José Ignacio Santiago Martínez estaba trabajando durante la madrugada del miércoles. Como reportero de sucesos acababa de recopilar fotografías y videos en una localidad cercana a San Lucas Yosonicaje, en el estado mexicano de Oaxaca.
A las 2:00 am, un taxi rojo comenzó a seguir la camioneta que lo transportaba y, de repente, intentó cerrarle el paso.
"El chofer hizo una maniobra y logró evadirlo, pero los hombres del taxi portaban armas largas y comenzaron a dispararnos. Por fortuna no salimos heridos, pero fueron muchos balazos. Los escoltas me pidieron que me tirara al piso de la camioneta y no levanté la cabeza hasta que nos alejamos de ahí", explica Santiago Martínez, con el miedo vivo en la voz, durante una entrevista con Noticias Telemundo.
El reportero oaxaqueño, director del medio Pluma Digital Noticias, dice que se salvó porque forma parte del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que le asignó cuatro escoltas que trabajan en dos turnos. "De no ser por la protección con la que yo contaba, formaría parte de la estadística lamentable que estamos viviendo", comenta Santiago Martínez con desaliento.
No todos los periodistas mexicanos tienen la misma suerte. En las pocas semanas que han transcurrido de 2022, cuatro reporteros han sido asesinados en el país.
A inicios de enero, José Luis Gamboa, fundador del portal de internet Inforegio, fue apuñalado mortalmente en el estado de Veracruz; el 17 de enero mataron al fotoperiodista Margarito Martínez de un balazo en la cabeza, a plena luz del día y frente a su casa en un barrio de Tijuana. Seis días después, asesinaron a la reportera Lourdes Maldonado López, en el mismo estado y también frente a su residencia.
El 31 de enero, durante las últimas horas del mes, el periodista Roberto Toledo fue baleado en Zitácuaro, Michoacán. Toledo, de 55 años, era abogado y articulista del medio Monitor Michoacán y, según informaciones de los medios locales, había recibido múltiples amenazas por lo que fue incluido en el mecanismo de protección del gobierno federal.
En el más reciente informe anual de Reporteros sin Fronteras, México volvió a ser considerado como el país más peligroso del mundo para los periodistas —por tercer año consecutivo— debido al asesinato de al menos siete periodistas en 2021.
"Lo que México enfrenta ahora es producto de la proliferación de la delincuencia organizada en todo el territorio, y la corrupción en los cuerpos policiales y las fiscalías que atentan contra el Estado de Derecho. En realidad, el Gobierno mexicano no tiene la capacidad para atender un problema tan específico como los ataques contra la libertad de prensa", asevera Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés).
Según diversas organizaciones, como Artículo 19, la cifra roja del país suma 148 periodistas asesinados por ejercer su oficio desde el año 2000. Al menos, 28 de ellos han muerto durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador.
Durante el primer semestre de 2021, Artículo 19 documentó 362 agresiones contra periodistas, es decir, una cada 12 horas.
"Me siento un poquito mal por la situación que estoy viviendo. Siempre que sucede un ataque contra los medios de comunicación nos tienen que mover de nuestro lugar de origen y eso ya lo viví, y lo sufrí", dice Santiago Martínez.
No es la primera vez que el reportero de Oaxaca sufre agresiones por su trabajo periodístico: en 2015 le fracturaron dos brazos y dos años después lo amenazaron de muerte si no trabajaba para difundir las informaciones de unos narcotraficantes, por lo que fue trasladado a Ciudad de México por las autoridades.
A veces me da miedo, pero no pienso retroceder porque hay que seguir informando".
José Ignacio Santiago Martínez, periodista
Santiago Martínez, de solo 31 años, explica que esos incidentes, además del constante acoso a través de los medios digitales han hecho mella en su salud y padece de un intenso estrés. Hace poco más de un mes sufrió un infarto.
"A veces me da miedo, pero no pienso retroceder porque hay que seguir informando. Ese es mi trabajo", asevera.
El martes, los asesinatos de Maldonado, Martínez y Gamboa desencadenaron protestas en diferentes ciudades del país, donde decenas de periodistas salieron a exigir justicia.
"Hasta temo por mi vida"
El 26 de marzo de 2019 fue un día normal en las conferencias matutinas del presidente López Obrador.
La reportera Lourdes Maldonado, que trabajaba en Tijuana, hizo algunas preguntas sobre temas de comercio y luego aprovechó ese momento para contarle al mandatario que exigía justicia laboral en una demanda contra Jaime Bonilla Valdez, aliado político del presidente en Baja California, por despido injustificado y adeudos de nómina.
Bonilla Valdez gobernó Baja California entre los años 2019 y 2021, y es el dueño del canal PSN, donde trabajó la reportera.
En esa ocasión, Maldonado miró fijamente a López Obrador y le dijo: "Hasta temo por mi vida". El pasado domingo, cuando se cumplían 669 días de su intervención en la conferencia presidencial, fue asesinada frente a su casa en Tijuana.
La reportera estaba protegida, en su caso, por el Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas porque en marzo de 2021 fue agredida cuando dispararon un balazo que perforó el vidrio trasero de su vehículo.
Sin embargo, el incidente del domingo sucedió cuando los oficiales que la custodiaban ya se habían marchado de su residencia. Según la fiscalía estatal, fue abordada por tres hombres y uno le disparó.
El 19 de enero, y luego de un litigio laboral que se extendió durante nueve años, Maldonado había recibido una decisión favorable sobre su demanda al dictaminarse un embargo mercantil contra el canal. Bonilla Valdez ha rechazado públicamente estar relacionado con la muerte de Maldonado López, y López Obrador pidió no apresurarse a formular conclusiones, además de exigir "una investigación a fondo".
