Bajo el argumento de que las ayudas federales están desincentivando el regreso al trabajo, un grupo de estados alrededor del país están tomando medidas para hacer más difícil el acceso a programas de ayuda alimenticia ampliados por el Gobierno para ayudar a las familias necesitadas durante la pandemia de COVID-19.
En Ohio, Arizona, Arkansas, Missouri, Mississippi y Montana, legisladores republicanos han propuesto establecer requisitos más restrictivos para calificar para la asistencia alimentaria de programas como el SNAP (bonos de comida o food stamps), el WIC (para madres y niños pequeños) y otro programa de ayuda que reemplazó a las comidas escolares gratuitas tras el cierre de las escuelas.
Estos programas para estadounidenses de bajos ingresos ya existían antes de la crisis sanitaria, pero el Gobierno los amplió y fortaleció para asistir a más personas afectadas y ofrecerles ayuda de emergencia.
Los esfuerzos de los republicanos por poner fin a la asistencia alimentaria por la pandemia tienen como contexto un reporte de la Oficina del Censo de Estados Unidos que asegura que más de 20 millones de adultos no tiene suficiente para comer en la semana, con alguna frecuencia.
Las acciones de algunos estados para terminar con las ayudas federales (o dejar expirar las órdenes estatales para emergencia por desastre) tienen como telón de fondo el intenso debate político sobre por qué muchas empresas alrededor del país están buscando empleados para sus puestos vacantes, pero no están recibiendo aplicantes. Algunos legisladores estatales también han argumentado que los programas de ayuda son tierra fértil para el aprovechamiento indebido y el fraude.
"Hay muchos empleos disponibles y, estos programas impiden que las personas busquen trabajo. Eso es algo que los estados quieren contrarrestar", dijo a The Washington Post Angela Rachidi, una académica del American Enterprise Institute, un organismo conservador.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell, dijo el miércoles en una conferencia de prensa que se espera que la expiración de los beneficios federales por desempleo durante los meses de verano empuje a más trabajadores a regresar a la fuerza laboral.
Las nuevas restricciones, por estado
En Ohio, los republicanos insertaron cambios de último momento al programa SNAP: ahora el estado requerirá que los beneficiarios informen cualquier cambio en sus ingresos que sea de más de $500. Y aquellos con $2,250 o más en sus cuentas de banco o que tengan automóviles valorados en más de $4,650 podrían perder el beneficio.
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En Arizona, los legisladores introdujeron un proyecto de ley para reducir la cantidad de personas que se inscriben al programa SNAP, cambiando los criterios de elegibilidad basaos en ingresos por hogar y otros factores. También propusieron exigir más papeles para documentar su elegibilidad.
En Missouri, los legisladores exigirán a los beneficiarios de SNAP que demuestren que han solicitado manutención infantil para poder obtener la ayuda o mantenerla. Mientras otro proyecto de ley busca imponer requisitos laborales para los beneficiarios.
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Por su parte, los legisladores de Arkansas promulgaron una ley que impide que el estado otorgue a los trabajadores desempleados tiempo adicional con beneficios de SNAP, algo que el Gobierno había implementado a nivel nacional debido a la pandemia. Otra ley también exigirá más documentos para determinar elegibilidad.
Y, tanto en Montana como en Mississippi, los legisladores introdujeron proyectos de ley para sumar requisitos de documentación que conducen a más dificultades para solicitar los beneficios o mantenerlos.
Acaban los pagos por desempleo en ocho estados
Un total de 25 estados ya han anunciado que comenzarán a rechazar los fondos federales para el pago semanal ampliado por desempleo, de $300. Esto a pesar de que el vencimiento oficial es el 6 de septiembre.
Se estima que la decisión que afectará a unos 4 millones de beneficiarios en total.
Ocho de esos estados, Alabama, Idaho, Indiana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Virginia Occidental y Wyoming, dejarán de pagar los $300 semanales tan pronto como este sábado, cuando más de 400,000 personas perderán el beneficio.
Los beneficios estatales por desempleo generalmente reemplazan la mitad del salario que el empleado estaba recibiendo antes de ser despedido. Los $ 300 adicionales a la semana, hicieron que alrededor del 42% de los trabajadores recibieran un salario igual o superior al que habían perdido.
Con información de The Washington Post