Por Farnoush Amiri - AP
El oficial que, según Cassandra Quinto-Collins, se arrodilló sobre el cuello de su hijo durante más de cuatro minutos, le aseguró que era un protocolo estándar para sedar a una persona que experimentaba un colapso mental.
"Estuve allí viéndolo todo el tiempo", contó Quinto-Collins a la agencia de noticias The Associated Press. "Solo confiaba en que sabían lo que estaban haciendo".
La hermana de Angelo Quinto, de origen filipino, había llamado al 911 para que le ayudaran a calmarlo durante un episodio de paranoia el 23 de diciembre. Su familia asegura que Quinto no se resistió a los oficiales de Antioch, California, uno que puso su rodilla sobre la nuca y otro que le sujetó las piernas, y el único ruido que hizo fue cuando gritó dos veces: "Por favor, no me mate".
Los oficiales respondieron: "No lo vamos a matar", según la familia. La policía niega haber ejercido presión sobre su cuello. Tres días después, el veterano de la Marina de 30 años e inmigrante filipino murió en un hospital.
Es el último ejemplo de los peligros de vigilar a personas con problemas de salud mental. En respuesta a varias muertes de alto perfil de personas con problemas de salud mental bajo custodia policial, los legisladores en al menos ocho estados están introduciendo leyes para cambiar la forma en que las autoridades responden a las personas en crisis.
Las propuestas se basan en gran medida en ofrecer un entrenamiento adicional a los oficiales sobre cómo interactuar con personas con problemas de salud mental. Es una respuesta común cuando los legisladores enfrentan una protesta generalizada por la brutalidad policial como la que Estados Unidos sufrió el año pasado luego de la muerte de George Floyd en manos de la policía de Minneapolis.
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Pero ninguna de las propuestas parece abordar la pregunta fundamental: ¿Debería ser la policía la que responda cuando alguien padece una enfermedad mental?
En California, congresistas presentaron una legislación el 11 de febrero que, entre otras cosas, requeriría que los futuros oficiales completen cursos universitarios que aborden la salud mental, los servicios sociales y la psicología, sin requerir un título.
En Nueva York, los políticos propusieron en enero un esfuerzo para exigir a los agentes que completen un mínimo de 32 horas de capacitación que incluiría técnicas de desescalada e interacción con personas que tienen problemas de salud mental.
La propuesta se produjo casi un año después de que los agentes de Rochester, Nueva York, pusieran una capucha sobre la cabeza de Daniel Prude y presionaran su cuerpo desnudo contra la calle hasta que dejó de respirar. La familia de la víctima, como la de Quinto, afirmó que habían llamado al 911 para pedir ayuda después de que Prude comenzara a tener un episodio de salud mental.
De manera similar, en Utah, la madre de Linden Cameron, de 13 años, llamó al 911 en septiembre porque estaba teniendo una crisis y necesitaba la ayuda de un oficial. La policía de Salt Lake City terminó disparándole varias veces mientras huía porque creían que les había amenazado con un arma.
Fue hospitalizado y no se encontró ningún arma. Los agentes no eran especialistas en intervenir en este tipo crisis, pero tenían cierta formación en salud mental.
El mes pasado, el gobernador de Utah, Spencer Cox, firmó una legislación que creará un concejo para estandarizar la capacitación de los equipos policiales de intervención en crisis en todo el estado.
Al menos 34 estados ya exigen que los oficiales tengan capacitación u otra formación sobre cómo interactuar con personas que tienen problemas de salud física o mental. Pero los juristas afirman que se necesita formación actualizada y las agencias están muy rezagadas.
“La capacitación que la policía ha recibido durante los últimos 25 años no ha cambiado significativamente, está desactualizada y no cumple con las realidades de hoy”, señaló Chuck Wexler, director ejecutivo del Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía, un grupo de expertos con sede en Washington. “Me refiero a que lo último que una madre quiere cuando llaman a la policía es que un oficial use la fuerza. Especialmente en una situación que no lo requería porque los oficiales no estaban capacitados para reconocer una crisis".
Parte de la nueva legislación busca fortalecer o mejorar los estándares. Pero debido a que la formación en salud mental es un mandato en la mayoría de los estados, algunos activistas y expertos creen que es posible que nunca prepare completamente a los oficiales para responder a esas situaciones.
El Treatment Advocacy Center, una organización sin fines de lucro dedicada a obtener tratamiento para los enfermos mentales, concluyó en un informe de 2015 que aquellos con enfermedades mentales no tratadas tienen 16 veces más probabilidades de morir durante un encuentro policial que otros.
“La solución que tendría el mayor impacto sería evitar que las personas con enfermedades mentales se encuentren en primer lugar con la policía”, apuntó Elizabeth Sinclair Hancq, coautora del informe.
Dado que eso no siempre es posible, dijo, otra solución es crear programas que respondan en paralelo y en los que un trabajador social u otro profesional de salud mental ayude a los oficiales.
Eso es lo que Philadelphia introdujo en octubre, semanas antes de que los oficiales le dispararan fatalmente a Walter Wallace Jr., un hombre negro, un minuto después de llegar a su dirección por tercera vez en un día mientras sufría una crisis de salud mental. La policía alegó que Wallace ignoró las órdenes de soltar un cuchillo.
Otras ciudades, incluidas Los Ángeles, San Francisco y Portland, Oregon, tiene programas similares.
Para las familias de las víctimas, que ahora dicen que se arrepienten de haber llamado al 911 para pedir ayuda, la formación requerida y la reforma legislativa están muy atrasadas.
"En retrospectiva, llamar a la policía no fue la idea más inteligente", lamentó Isabella Collins, la hermana de 18 años de Quinto, quien murió en California. "Pero solo quería que se calmara, y pensé que podrían ayudar".
La policía de Antioch no dio a conocer detalles de la muerte de Quinto durante más de un mes. La jefa de la policía, Tammany Brooks, ha negado que los agentes hayan usado una rodilla o cualquier otra cosa para presionar la cabeza, el cuello o la garganta de Quinto. Se están llevando a cabo una investigación y una autopsia.
El departamento no respondió a una solicitud de comentarios.
La familia de Quinto presentó en febrero una demanda por homicidio culposo contra la ciudad, alegando que "murió como consecuencia directa de la fuerza irracional utilizada en su contra".
"Creo que fue muy ingenuo de mi parte pensar que él no saldría lastimado", lamentó Collins.