Por Kathleen Foody - The Associated Press
El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, hizo público este martes un informe con los resultados de una amplia investigación de casos de abuso sexual en la Iglesia católica, destacando que al menos 451 religiosos abusaron de 1,997 niños entre 1950 y 2019, una cifra muy superior a las 103 víctimas que la jerarquía católica identificó en el inicio de la investigación en 2018.
“Es mi esperanza que este reporte arroje luz tanto sobre las violaciones de aquellos que abusaron de sus posiciones de poder y confianza para abusar de niños inocentes, como de la jerarquía que los encubrió”, dijo Raoul en la rueda de prensa en la que presentó los resultados de la investigación, reconociendo a los denunciantes que, al dar un paso adelante, la hicieron posible.
Según una investigación preliminar llevada a cabo por la predecesora de Raoul, la diócesis católica en Illinois solo consideró como "creíbles" un 26% de las denuncias que recibió y no investigó el 74% restante por considerarlas "infundadas".
En un comunicado publicado el martes, la Red de Sobrevivientes de los Abusados por Sacerdotes calificó el informe de “impresionante”, pero enfatizó que es probable que la cifra real de víctimas y abusadores sea mayor a la citada por los investigadores estatales.
"Los hechos citados en el reporte son incuestionables: cuando se inició la investigación en 2018, los jerarcas en cada una de las diócesis de Illinois cobijaron a los abusadores, se negaron a incluirlos en las listas de los acusados y no creyeron en la veracidad de las acusaciones de los supervivientes que se acercaron para levantar una denuncia", indicó en en comunicado.
"Para decirlo en una sola palabra, para nosotros fue repugnante que estos supuestos pastores mintiesen tan descaradamente", agregó.
El informe preliminar realizado por la predecesora de Raoul, Lisa Madigan, consideró que las seis diócesis de la iglesia habían hecho un trabajo inadecuado al investigar las denuncias y, en algunos casos, no las investigaron en absoluto ni notificaron a la agencia estatal de bienestar infantil. Las denuncias de abuso se remontan a varias décadas y algunos de los sacerdotes acusados ya han muerto, aunque el informe no incluye ciertos datos importantes como por ejemplo cuándo se presentaron las denuncias.
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El informe de Madigan no acusó a las diócesis de retener los nombres de los clérigos que la iglesia consideró que habían sido acusados de manera “creíble” o contra quienes se habían “confirmado” las denuncias de abuso, según los estándares de investigación de la propia iglesia. Sin embargo, sí señaló que la lista general de clérigos acusados era mucho más larga de lo que la iglesia había hecho pública.
La oficina de Madigan dijo que los problemas iban más allá de la falta de esfuerzo de la iglesia y que, en algunos casos, la iglesia incluso tomó represalias contra los denunciantes.
Los líderes de la iglesia de Illinois expresaron su pesar en ese momento por el abuso, pero señalaron los pasos que habían tomado para abordar lo que se ha convertido en una crisis internacional para la iglesia.
Madigan afirmó en 2018 que notificar a las autoridades es fundamental y señaló casos en los que las diócesis usaron información personal sobre personas para desacreditarlas a ellas y a sus denunciantes.
"Las etapas preliminares de esta investigación ya han demostrado que la Iglesia católica no puede controlarse a sí misma", dijo.
Otras investigaciones del Gobierno sobre casos de abuso sexual por parte del clero y la incapacidad de los líderes de la iglesia para responsabilizar a los perpetradores han sacudido a las arquidiócesis en otros estados, entre estos Pennsylvania y Maryland.
En su declaración del martes, la asociación de víctimas también pidió a otros fiscales generales y fiscales que inicien investigaciones similares de las diócesis católicas bajo su autoridad.
"Para muchos sobrevivientes, investigaciones seculares como esta abren la conversación, y ayudan a las víctimas a sanar y a las comunidades a comprender los horrores de su pasado y el riesgo que corren en el presente", indicó el grupo, "cuando el sistema legal no brinda justicia a las víctimas, las investigaciones estatales pueden ayudar a los ciudadanos y sobrevivientes a comunicar hechos esenciales sobre el flagelo mundial del abuso sexual infantil".