Los cinco jóvenes que murieron el 26 de febrero en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas, no iban armados y no se enfrentaron a los soldados que les balearon, sino que fueron ejecutados por éstos, según admitió este miércoles el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
"No se trató de un enfrentamiento, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados", declaró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Agregó que la secretaría de Gobernación se pronunciará de forma oficial sobre el caso cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos publique su investigación, según informó el periódico El País y la agencia de noticias Efe, "pero evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento”.
Además de los cinco muertos (entre ellos, un estadounidense), hubo dos heridos en el tiroteo.
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El funcionario indicó que se debe evaluar la responsabilidad en la cadena de mando y asegurarse de que quien haya cometido un delito pague sus consecuencias. Sus declaraciones contradicen las las primeras explicaciones del Ejército, que indicó que los militares dispararon tras escuchar un “estruendo” y ver la camioneta donde iban los jóvenes a demasiada velocidad, sin luces y sin placas.
En un testimonio a autoridades y organismos de derechos humanos publicados por El País, uno de los sobrevivientes, Alejandro Pérez, de 21 años, contó que volvían a casa en la noche del sábado tras salir de fiesta a un club de la zona cuando se dieron cuenta de que un vehículo militar les seguía. El auto colisionó con su camioneta por detrás, dijo, y comenzó a caerles una lluvia de balas. En ningún momento iniciaron ellos la balacera, dijo, porque no iban armados.
Los jóvenes asesinados fueron identificadas como los mexicanos Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha; y el estadounidense Gustavo Ángel Suárez Castilo.
López Obrador encargó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que determine el papel del Ejército en la matanza para que, en el caso de que sean responsables, “sean castigados”.
Entre diversas organizaciones civiles y organismos que han condenado los hechos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha solicitado una investigación “diligente, pronta e imparcial”.