Un día después de una de las peores masacre en la historia de Ecuador, las autoridades todavía seguían recogiendo los cadáveres que habían quedado desperdigados entre los pabellones tras una riña entre pandillas en la cárcel de Guayaquil el martes. No habían terminado la cuenta oficial, cuando ya calculaban que la cifra de muertes excedería las 100.
El miércoles por la noche el presidente, Guillermo Lasso, anunciaba que 116 personas habían sido asesinadas en la Penitenciaría del Litoral y alrededor de 80 habían resultado heridas.
Todas las víctimas eran “personas privadas de la libertad”, ninguna era miembro del personal de la cárcel, informó el presidente.
“La primera decisión que hemos tomado es declarar el estado de excepción en el sistema carcelario en todo el territorio ecuatoriano”, anunció Lasso en conferencia de prensa televisada en cadena nacional.
Armados con escopetas, rifles, pistolas e incluso explosivos los reos se enfrentaron entre sí durante horas en el penal. Las detonaciones se escuchaban desde lejos y en videos se aprecia a algunos presidiarios disparando desde el techo, donde luego aparece un sujeto sin camisa sentado sobre una silla de plástico.
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Mientras tanto, afuera del centro penitenciario, los familiares se agolpaban desesperados, exigiendo noticias de sus seres queridos que tardaron más de un día en llegar.
Las imágenes de decenas de cadáveres hallados en los pabellones 9 y 10 del centro penitenciario, al menos cinco de ellos decapitados, circularon ampliamente por las redes sociales, conmocionando a un país ya de por sí sacudido por la violencia en las prisiones.
En el último año, casi 200 personas han fallecido en motines carcelarios. En febrero murieron 79 reos durante tres amotinamientos prácticamente simultáneos, un día después de que las autoridades requisaran armas en los centros de Cuenca, Latacunga y Guayaquil. En julio fallecieron 22 presos también en estas dos ciudades. Y en este último centro también se han registrado varios ataques con drones que cargan explosivos.
Tanto en la última ocasión como en las anteriores, las autoridades han atribuido los baños de sangre a ajustes de cuentas entre pandillas.
El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) describió el incidente del martes en una entrevista en la radio como una “pelea entre bandas, grupos delincuenciales que en la búsqueda del poder interno llegan a estos niveles”.
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Pero otros han apuntado al largo brazo del narcotráfico mexicano, que ha hallado en la nación sudamericana una lucrativa ruta de tráfico. La debilidad de las instituciones ecuatorianas es otro de los factores que señalan los expertos.
Según relató a The Associated Press el exdirector de inteligencia militar, coronel Mario Pazmiño, el sangriento amotinamiento evidencia que “el crimen organizado transnacional ha permeado la estructura del Estado”, cuya gobernabilidad ha sido “trastocada por la injerencia de carteles internacionales como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación”, que operan a través de bandas locales.
“Quieren sembrar el miedo”, aseguró Pazmiño.
En Ecuador, la población carcelaria se ha triplicado en los últimos 10 años y el 16% de esta no ha sido sentenciada, lo que según los expertos aumenta el hacinamiento en las prisiones.
Este hacinamiento es uno de los factores clave para explicar los motines, así como la falta de programas de reinserción social que le permitan a la población interna salir del ambiente delictivo, según el excoronel del Ejército.
