Por Simone Weichselbaum, The Marshall Project, Lisa Riordan Seville, Emily R. Siegel, Joseph Neff y Abbie VanSickle - NBC News
Esta investigación fue publicada en colaboración con The Marshall Project, organización periodística sin ánimo de lucro que cubre el sistema criminal de justicia de Estados Unidos. Regístrese para recibir el boletín de The Marshall Project o sígalo en Facebook o en Twitter.
SAN JOSÉ, California. – Eliel Paulino se encontraba a menos de una cuadra de distancia de su complejo de apartamentos esa noche 2015 cuando vio las luces rojas de la sirena de la policía reflejadas en el espejo retrovisor de su camioneta SUV. Tras detenerse en su estacionamiento, la policía le dijo que la luz de la matrícula de su coche no funcionaba.
En cuestión de minutos, lo que parecía una parada de tránsito rutinaria se convirtió en una paliza, de acuerdos con documentos judiciales. Un agente de policía le gritó a Paulino que se callara, luego lo tiró al piso. Un segundo policía lo golpeó en el estómago con su macana de goma, y un tercer agente también le dio con su macana en el abdomen más de una docena de veces. Para poder cerrar las heridas del brazo derecho de Paulina, un médico de la sala de emergencias tuvo que aplicarle cuatro puntos de sutura.
Según los reportes policiales, los agentes sostienen que Paulino luchó y opuso resistencia a su arresto, pero un video de una cámara de seguridad muestra lo contrario. El gobierno municipal compensó a Paulino con 700,000 dólares luego de que un jurado determinara que la golpiza violó sus derechos constitucionales.
“El Departamento de Policía de San José tiene un problema con el uso de la fuerza excesiva”, explica en una entrevista Jessica Erickson, miembro del jurado. “Tiene que parar”.
En el diálogo nacional sobre el mantenimiento del orden policial el año pasado, la atención del público se enfocó en quienes perdieron la vida a manos de agentes de la policía. Los estadounidenses reconocen nombres como George Floyd, Breonna Taylor, Tammir Rice y otras tantas víctimas de agentes. Muy pocos saben que decenas de miles de personas como Paulino terminan en las salas de urgencias luego de enfrentarse con la policía.
Cifras proporcionadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades muestran que, desde 2015, más de 400,000 personas han recibido tratamiento médico en salas de emergencias debido a una interacción violenta con policías o guardias de seguridad. Pero existen casi muy pocas estadísticas a nivel nacional sobre la naturaleza o circunstancias de sus lesiones.
Muchas de las casi 18,000 agencias del orden que hay en el país no llevan un conteo ni dan a conocer públicamente el número de personas que necesitaron atención médica tras sufrir fracturas de sus brazos, golpes en el rostro, o recibieron descargas eléctricas de pistolas taser por parte de agentes.
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Los investigadores señalan que solo una porción ínfima de los arrestos involucra el uso de la fuerza. Pero cuando es la policía la que usa la fuerza, en más de la mitad de los incidentes la persona termina con lesiones, según un análisis de 2020. No se conoce con certeza la seriedad de estas.
“Necesitamos mejores estadísticas sobre la severidad de las lesiones”, expresa Matthew Hickman, profesor con la Universidad de Seattle y uno de los autores del estudio.
La gran mayoría de los expertos concuerdan en que las lesiones a manos de los policías no se denuncian en todos los casos.
“Estas estadísticas dependen de la discreción de la policía, que es la que tiene el poder de decidir quién merece o no una ambulancia”, destaca Nicole González Van Cleve, profesora asociada de Sociología en la Universidad Brown, quien ha efectuado estudios sobre el Departamento de Policía de Chicago.
“Es ciertamente una falta de conteo deliberado”, agrega González.
Pero aun cuando el índice de lesiones no forma parte del diálogo nacional sobre la necesidad de una reforma policial, existe tensión en la relación entre los agentes policiales con el público al cual deben proteger, en particular en los vecindarios donde habitan personas negras e hispanas.
“Hay un deterioro en la confianza de la comunidad”, señala Van Celeve. “A la policía no se le ve como los que deben ejecutar la ley, son vistos como si estuvieran al margen de la ley”.
Solo en un lugar como San José, en donde se exige a los agentes de la policía a reportar lesiones y se les motiva a trasladar a los sospechosos heridos al hospital, podemos vislumbrar lo que podría ser la problemática a escala nacional.
La ciudad, con poco más de un millón de residentes en el corazón del Valle del Silicio, tomó una medida poco común al llevar un seguimiento de las lesiones y hospitalizaciones como parte de un esfuerzo de varios años para reducir las interacciones violentas entre los residentes y los agentes del orden, luego de un sinnúmero de quejas de palizas a civiles por parte de policías.
