Inocente Orlando Montano se mantuvo impune durante 31 años de los actos cometidos durante la guerra civil salvadoreña, pero un tribunal español lo ha declarado este viernes culpable del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras.
La Audiencia Nacional indicó que Montano, de 76 años y quien vivió durante años en Massachusetts trabajando en una fábrica de dulces, es responsable de organizar el derramamiento de sangre en la Universidad Centroamericana salvadoreña (UCA), pues tenía mando militar como viceministro de Seguridad Pública.
Montano fue enjuiciado en España porque cinco de las víctimas de la matanza de noviembre de 1989 eran de esa nacionalidad; solo pudo ser imputado por esas muertes y no las tres adicionales debido al acuerdo de extradición desde Estados Unidos, donde presuntamente mintió a las autoridades migratorias para obtener la residencia.
Desde "el Alto Mando de las Fuerzas Armadas al que pertenecía el acusado", dice la sentencia, se cometieron una serie de crímenes "con el único fin de crear terror en la población, y de alterar gravemente la paz pública y perpetuarse en sus posiciones de privilegio dentro de las estructuras de poder en El Salvador".
Aunque la Audiencia Nacional solo enjuició a Montano, en la sentencia acusó también a muchos más políticos, incluido el expresidente Alfredo Cristiani: "En los hechos ha participado un grupo estable y permanente, que desde las más altas estructuras del poder en el Salvador, y compuesto por el propio presidente de la República, utilizaron la violencia y cometieron graves delitos".
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Montano fue sentenciado por asesinatos terroristas a 133 años de prisión (26 años por cada uno de los jesuitas españoles), aunque solo deberá cumplir un máximo de 30 años por la legislación española. Todavía puede presentar una apelación.
En el juicio, que comenzó en junio, declararon una decena de testigos y se presentó un expediente con 128 folios con evidencias sobre el homicidio de los ocho llamados "mártires de la UCA".
Eran los sacerdotes Ignacio Ellacuría, quien era rector de la universidad; Segundo Montes, director del instituto para los derechos humanos de la universidad; el vicerrector Ignacio Martín Baró; el profesor Amando López; el bibliotecario Juan Ramón Moreno, y Joaquín López, el fundador del colegio.
También fueron asesinadas Elba Ramos y su hija adolescente Celina Ramos, quienes hacían trabajos domésticos en la escuela. Según el fallo de la Audiencia Nacional, los soldados les dispararon y, al descubrir "que seguían vivas en el suelo, abrazadas la una a la otra", descargaron de nuevo sus armas "hasta acabar con ellas y prácticamente partirlas por la mitad”.
La amnistía y la Tandona
Durante la guerra civil (1979-1992), en la cual las fuerzas armadas intentaron repeler al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y a más quienes consideraran "subersivos", la unidad más poderosa del ejército era grupo de coroneles llamado La Tandona.
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Eran militares entrenados por fuerzas estadounidenses que se habían graduado en 1966 y han sido vinculados a casi mil instancias de violaciones a los derechos humanos, según un informe hecho en Estados Unidos que además responsabiliza a Montano de 65 ejecuciones y hasta 500 casos de tortura.
Montano intentó argumentar que La Tandona es "una organización social con fines sociales" cuyos integrantes se reúnen para celebrar sus cumpleaños; el coronel aseguró en su juicio que eran respetuosos de los derechos humanos.
La UCA era considerada subversiva porque hacía análisis políticos e intentaba fungir como mediadora, con una propuesta de acuerdo de paz que incluía depurar las fuerzas armadas; además de que en general la Iglesia católica denunciaba las violaciones a los derechos humanos de la guerra, razón por la que fue asesinado también el arzobispo Óscar Arnulfo Romero, canonizado en 2018.
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Por el mismo delito del caso UCA la única otra persona en prisión es Guillermo Alfredo Benavides, el exdirector de la Escuela Militar y el oficial de mayor rango en ser procesado en El Salvador por un delito contra los derechos humanos.
Benavides fue condenado al terminar la guerra, en 1992, a 30 años de cárcel, aunque no tuvo que cumplir esa sentencia por mucho tiempo, dado que el año siguiente se promulgó la Ley de Amnistía salvadoreña, que absolvió a quienes hubieran cometido delitos durante el conflicto.
La polémica ley fue eliminada en 2017, por lo cual Montano fue extraditado desde Massachusetts a España para enfrentar el juicio y Benavides fue llevado a prisión.
A principios de este año la legislatura salvadoreña intentó revivir la amnistía, pese a críticas de sobrevivientes de distintas masacres, con la justificación de que así iba a haber "reunificación".
El presidente Nayib Bukele terminó por vetar esa ley.