Angélica*, de 15 años, pasó 11 días en una cárcel en un pequeño pueblo del estado de Guerrero, en México, junto a sus tres hermanas pequeñas y su abuela, luego de huir de la casa de la familia de su marido porque su suegro había intentado violarla en repetidas ocasiones, denunció su familia.
La adolescente habría sido comprada en matrimonio por unos 10,000 dólares (210,000 pesos mexicanos), y los policías comunitarios no iban a liberarla hasta se le devolviera a su suegro el dinero invertido.
“El suegro se cree dueño de la vida de la niña porque ha pagado por ella", explicó Viridiana Gutiérrez, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres de Guerrero, a Noticias Telemundo.
En esa región indígena de las montañas de Guerrero, algunas costumbres, como el dote del casamiento, dan lugar a abusos y delitos en medio de una pobreza estructural acuciante para las familias. "Es como si las adquirieran la voluntad y la vida de las niñas como propiedad y las someten a prácticas sexuales y domésticas”, indicó Gutiérrez.
Angélica no es un caso excepcional en el estado del suroeste mexicano, ni tampoco en la región. En América latina y el Caribe, las uniones infantiles forzadas son recurrentes, según evidencia un reporte de la organización humanitaria Plan International.
En 2019, México registró cerca de 61,000 casamientos de adolescentes de entre 15 y 19 años, más de 3,500 en Guerrero, que en su gran mayoría eran niñas, según el Observatorio Regional de América Latina y el Caribe: la Realidad de las Niñas, que cuenta con estadísticas de 79 fuentes oficiales de 13 países publicada este lunes.
Mientras tanto, en el Registro Civil de Brasil, se registraban en 2019 cerca de 24,000 matrimonios de adolescentes, el 91% mujeres. Y en El Salvador, más de 17,600 niñas de entre 12 y 17 años contaban en la encuesta de hogares del censo que estaban casadas o en una unión. De ellas, 334 tenían entre 12 y 14 años.
“Durante mucho tiempo, hemos querido pensar que los matrimonios y uniones forzadas se daban en África, en Asia, pero pasa en nuestros países”, señaló Amalia Alarcón, gerente regional de Programas Transformadores de Género e Influencia de la organización, en entrevista con Noticias Telemundo.
Angélica M. V. es una indígena Na Savi (mixteca) de la comunidad de Joya Real, formada por menos de 100 hogares de adobe en una zona montañosa donde muchos no hablan español, dentro del municipio de Cochoapa el Grande. Cuando tenía 11 años fue casada con un joven de la comunidad, quien emigró en busca de una oportunidad laboral a Estados Unidos, dejándola con sus padres.
La adolescente huyó recientemente de la casa de su suegro tras cuatro intentos de abuso sexual por parte del hombre, según ha denunciado la madre y la familia.
A finales de septiembre, la Policía Comunitaria de Dos Ríos detuvo a la niña y seis integrantes de su familia, entre los que estaban su abuela y tres hermanas de 8 y 6 años, en la casa de la justicia comunitaria, indica un comunicado de la Fiscalía del Estado de Guerrero.
No es la primera vez que la policía se involucra en matrimonios forzados y la perpetuación de la violencia. Hace casi un año la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres denunció una serie de casos en los cuales las autoridades fueron testigos y cómplices de la venta y violaciones de menores en las montañas de Guerrero y de embarazos de niñas entre 11 y 15 años.
“Las autoridades hacen caso omiso a las advertencias, no investigan con perspectiva de género, no tienen políticas de atención integral que garanticen la no re-victimización y la no repetición”, explica Gutiérrez.
Quienes tienen que estar ahí protegiendo a las niñas, no sólo no están protegiendo sino que están validando, reconociendo esas prácticas y apoyándolas”
amalia alarcón PLAN INTERNATIONAL
La ausencia de las autoridades es precisamente una de las claves de las uniones forzadas y la violencia contra las niñas en Latinoamérica. “Quienes tienen que estar ahí protegiendo a las niñas, no sólo no están protegiendo sino que están validando, reconociendo esas prácticas y apoyándolas”, advierte Alarcón, de Plan International.
Para que sea liberada, el suegro exigía que se le reintegrara el supuesto pago de su matrimonio, más de 10,000 dólares (210,000 pesos mexicanos). La familia estaba en desacuerdo: decían que habían recibido la mitad, unos 5,750 dólares (120,000 pesos). Los policías comunitarios obligaron finalmente al padre a firmar un pagaré en blanco.
Pero eso no fue lo que hizo conocido el caso.
“El regresar el dinero por la compra de una niña resulta normal, y a veces llega el encarcelamiento mientras se consigue el monto”, indicó a Noticias Telemundo Misael Damián de la Cruz, un periodista especializado en los derechos indígenas de la región que cubrió el tema desde el primer día en la página Voces de Guerrero.
La indignación llegó luego de que la madre de la adolescente fuera agredida el jueves 8 de octubre en la jefatura de la policía comunal, cuando iba a acercarle comida, y sufriera un aborto al día siguiente, según ha denunciado la familia. La mujer supo entonces que esperaba trillizos.
Las fotos de la madre golpeada y del caso inundaron las redes. A los dos días, el domingo, llegó la liberación de Angélica.
Para que las niñas sean liberadas, intervinieron las autoridades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos (SAIA) y de la Municipalidad de Cochoapa el Grande, que establecieron una mesa de diálogo, según se indicó en un comunicado.
El matrimonio es una decisión que no toman libremente. Están acorraladas"
Amalia Alarcón Plan International
Las familias acordaron no agredirse y el padre de Angélica “a ya no vender a sus otras hijas y de ser el caso se sujetará a las disposiciones aplicables legales al caso”, señala la página Voces de Guerrero. También se especifica que el pagaré firmado por el casamiento queda sin efecto “por inexistencia”.
Lo ocurrido no fue una sorpresa en la región, lamentó Damián de la Cruz, quien cubre los abusos que sufre la comunidad indígena, como la violación de los derechos de niñas y las expulsiones de miembros de la comunidad por intolerancia religiosa.
Aunque sí fue un caso extremo: reunió intentos de abuso, venta y encarcelamiento de menores, lesiones seguidas de aborto.
“Reflejó las distintas violencias que vivimos las mujeres y las niñas, que están en vulnerabilidad constante, sobre todo cuando son indígenas”, explicó Gutiérrez.
A la violencia, se suman otros factores como dificultades económicas, la falta de trabajo y de acceso a la educación, por la que muchas niñas de 14 y 15 años dejan la casa familiar.
“Es una decisión que no toman libremente”, remarca Alarcón, "están acorraladas".
Angélica recibirá asistencia psicológica y médica y la CDHEG hará un seguimiento del caso, se informó. En tanto que la Fiscalía del Estado inició una investigación sobre lo ocurrido.
La adolescente fue llevada junto a su mamá a otra localidad por seguridad, pero activistas explican que no es la solución a largo plazo, señalando la necesidad de políticas públicas, prevención y seguimiento de los casos.
La falta de datos públicos actualizados, por comuna y categorizados por edad, en una decena de países de América latina y el Caribe, dificulta la aplicación y evaluación de esas políticas, señaló la gerente de Plan International. Luego, queda la marca de los abusos en las niñas.
“La violencia le pasa a tu compañera de clase que un día no vuelve al colegio porque quedó embarazada, a tu prima que la obligaron a casarse, a ti misma, que la sufres en primera persona, y eso hace una mella muy profunda en la salud mental de las niñas”, dijo Alarcón.
*La identidad de Angélica y su familia han sido resguardadas para proteger a las víctimas y por tratarse de una causa judicial abierta.