Tres policías llegaron a la primaria Hobgood, en Murfreesboro, Tennessee, y le dieron los nombres de cuatro niñas a la directora del centro, Tammy Garrett. Ella ya sabía a qué habían venido: estaban allí para arrestarlas.
Una era de sexto grado, dos de cuarto y otra de tercero. Todas eran negras.
La mayor soñaba con ser policía; una tenía diabetes; la más pequeña tenía tan solo 8 años. Uno de los agentes esposó a las niñas en frente de la directora, en medio de los gritos y llantos de todas.
Los policías estaban en la escuela por un video de una pelea que apareció semanas antes en YouTube. En este aparecían dos menores, de 5 y 6 años, lanzando débiles puñetazos a un niño más grande que se alejaba, mientras algunos niños gritaban. El insulto de uno a la madre de otro fue el origen de la pelea.
Los agentes estaban en la escuela por aquel video, pero no por quienes lanzaron los golpes: habían ido a detener a los niños que presenciaron la escena.
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La agente de policía que investigaba el video, Chrystal Templeton, detuvo a 10 menores que habían visto la pelea acusados de “responsabilidad penal”, un crimen que no existe.
La jueza de menores del condado de Rutherford, Donna Scott Davenport, había ordenado detener a los niños y llevarlos al Centro de Detención de Menores del condado, según una investigación periodística del medio ProPublica.
Aquel viernes y en los días siguientes, la policía detuvo a más niños. En total, 11 menores fueron acusados por el video, seis niños, cuatro niñas, más la menor de 8 años que poco después fue liberada. En Hobgood dos tercios de los estudiantes son negros o latinos.
Este caso, que sucedió hace cinco años, no fue un hecho aislado: fue la revelación de una práctica sistemática de detención y encarcelamiento de niños, en su mayoría negros e hispanos, que duró más de una década. Los altos mandos que fallaron siguieron en sus puestos.
En junio de este año, el juez jefe del tribunal de distrito de Nashville, Waverly D. Crenshaw Jr., emitió una orden judicial preliminar que puso fin a esta política del condado de encarcelar a los jóvenes por cargos de delitos menores.
En total, cerca de 1,450 personas fueron encarceladas ilegalmente en Tennessee cuando eran menores de edad y ahora pueden reclamar parte de un acuerdo colectivo de 11 millones de dólares, según informó The Daily News Journal. Pero menos de 200 personas han presentado reclamaciones elegibles.
El Centro de Detención de Menores del condado de Rutherford encerraba regularmente a los niños por cargos de delitos menores, como absentismo escolar, peleas en la escuela y desobediencia a sus padres, dijo el principal abogado de los demandantes, Kyle Mothershead, según informó la agencia The Associated Press.
El centro “mantuvo políticas ilegales de arresto y detención durante mucho más de una década, lo que resultó en la detención y el encarcelamiento ilegal de miles de niños”, afirma la demanda presentada en 2017 por Mothershead.
Esta comenzó impugnando el encarcelamiento de los niños arrestados en la escuela primaria Hobgood, y luego se amplió para incluir a otros jóvenes encarcelados en el centro de detención por cargos menores.
La ley de Tennessee prohíbe estrictamente el encarcelamiento previo al juicio de los niños a menos que estén acusados de un delito grave violento, un delito de armas o una violación de la libertad condicional.
Los demandantes elegibles recibirán 4,800 dólares por cada encarcelamiento ilegal y 1,000 dólares por cada detención, según los términos del acuerdo de junio de 2021.
Los demandantes deben presentar sus reclamaciones antes del 29 de octubre o no recibirán una parte del acuerdo. Debido a la ley de prescripción, solo los nacidos a partir del 14 de octubre de 1997 tienen derecho a la indemnización.
“Una generación de niños negros, de niños morenos, de niños pobres ha sido detenida y encarcelada ilegalmente. Los hijos de su vecino. Los de su compañero de trabajo. Sus hijos e hijas, sobrinos y sobrinas”, condenó hace unos días el reverendo Vincent L. Windrow, según The Daily News Journal.
En los días después que se publicó la investigación de ProPublica, una legisladora estatal escribió que estaba “horrorizada”. Otro lo llamó una “pesadilla”. Un tercero lo calificó de “barbarie desenfrenada”. Un excongresista de Tennessee dijo en la red social Twitter: “Lo más repugnante y antiamericano que he leído en mucho tiempo”.
La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), la principal organización de derechos civiles de la raza en el país, pidió una investigación federal de derechos civiles.
Y el martes por la noche, cuatro días después de la publicación de la historia, la Universidad Estatal de Middle Tennessee anunció que Donna Scott Davenport, una jueza del tribunal de menores en el centro de la investigación, “ya no está afiliada con la Universidad”. Davenport había sido instructora adjunta en la escuela, que tiene su sede en Murfreesboro, Tennessee. En 2015, fue una de las oradoras de graduación de la universidad. Por muchos años enseñó una clase sobre justicia de menores.
