causa en Común, agrupación que defensa de los derechos y libertades.

Cada mes, esta ONG contabiliza las “atrocidades” registradas en los medios informativos y las define como esos hechos en los que hay un “uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo”.

Hasta septiembre se han detectado 4,093 atrocidades de este tipo y entidades como Guanajuato (con 297 incidentes), Jalisco (215) y el Estado de México (207) lideran las estadísticas.

A pesar del gran número de sucesos, la organización advierte que solo basan su informe en los reportes periodísticos por lo que “habrá un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas”.

“Vemos que el país se está militarizando más con la acción de la Guardia Nacional y hay un incremento en la violencia. Es absurdo pensar que se está pacificando al país cuando, en promedio, cada día se asesinan a 97 personas”, asevera Sánchez Díaz.

Vemos que la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres tiene que ver con sus parejas"

Luis Sánchez Díaz, investigador de Causa en Común

Según declaraciones recientes del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, el Ejército mexicano ha desplegado a 28,395 efectivos: 6,244 en la frontera sur y 7,419 en la frontera con Estados Unidos.

Además, la Guardia Nacional destacó a 7,364 efectivos en la frontera norte, y en el sur ha desplegado a 6,464 elementos.

“Mantener a los militares en las calles, y no combatir la corrupción, lo afecta todo", explica Guadalupe Correa-Cabrera, especialista en organizaciones criminales y académica de George Mason University, que no participó en la investigación de Causa en Común.

La experta admite que la violencia se ha disparado en el país y el sistema de impartición de justicia está muy deteriorado y tiene "muchísimas limitaciones", pero recuerda que el Gobierno actual está heredando los efectos de la guerra contra el narco impulsada por el exmandatario Felipe Calderón.

"En todo el país suceden atrocidades como extorsiones, secuestros, torturas y asesinatos pero no pasa nada. Sin embargo, no es algo nuevo porque esto ya se veía venir desde los gobiernos anteriores, basta con ver las cifras pasadas para entender que es un reto enorme”, afirma Correa-Cabrera.  

[“Pensé que Los Zetas me iban a matar”. Este es el mapa de los cárteles que secuestran migrantes en México]

Las masacres y los migrantes

El informe señala que los incidentes calificados como masacres (asesinatos de tres personas o más) alcanzaron su punto máximo en julio, con 67, pero se siguen registrando altos números mensuales. Los investigadores advierten que hay una relación entre estos sucesos y la presencia de migrantes en territorio mexicano.

“Nos parece importante señalar que este incremento en las víctimas se debe a que existe una escalada de violencia, no solo contra la población del país sino contra los migrantes”, advierte Sánchez quien recuerda la profusión de secuestros e incidentes violentos que son recurrentes contra las personas que pasan por México durante sus travesías hacia Estados Unidos.

Según cifras oficiales, este año el Instituto Nacional de Migración ha rescatado a 19,162 personas migrantes de diversas nacionalidades, sobre todo centroamericanas, que estaban en manos del crimen organizado.

Pero, solo entre el 21 de agosto y el 20 de septiembre, el ejército mexicano rescató a 63,614 migrantes.

"Vivimos con miedo porque es una zona muy corrupta. Toda la gente te dice que los cárteles imponen las reglas, el narco es la ley”, dijo Yorje Pérez Moreno, un migrante venezolano que fue extorsionado durante su estadía en México este año.

Es un escenario desolador porque solo se repara el daño del 0.30% de las víctimas"

Chrístel Rosales MÉXICO EVALÚA

Human Rights First, una organización de defensa de los derechos humanos con sede en Washington, que desde enero ha registrado 6,356 ataques violentos —que incluyen violaciones sexuales, secuestros, extorsiones, trata de personas y otras agresiones— contra migrantes que fueron deportados a México.

“Hay más presencia del crimen organizado en el Bajío, en el norte del país, que en el sureste (…) Entonces, tenemos que cuidar que los migrantes estén en el sur sureste, protegerlos, porque dejarlos que transiten por todo el país sin ninguna protección es muy riesgoso”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a una consulta de Noticias Telemundo, durante su conferencia matutina del 9 de septiembre.

