Brandon Bernard tenía 18 años cuando participó en un doble asesinato en Texas en el año 1999. La noche de este jueves fue ejecutado en una prisión federal en Indiana, aunque miles de personas solicitaban en redes sociales que la Administración de Trump interviniera a última hora en el tribunal.
El caso despertó interés en las últimas semanas y suscitó un debate sobre si la pena de muerte es un castigo necesario para alguien que apenas era adulto legal en el momento del crimen. Ahora, a los 40 años, se convirtió en la persona más joven en ser ejecutada por el Gobierno federal -según la edad que tenía cuando ocurrió el delito- en casi siete décadas.
Las ejecuciones federales durante una transición de poder también son raras, especialmente con un presidente electo como Joe Biden que se opone a la pena capital. Ningún mandatario había hecho una ejecución en un periodo así desde Grover Cleveland, en la década de 1890.
Su ejecución estaba programada para las 5 p.m. CT en la prisión federal de Terre Haute, Indiana. Tres horas antes, un tribunal federal de apelaciones que incluye a Indiana rechazó la solicitud de emergencia que hicieron los abogados de Bernard para detener la ejecución, y más tarde los esfuerzos legales en otros tribunales y en la Corte Suprema de Estados Unidos, también fueron denegados.
"Lo siento. Esas son las únicas palabras que puedo decir que capturan completamente cómo me siento ahora y cómo me sentí ese día", dijo Bernard antes de recibir la inyección letal.
Bernard se convirtió en la novena persona condenada a muerte por el Gobierno federal este año, después de que el Departamento de Justicia reanudara las ejecuciones en julio, tras un paréntesis de 17 años a nivel federal.
El temor a la propagación del COVID-19 en las prisiones ha llevado en gran medida a los estados a suspender las ejecuciones. Pero el creciente número de casos y muertes por el coronavirus en los últimos meses no ha disuadido al Gobierno federal de actuar en las últimas semanas de la presidencia de Trump.
Los abogados de Bernard pidieron el miércoles a un tribunal federal de apelaciones que detuviera temporalmente su ejecución, mientras existan reclamos de que la fiscalía en su juicio retuvo inconstitucionalmente pruebas que habrían llevado a los jurados a dictarle una sentencia de cadena perpetua.
Cinco jurados se presentaron desde entonces para atestiguar que ya no apoyaban la pena de muerte en el caso, mientras que una exfiscal que desafió la apelación de Bernard de su veredicto de muerte también dijo que no creía que debía ser ejecutado, en parte, porque fue un delincuente adolescente y se había convertido en un prisionero modelo.
"Dado que cinco jurados ya no se atienen a su veredicto de muerte, Brandon no debería ser ejecutado hasta que los tribunales hayan abordado plenamente la constitucionalidad de su sentencia", dijo Rob Owen, abogado de Bernard, antes de la ejecución.
Hasta la estrella del reality show Kim Kardashian West, insistió a través de Twitter para que Trump conmutara la sentencia de Bernard. Kardashian tuiteó el jueves pasado que había estado "llorando toda la mañana" antes de conocer la decisión del tribunal de apelaciones.
Tras la ejecución, Kardashian West dijo que se sentía "increíblemente alterada", "esto tiene que cambiar" agregó.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que la muerte le parecía algo "completamente aborrecible". "Brandon Bernard debería estar vivo. Abolan la pena de muerte", sentenció.
Sin embargo, familiares y amigos de las víctimas publicaron un comunicado de prensa para agradecer al presidente, Donald Trump, por su apoyo y dijeron que la ejecución habia traído "un sentido de final en nuestras vidas".
"Por favor recuerden que las vidas de sus familiares y amigos fueran devastadas y que hemos lamentado su pérdida desde hace 21 años, esperando a que se hiciera justicia", escribieron.
Los senadores demócratas Dick Durbin, de Illinois, y Cory Booker, de Nueva Jersey, miembros del Comité Judicial del Senado, también instaron a Trump a conceder clemencia. Argumentaron que "la pena de muerte en Estados Unidos es fatalmente defectuosa en su imposición y se aplica desproporcionadamente basada en la raza", dijeron.
El fiscal general William Barr dijo en julio que los condenados a muerte se encontraban "entre los peores criminales" y reconoció el deseo de hacer justicia a las víctimas. El Departamento de Justicia no respondió a la solicitud de que se formularan más observaciones sobre el próximo lote de ejecuciones previstas.
Con información de NBC News y AP.