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A pesar de estos esfuerzos, cerca de 1,300 personas terminaron en salas de emergencia luego de interactuar con la policía entre 2017 a 2021, según un análisis efectuado por NBC News y The Marshall Project. En la gran mayoría de las visitas a las salas de emergencias estuvieron involucrados agentes del orden que usaron la fuerza con los sospechosos, según el análisis.
El uso de “técnicas de intervención”, como torcer los brazos o mantener al sospechoso en el piso, desempeñó un rol importante en el 60% de los casos. Cerca del 20% de las personas que fueron ingresadas a emergencias recibieron disparos con descargas eléctricas, y un 10% fue golpeado con un “arma de impacto” como la macana.
En esos cuatro años, de acuerdo con las estadísticas de la ciudad, los enfrentamientos con la policía de San José dejaron a un total de 72 personas “seriamente heridas”, incluyendo huesos fracturados, mordeduras de perros y lesiones internas. Nueve personas más perdieron la vida, todas por disparos con armas de fuego.
Personas trasladadas al hospital luego del uso de la fuerza policial
No todos los departamentos de policía llevan un control de los casos en donde sus agentes trasladan civiles al hospital producto del uso de la fuerza. NBC News obtuvo los índices de tratamientos médicos de cuatro grandes departamentos de policía entre 2017 y 2020 en donde se reportó el uso de la fuerza.
Los arrestos bruscos le han costado a la ciudad de San José más de 25 millones de dólares por demandas en casos de violación de derechos civiles desde 2010, de acuerdo con el análisis de NBC News y The Marsall Project. El jefe de policía Anthony Mota, quien se hizo cargo del departamento en marzo, indica que cuando se trata del uso de la fuerza, sus oficiales reaccionan al comportamiento de las personas con las que tienen enfrentamientos.
“Intentamos usar la fuerza mínima, pero a veces los individuos desobedecen o se resisten”, asegura Mota.
Pero, ¿cómo se compara la situación de San José con la nacional? Si se realiza el mismo análisis “en cualquier otra dependencia en el país se obtendrán los mismos resultados”, afirma Bob Scales, consultor policial de la ciudad de San José y otras agencias del orden. Lo más inusual de esa ciudad es que permite que sus estadísticas sean públicas, agrega.
¿Cuán violentos son los policías de otras ciudades?
La policía en Denver, Colorado, como en San José, tiene reglas estrictas para la búsqueda de atención médica cuando alguien se queja de una lesión, sin embargo la decisión de trasladar a una persona al hospital la toman los paramédicos, no los agentes.
En Chicago, el manual del departamento de policía exige a sus agentes que soliciten asistencia médica cuando han disparado a alguien con una descarga eléctrica o un taser, o cuando han propinado golpeado con una macana. Pero si no hubo necesidad del uso de un arma y la persona no pide ayuda médica o no tiene lesiones serias, no es obligatorio ir a la sala de emergencias.
“Es circunstancial. Si hay un herido por ese arresto, se tiene que analizar la lesión. Pero si la persona no se está quejando por esa lesión y no hay señales visibles de una lesión, entonces no hay nada que diga que debamos llamar o trasladarlo al hospital”, comenta el sargento Rocco Alioto, vocero con la policía de Chicago.
En Mesa, Arizona, una ciudad de medio millón de habitantes cerca de Phoenix, el 36% de los incidentes en los que hubo uso de la fuerza terminó con un viaje al hospital entre 2017 y 2020. El departamento de policía no exige a sus agentes que llamen a los paramédicos o trasladen a una persona a la sala de urgencias luego de un arresto brusco, informa un vocero de esa agencia.
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De esta manera, las personas lesionadas que serían trasladas a un hospital en San José, terminarían en la cárcel en Mesa. Por ejemplo, un video de vigilancia en un edificio de apartamentos captó a la policía de Mesa mientras le daba una golpiza a Robert Johnson en un arresto ocurrido en 2018, dejándolo con el rostro hinchado y lesiones en el pecho, la espalda, los hombros y los brazos. Aun con los golpes en la cabeza, los agentes llevaron a Johnson directo a la cárcel.
Una investigación departamental encontró que los oficiales de policía actuaron bien. Sin embargo, se desestimaron los cargos en contra de Johnson, quien luego presentó una demanda federal (aún pendiente) en contra de la policía. Según documentos judiciales, los abogados que representan a la ciudad afirman que el uso de la fuerza estuvo justificado.