La moratoria que impedía desalojar a las personas que no pudieran pagar la renta debido a la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus expiró el sábado 31 de julio, y casi cuatro millones de familias, muchas de ellos latinas, están riesgo de perder sus hogares desde este lunes, pero tanto el Congreso como la Casa Blanca parecen incapaces de negociar una nueva ampliación de la moratoria que evite esta tragedia socioeconómica.
El presidente, Joe Biden, indicó el pasado jueves que no intentaría prorrogar de nuevo la moratoria debido a una decisión de la Corte Suprema que, según dijo, se lo impedía, y dejó esa responsabilidad pues al Congreso, pero la Cámara de Representantes (con mayoría demócrata), tras negociar durante horas el viernes se marchó de vacaciones de agosto sin acuerdo.
Este lunes, su presidenta, la demócrata Nancy Pelosi, y un grupo de congresistas de ese partido devolvieron la pelota a la Casa Blanca: "Es necesario actuar y debe venir de la Administración", reclamó a través de la red social Twitter.
"El presidente pidió al Congreso que aprobara una prórroga de la moratoria de desahucios. Lamentablemente, está claro que el Senado no es capaz de hacerlo y cualquier legislación en la Cámara, por lo tanto, no será suficiente para extender la moratoria", expresó Pelosi.
Lo cierto es que la Cámara de Representantes, que ella preside, no fue capaz de lograr un acuerdo, que habría podido imponer con la mayoría demócrata, dejando la responsabilidad al Senado (donde sí es necesario el apoyo de los republicanos porque la mayoría demócrata allí es mínima).
La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez fue muy crítica con el desarrollo de los acontecimientos. "No podemos culpar de buena fe al Partido Republicano cuando los demócratas de la Cámara de Representantes tienen mayoría" y no llegaron a una solución, dijo a la cadena CNN.
Pelosi, por su parte, aseguró este lunes: "Los líderes de la Cámara de Representantes piden a la Administración que amplíe inmediatamente la moratoria. Mientras los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades redoblan sus esfuerzos en el uso de mascarillas y la vacunación, la ciencia y la razón exigen que también amplíen la moratoria a la luz de la variante delta. Hacerlo es un imperativo moral".
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"El virus sigue siendo una amenaza. La moratoria debe extenderse y los fondos que el Congreso asignó para ayudar a los inquilinos y propietarios deben ser gastados. La prórroga de la moratoria se basa en la salud pública y en la variante delta. También dará tiempo a que fluya el dinero que el Congreso asignó", concluyó la presidenta de la Cámara de Representantes.
Pelosi se refería a la necesidad de extender la medida para dar más tiempo a que los 46,500 millones de dólares en ayudas aprobados por el Congreso, y que hace tiempo que la Administración transfirió a los estados y Gobiernos locales, sean distribuidos a las personas que lo necesitan y así evitar que pierdan su hogar.
El Gobierno federal esperaba que el histórico paquete de ayudas lograra evitar una crisis de desahucios. Pero la distribución ha sido muy lenta. Hasta junio solo se habían entregado unos 3,000 millones de dólares del primer tramo de 25,000 millones. Otros 21,500 millones de dólares irán a parar a los estados.
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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades establecieron en verano de 2020 la prohibición de desalojar a personas con retrasos en el pago de su hipoteca o alquiler como parte de la respuesta a la pandemia, que provocó que muchos trabajadores perdieran sus empleos o vieran disminuir sus ingresos. La medida tenía el objetivo de frenar la propagación del virus entre personas que terminaran en la calle y llegaran a refugios.
La moratoria fue extendida posteriormente, pero el pasado mes de junio la Corte Suprema permitió que se mantuviera hasta julio dejando claro que bloquearía cualquier extensión posterior a menos que tuviera “una autorización clara y específica del Congreso”.
"Inquilinos con dificultades [para pagar la renta] se enfrentan ahora a una crisis sanitaria y a una crisis de desalojo", dijo Alicia Mazzara, analista de investigación del Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas, a la agencia de noticias The Associated Press.
"Sin la moratoria de los CDC, millones de personas corren el riesgo de ser desalojadas o de quedarse sin hogar, aumentando su exposición al COVID-19 justo cuando los casos están aumentando en todo el país", agregó, "los efectos recaerán fuertemente en la gente de color, particularmente en las comunidades negras y latinas, que se enfrentan a un mayor riesgo de desahucio y a más barreras para la vacunación".
Laura Landry perdió sus dos empleos cuando fue hospitalizada en marzo de 2020 tras infectarse. Se acogió entonces a una medida que permitía a los titulares de hipotecas respaldadas por el Gobierno federal para aquellos que tenían dificultades para pagar cada mes. Actualmente debe 20,000 dólares por su casa en New Orleans y no sabe qué le ocurrirá.
"Que nos permitieran beneficiarnos de este plan de contención fue una bendición", explicó Landry al diario The Washington Post. "Pero luego, cuando piensas que tienes que volver a hacer todos esos pagos a la vez, es cuando la realidad te despierta", aseguró preocupada.
Algunos tienen sus propias moratorias, como en California, donde acaba el 30 de septiembre, en Nueva York y Nueva Jersey el 31 de agosto (dependiendo del ingreso), en Hawaii el 6 de agosto, y en Maryland, el 15 de agosto, entre otros.