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Andrea Ruiz pidió protección en Puerto Rico contra su expareja y no fue escuchada. Su cuerpo calcinado fue hallado poco después

“Es frustrante que todos los casos no reciban los mismos recursos de la policía”, se quejó una reportera que lleva años cubriendo los feminicidios en la isla. El asesinato de Keishla Rodríguez, expareja de un boxeador famoso, desató un inusual despliegue de esfuerzos que, para algunos, no hubiera sucedido sin la prominencia del victimario.
/ Source: Telemundo

Andrea Ruiz Costas hizo todo lo que pudo para salvarse.

En dos ocasiones, la mujer de 35 años acudió a las autoridades en Puerto Rico para denunciar que su expareja la violentaba. La última de sus quejas fue el 26 de marzo, cuando se presentó ante una jueza municipal para pedir protección: dijo que el hombre la acosaba en su residencia y su trabajo, que la había atacado con un arma blanca y que la chantajeaba con publicar sus imágenes íntimas.

Ambas veces, la justicia no encontró "causa" para detener a Miguel Ocasio, un guardia de seguridad de 40 años que sostuvo con ella una relación consensuada durante ocho meses. Tampoco se emitió una orden de resguardo para la joven. 

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Su cuerpo calcinado fue hallado el jueves a orillas de una carretera del municipio de Cayey, en el centro de la isla. Lo encontró un recogedor de basura en horas de la mañana.

El estado de desfiguración del cuerpo de Ruiz Costas era tal, que los médicos del Instituto de Ciencias Forenses tuvieron que recurrir al análisis de sus placas dentales para poder identificarla. Poco depués, el organismo declaró la muerte como homicidio. 

Ese mismo día las autoridades actuaron, aunque ya era demasiado tarde: la expareja de la joven fue detenida en relación con el crimen. Ahora el hombre espera los cargos criminales tras las rejas, luego de no poder pagar la fianza fijada en poco más de un millón de dólares.

"Todos los casos no reciben los recursos de la policía"

La grave crisis de feminicidios en Puerto Rico, el Estado Libre Asociado de Estados Unidos en el que viven unos 3.3 millones de personas, alcanzó un nuevo momentum este fin de semana, no solamente por el asesinato de Andrea Ruiz Costas.

Keishla Rodríguez, una joven de 27 años, fue hallada sin vida el sábado en una laguna bajo el puente Teodoro Moscoso, cerca de la capital, San Juan. Rodríguez había sido reportada como desaparecida desde el jueves, después de que no se presentó a su trabajo en una peluquería para animales.

Su familia asegura que estaba embarazada del conocido boxeador boricua Félix Verdejo, apodado El Diamante, quien se entregó el domingo a las autoridades tras ser declarado persona de interés en el caso,  y permanecerá preso sin fianza por orden de una jueza.

Una denuncia penal presentada por el FBI acusa a Verdejo, quien está casado con otra mujer, de secuestrar a la chica, golpearla en el rostro e inyectarla con una jeringa llena de una sustancia no identificada. La acusación alega que le ató brazos y pies con alambre, y le amarró un tabique pesado antes de arrojarla desde un puente a las 8:30 am del jueves y de luego dispararle.

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A pesar de que el cuerpo de la víctima fue encontrado menos de una semana después del reporte de su desaparición, algunos boricuas han criticado el hecho de que, a diferencia de otros feminicidios como el de la propia joven quemada por su examante, el de Rodríguez contó con un inusual despliegue de esfuerzos y recursos del Gobierno, y que el estatus de figura pública del supuesto agresor fue determinante para la movilización.

“Es frustrante que todos los casos no reciban el mismo nivel de cobertura de los medios ni los recursos de la policía”, dijo a Noticias Telemundo Andrea González-Ramírez, una periodista puertorriqueña independiente que ha cubierto la escalada de violencia de género en la isla durante los últimos años.

El comisionado de la Policía, Antonio López, agradeció el domingo a los “más de 200 policías y a todos los fiscales y forenses" que trabajaron sin descanso para encontrar a la joven.  

González-Ramírez dice que esta operación titánica no es la norma en la isla donde, de acuerdo con el Observatorio de Equidad de Género local, solo en 2020 unas 60 mujeres fueron asesinadas. Esta cifra significó un aumento del 62% en los feminicidios con respecto al año anterior.

“¿Dónde están esos recursos para todas las demás mujeres?", cuestionó.

Puerto Rico ha registrado en las últimas décadas un alarmante aumento en hechos de violencia de género y feminicidios, que se acentuaron tras el paso del huracán María en 2017 y, más recientemente, con la crisis por el coronavirus. 

Antes de Andrea Ruiz Costas y Keishla Rodríguez, estuvieron Rosimar Rodríguez Gómez, Michelle Ramos Vargas, Alexandra Cardona Torrado, Suiliani Calderón Nieves, Marilyn Reyes Ayala, y otras decenas de mujeres que han perdido la vida luego de ser ignoradas por las autoridades cuando pidieron protección de un hombre. 

Según la División de Violencia Doméstica de la Policía de Puerto Rico, más de 5,500 mujeres reportaron haber sido víctimas de violencia doméstica durante 2020, aunque los grupos feministas creen que la cifra es mucho mayor.

Una isla en bancarrota

En los últimos años, la presión de activistas, personalidades de la política y la cultura, han logrado que los funcionarios tomen más responsabilidad sobre este problema ignorado históricamente. 

