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Por qué el presidente tiene un poder tan limitado para indicar a los estados a quién deben vacunar… y muchas otras medidas

Los CDC piden que se vacune a todos los trabajadores esenciales, incluidos los profesores. Pero el poder del Gobierno federal tiene un límite, especialmente en temas de salud pública. Le explicamos por qué.

Por Alex Seitz-Wald- NBC News

El presidente, Joe Biden, quiere vacunar contra el coronavirus a los maestros para acelerar la reapertura de las escuelas. Pero más de la mitad de los estados no están escuchando su ruego y no han convertido al personal educativo en una prioridad para la inmunización. Esto pone de relieve los limitados poderes del Gobierno federal, incluso durante una devastadora pandemia.

"No puedo establecer a nivel nacional quién entra en la fila [de espera], cuándo y primero. Esta es una decisión que toman los estados", aseguró Biden el viernes, "yo puedo recomendar".

Según la Constitución, los poderes del Gobierno federal son de gran alcance pero no lo abarcan todo. Los estados siempre han tenido el control sobre la salud y la seguridad pública, desde la vigilancia de los delitos hasta el control de las enfermedades infecciosas, incluida la distribución de las vacunas contra el coronavirus que Washington ayudó a crear y cuyo suministro controla.

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El hecho de que Estados Unidos tenga el mayor número de fallecidos por la pandemia en todo el mundo ha renovado las críticas al sistema federalista que ha permitido a los estados hacer lo que quieran, con enfoques muy diferentes y resultados muy distintos.

"Hay un argumento bastante sólido de que la confusión que hemos creado ha costado vidas humanas", aseguró Donald Kettl, profesor de la Universidad de Texas y autor del libro Los Estados Divididos de América: Por qué el federalismo no funciona. "

A veces pagamos un precio muy alto por dejar que los estados sigan su propio camino", añadió.

Y añadió: "Los fundadores eran muy conscientes de que fue un conjunto de estados el que consiguió ganar la Guerra de Independencia. Si se traslada eso al futuro, se termina con este mosaico de diferentes prioridades en materia de vacunas, mandatos del uso de la mascarilla y normas de toque de queda, porque el Gobierno federal no puede obligar a los estados a hacer cosas."

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El Gobierno federal y los estados llevan 230 años en un tira y afloja casi constante —a veces violento, como durante la Guerra Civil—, muchas veces arbitrado por la Corte Suprema, que ha dictaminado que son los estados los que tienen "la autoridad para velar por la salud, la seguridad y la moral pública".

Los tribunales federales —no el Gobierno federal— han podido ejercer su voluntad sobre los estados en cuestiones que van desde la segregación escolar, hasta el aborto y el derecho al voto. Pero las escuelas, las clínicas de aborto y las elecciones siguen siendo dirigidas o reguladas por los estados.

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"En resumen, la ejecución de las intervenciones de salud pública reside, en realidad, en el nivel estatal y local", dijo Josh Michaud, director asociado de política sanitaria global de la Fundación Kaiser Family, que no es partidista. "Ese ha sido el modelo desde hace mucho tiempo en nuestra república" agregó.

 La Ley de Asistencia Asequible es una mezcla de incentivos y mandatos porque, en parte, se construyó para cumplir con las complejidades del federalismo estadounidense, por ejemplo, dando a los estados la responsabilidad de establecer sus propios intercambios de seguros.

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La Corte Suprema estuvo a punto de acabar con la ley por coaccionar inconstitucionalmente a los estados para que ampliaran sus programas de Medicaid. El máximo tribunal encontró una solución en la que la ampliación de Medicaid se convirtió en un incentivo federal, en lugar de un mandato federal. Pero 12 estados se han negado legalmente a unirse a la expansión.

En lo que respecta a la lucha contra las enfermedades infecciosas, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) proporcionan orientación sobre cuestiones sanitarias a los estados, que delegan gran parte de su autoridad aún más en los condados y municipios.

"En el sentido positivo, esto significa que el sistema puede responder a las condiciones locales basándose en las personas que mejor las conocen", dijo Michaud, "pero también deja abierta la posibilidad de desigualdad y mayor riesgo del virus por la falta de una respuesta coordinada y eficaz".

El año pasado, Dakota del Sur desafió las directrices federales contra las concentraciones masivas para permitir que se celebrara una concentración masiva de motociclistas. Desde entonces se ha relacionado con más de 250,000 infecciones por coronavirus en todo el país.

Durante la pandemia de gripe de 1918, Philadelphia permitió que se celebrara un desfile masivo y su número de muertos superó los 10,000, mientras que Sant Louis prohibió las concentraciones masivas y mantuvo su número de muertos por debajo de los 700. Washington desempeñó un escaso papel en esa pandemia —los CDC se formaron hasta 1946— y el entonces presidente Woodrow Wilson nunca hizo una declaración pública sobre el virus, que mató a más de 650,000 personas en Estados Unidos.

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Hoy en día, los estados pueden decretar el uso de la mascarilla, pero muchos cuestionaron la constitucionalidad del mandato nacional propuesto por Biden. En lugar de ello, terminó emitiendo mandatos de mascarilla para las propiedades federales y los viajes interestatales, como los aviones y los autobuses, sobre los que los tribunales han dictaminado desde hace tiempo que el Gobierno federal tiene autoridad.

Los CDC no pueden obligar legalmente a los estados a poner en marcha la vacunación contra el COVID-19 con una prioridad determinada, señaló Sarah Gordon, profesora adjunta de derecho y política sanitaria en la Universidad de Boston.

"En realidad están bastante limitados en lo que pueden hacer", precisó Gordon. "La separación federalista de la autoridad sanitaria pública nacional frente a la local en Estados Unidos ha obstaculizado, en repetidas ocasiones, una respuesta rápida y eficaz a la pandemia", aseguró.

En teoría, Biden podría recortar el suministro de vacunas a los estados, algo que el expresidente Donald Trump amenazó con hacer en respuesta a las críticas del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Pero esto causaría un revuelo y la nueva Administración ha optado, en cambio, por una simple fórmula de asignación basada en la población adulta de cada estado. Y puede establecer sus propios centros de vacunación en las regiones con poblaciones elegibles a las que quiere llegar.

Pero incluso algunos gobernadores demócratas han optado por ignorar las directrices federales y establecer sus propias prioridades de vacunación.

Los CDC piden que se vacune a todos los trabajadores esenciales, incluidos los profesores, antes de pasar a los menores de 75 años. Pero varios estados han optado por vacunar primero a los mayores de 65 años y a los que tienen enfermedades preexistentes.

"Vamos a basarnos en la definición de trabajador esencial de los CDC. Pero se trata de mucha gente, incluidos los profesores", dijo el gobernador de Connecticut, Ned Lamont. "No estoy seguro de que se traslade a la abuela al final de la fila para poder dar prioridad [a los profesores]", añadió.

Jon Valant, investigador de la Brookings Institution que estudia la política educativa, dijo que la herramienta más eficaz de Biden para empujar a los estados a vacunar a los profesores podría ser el púlpito.

"Lo que el Gobierno federal puede hacer es sobre todo una combinación de orientación, cobertura y presión", dijo. "Los sindicatos de profesores pueden ser un pararrayos, y si estás dando prioridad a los profesores porque el CDC o el gobierno federal lo dicen, te ayuda a protegerte de las críticas", añadió.