Días antes de su asesinato, la reportera había participado en una manifestación para recordar a Margarito Martínez, el fotoperiodista que también fue asesinado en Tijuana.
"Estoy muy consternada, llena de dudas y de conflictos en la mente. Me urge que este caso se aclare, hay que saber cuáles eran las razones por las que asesinaron a Margarito", dijo la periodista en la protesta de la noche del 21 de enero.
Dos días después, ella misma pasaba a formar parte de la estadística sangrienta de México.
Desde 2012, el Gobierno mexicano implementó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que actualmente tiene 1,504 beneficiarios, 493 de ellos son profesionales de la comunicación.
Como sucede con la mayoría de los delitos en México, la impunidad en las agresiones contra periodistas es casi total. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión inició alrededor de 3,000 investigaciones desde 2010 pero, según Artículo 19, solo logró 22 sentencias condenatorias.
"El Gobierno quiere hacer foros para mejorar el mecanismo de protección, y eso está muy bien, pero las exigencias de la comunidad periodística es muy clara: lo principal es el combate a la impunidad. No puede haber un cambio en la situación de violencia, si no se investiga y se sanciona a las y los perpetradores", afirma Itzia Miravete, coordinadora de prevención en Artículo 19.
Cuando la guerra toca la puerta
Unas 16 horas después del atentado contra Santiago Martínez, el reportero Alejandro Ortiz quedó atrapado en medio de una balacera en Chilpancingo, Guerrero.
Era poco después de las seis de la tarde, y Ortiz acababa de cenar cecina con sus dos hijos y su esposa. Mientras atendía una llamada telefónica comenzó a escuchar una detonaciones estruendosas en Buenavista de la Salud, la comunidad donde vive.
Fueron cientos de balas, el sonido era ensordecedor".
Alejandro Ortiz, reportero
"Yo pensé que era alguna celebración religiosa, nunca me imaginé que era una descarga de balas de un grupo delictivo", explica con sorpresa.
Al colgar, vio el semblante espantado de su esposa y comprendió que la guerra acababa de estallar afuera de su casa. Rápidamente se abalanzó sobre su familia y todos se tiraron al piso, mientras se comunicaba con las autoridades y sus redes de apoyo para pedir ayuda.
Cuando concluyó la balacera y los maleantes se habían marchado de la zona, llegaron las autoridades con efectivos policiales y militares.
"Fueron cientos de balas, el sonido era ensordecedor y duró más de una hora, sin parar. Mis hijos nunca olvidarán eso", dice con tristeza, mientras recuerda que hace unos años otro grupo armado les quitó cámaras, laptop y una camioneta durante una cobertura.
"Aunque uno está preparado para que sucedan esas cosas en el trabajo, nunca te lo esperas en tu casa, fuera de horario, y cuando ya estás descansando", concluye Ortiz, quien no se encuentra protegido por las autoridades.
Estresado y hastiado, el reportero casi no pudo dormir esa noche. Pero, al día siguiente, escribió un breve texto para drenar su traumática experiencia. El título es elocuente: "Y las balas seguían…".
"Están aniquilando al periodismo"
Para expertos como Hootsen y Miravete, revertir la situación de violencia contra los periodistas llevará años, pero se puede lograr si se fortalecen los mecanismos de protección y se inician procesos de capacitación para las autoridades con el fin de que combatan la impunidad. Además, se deben implementan procesos de reparación.
"El impacto de la violencia que vive la prensa, tanto a nivel físico, psicosocial y económico es brutal. Muchos periodistas se enferman después de estar desplazados, incluso algunos se han muerto, y eso hay que atenderlo", afirma Miravete.
Omar Bello, periodista desplazado de Guerrero, conoce bien las consecuencias de ser extraído de su región. Tuvo que abandonar el paraíso de las playas de Zihuatanejo, por la gris megalópolis capitalina. El 20 de agosto de 2017 recibió una última amenaza de los narcotraficantes de su zona y el mensaje fue claro: "O dejas de portarte mal o te matamos".
Poco después, entró al mecanismo de protección y ahora vive en Ciudad de México.
"Pierdes todo: familia, amigos, empleos y, lo más importante, pierdes tu identidad porque al ser desplazado ya no puedes ejercer más. El mecanismo solo te da ayudas para comida y vivienda pero no te ayuda a volver a ejercer, renuncias a eso. Los delincuentes están aniquilando el periodismo", dice con impotencia.
En su caso, la imposibilidad de ejercer el oficio informativo lo llevó a convertirse en activista por los derechos humanos. En diciembre de 2020, Bello y un grupo de manifestantes se extrajeron sangre frente a la Secretaría de Gobernación capitalina para protestar por los recortes presupuestarios en los mecanismos de protección.
"Duré más de 25 días en un plantón y no me atendían. Ni siquiera me pusieron escoltas aunque estoy amenazado de muerte. Por eso manchamos con nuestra sangre toda la fachada, ahí quedó mi ADN", dice con vehemencia.
Santiago Martínez coincide con Bello, y afirma que su experiencia en la capital mexicana fue "un martirio" porque se sentía preso y sin la posibilidad de volver a escribir sobre su amada Oaxaca.
"No te dan ni siquiera un empleo temporal, no te dan alternativas y te encierran en un refugio. Por eso, con todo y los peligros, decidí volver a mi lugar de origen y aquí pienso continuar", concluye.
Si usted tiene información sobre casos de abusos contra periodistas en México puede escribir a albinson.linares@nbcuni.com.