El auge de los feminicidios

Aunque el peor mes, hasta ahora, ha sido mayo con 62 casos de asesinatos cruentos de mujeres, el investigador asegura que es una tendencia preocupante que sigue aumentando mensualmente.

“Se suele decir que muchas de esas muertes están vinculadas al crimen organizado, pero vemos que la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres tiene que ver con sus parejas o con un círculo cercano a ellas”, advierte Sánchez.

Solo en agosto de 2021 se registraron 107 feminicidios en México, la cifra más alta en el Gobierno de López Obrador, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También es el mayor número desde 2015.

Además, de enero a agosto, aumentó un 8% ese delito en comparación con el mismo periodo de 2020.

“Hay una tendencia de crecimiento en los asesinatos de mujeres, pero no se refleja bien porque en México muy pocos se clasifican como feminicidios, la mayoría los tipifican como homicidios dolosos o culposos. Pero si sumamos estas tres situaciones tenemos un promedio de 20 asesinatos diarios de mujeres”, denuncia Patricia Olamendi, experta en Derechos Humanos y activista feminista que no participó en el estudio.

Una impunidad “casi total”

Esta semana también se publicó el informe Hallazgos 2020 de México Evalúa, un centro de análisis que afirma que el 94.8 % de los casos denunciados en México quedan impunes, lo que representa un aumento en comparación con 2020 cuando se registró un 92.4%.

“Es un sistema de justicia penal que no responde a las demandas de la ciudadanía porque ha quedado en el desamparo, no hay un liderazgo político para corregir las deficiencias y destinar los recursos que se requieren”, afirma Chrístel Rosales, investigadora del Programa de Justicia de la organización.

El reporte señala que la cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian, ascendió al 93.3% y del diminuto porcentaje que sí se presenta ante las autoridades casi el 95% queda impune. En 2020, la Fiscalía General de la República inició 38,855 carpetas de investigación, una reducción del 60% con respecto a 2019.

Aunque la investigación toma en cuenta el efecto de la pandemia del COVID-19 en esa disminución, los expertos aseguran que también influye la desconfianza de la población en el sistema de justicia y aspectos técnicos como que, a nivel nacional, solo existen 11 fiscales, 9 peritos y 14 policías ministeriales por cada 100,000 habitantes, en promedio.

“Es un escenario desolador porque solo se repara el daño del 0.30% de las víctimas cuando es un derecho que tendría que ser para todas y todos. Es una impunidad casi total”, explica Rosales.

Una marcha en conmemoración de la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre de 2021.Ginnette Riquelme / AP

Más mujeres detenidas y con sentencias más largas      

El reporte de México Evalúa usa información pública oficial y, cada año, los investigadores hacen más de 400 solicitudes de información a las instituciones gubernamentales con el fin de realizar sus diagnósticos.

En esta oportunidad integraron diversos criterios con enfoque de género que revelan la gran desigualdad que experimentan las mujeres en el sistema penal porque sus derechos son menos respetados.

Al declarar son presionadas para dar otra versión de los hechos, en mayor medida que los hombres. Además, se les dan a leer sus derechos en menor proporción y una de cada dos mujeres se encuentra privada de la libertad mientras espera sentencia.

“El sistema de justicia está tratando de manera diferenciada, en sentido negativo, a las mujeres. Por ejemplo, en la imposición de sanciones se les dictan sentencias más amplias que a los hombres, sobre todo en penas mayores a 21 años porque dos terceras partes son mujeres”, advierte Rosales.

El problema del sistema judicial mexicano es estructural. El reporte evidencia que la gran mayoría de las instancias de impartición de justicia están dominadas por hombres, lo que amplía las brechas y desigualdades.

“Todavía hay una división sexual del trabajo. A las mujeres se les asignan cargos menores que son más administrativos o secretariales, mientras que los puestos de toma de decisiones, de investigaciones y planeación estratégica son ocupados por hombres”, explica la investigadora.