En enero, seis días después del hallazgo del cadáver de Angie Noemi González, quien apareció estrangulada en un barranco, la isla declaró un 'estado de emergencia' por feminicidio. La orden, que incluye aspectos sociales y educativos, permite al Gobierno tomar acciones urgentes y destinar fondos para enfrentar situaciones consideradas límite.

Cien días después de la declaración, activistas de la isla han denunciado que la orden han significado poco en la lucha para proteger a las mujeres de la violencia machista.

A gritos de '¿Dónde está el estado de emergencia?', decenas de personas tomaron las calles de San Juan esta semana para protestar por la respuesta de las autoridades.

"El Estado de Emergencia, que ha sido declarado pero no implementado", se quejó el grupo Colectiva Feminista en una convocatoria a las manifestaciones en La Fortaleza, el mismo escenario en que en 2019 los boricuas exigieron la renuncia del entonces gobernador Ricardo Roselló.

Pedro Pierluisi, el gobernador de la isla, reiteró el domingo su "compromiso con la lucha contra la violencia de género y con continuar poniendo la acción y los recursos donde está la palabra".

Sin embargo, Pierlusi reveló que la Junta de Supervisión Fiscal redujo la asignación para hacer frente a la violencia contra mujeres. De un presupuesto de 7 millones de dólares solicitados a la Junta, esta declaró que solo podía asignar 200,000 dólares. Las finanzas de Puerto Rico son controladas por esa entidad que responde al legislativo estadounidense y cuyas severas medidas de austeridad han impactado disímiles sectores de la isla.

"Además de la voluntad política y de que los feminicidios no fueron vistos como una prioridad hasta muy recientemente, en la isla faltan los recursos. Eso afecta la habilidad de las autoridades para hacer su trabajo”, señaló González-Ramírez.

Puerto Rico se declaró en quiebra en 2017 con el fin de reestructurar su multimillonaria deuda de más 70,000 millones de dólares. 

La isla vive una grave crisis económica, con una tasa de pobreza del 45%, un desempleo que dobla la media de Estados Unidos y una población que decrece por la emigración a Estados Unidos continental: a muchos sorprende el hecho de que hay más puertorriqueños que viven fuera de la isla (unos seis millones) que los que viven dentro. 

"Que sea lo que dios quiera"

Algunos boricuas también han criticado que, por ser una figura de interés público, ha sido el boxeador Verdejo el foco de atención, en lugar de la víctima.

"La prensa boricua no suele reseñar las desapariciones de mujeres" contó a Noticias Telemundo Cristian Serrano, quien reside en la barriada de Hato Rey, a unos 15 minutos del puente Teodoro Moscoso, donde fue encontrado el cuerpo de Rodríguez. “Algunos pensamos que ha habido hipocresía pues las noticias se han concentrado en él porque es una persona famosa”.

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Serrano no está seguro de que sea un elemento positivo, pero dijo que "a raíz del caso de Keyshla están reseñando en la prensa desapariciones de personas de hace un mes y más, que la prensa no mencionó en ningún momento”.  

A diferencia de una veintena de países latinoamericanos y caribeños, en Puerto Rico el feminicidio no está tipificado como delito. La actual ley de violencia doméstica deja desprotegidas a las mujeres que enfrentan situaciones de agresión fuera del hogar. En consecuencia, el Gobierno tampoco recoge estadísticas que permitan una mejor percepción del problema.

Noticias Telemundo Puerto Rico accedió este jueves a varios mensajes de audio que Andrea Ruiz Costas envió a una amiga pocos días antes de ser encontrada sin vida. En los mensajes describe el pánico hacia su expareja y cómo se sintió ignorada por la jueza cuando pidió que la protegiera.

“Siento ahora mismo que no tengo control de mi vida, porque no importa lo que yo haga: todo depende de él. De cómo me vigila, de que no puedo recibir visitas en mi casa", se quejó la joven. "Si voy a casa de alguien tengo que estar pendiente de que no me está siguiendo para saber dónde es la casa de esa persona. Que tenga las llaves de mi carro. En cualquier momento él se puede estar metiendo entonces en mi carro cuando yo estoy durmiendo por las noches y averiguándome el carro”.

Así describió su experiencia ante la jueza Sonya Nieves Cordero, y su falta de confianza en el sistema de justicia, cuando presentó la queja en una audiencia por videoconferencia a finales de marzo.

“Yo creo que ella en verdad dio 'no causa' porque lo que estaba era hastiada. Tenía una careta (mala cara)", se le oye decir a Ruiz Costas. "Ella estaba peleando con nosotros por la videollamada. Que sea lo que dios quiera, de verdad. Esto que me sirva de lección”.

 Mientras tanto, Maite Oronoz, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de la isla, dijo que ordenó investigar por qué la magistrada le negó una orden de protección a la joven  cuando fue a denunciar los maltratos de su expareja.

"Asumiremos nuestra responsabilidad sin excusas, rendiremos cuentas al país y haremos todo lo que corresponda. Tienen mi palabra”, dijo. “Estos feminicidios no son casos aislados, sino el resultado de una sociedad que normaliza la violencia contra la mujer a través de actitudes machistas y conductas aprendidas que se cuecen desde el hogar, el trabajo y la comunidad”.