El presidente, Donald Trump, firmó el martes una orden ejecutiva que otorga a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) la autoridad para detener hasta el 31 de diciembre los desalojos provocados por la crisis del COVID-19.
La medida implica que las personas que tienen problemas para pagar la renta a causa del coronavirus no tendrán que preocuparse por ser desalojadas y correr el riesgo de propagar la enfermedad o exponerse a ella, señaló Brian Morgenstern, subsecretario de prensa de la Casa Blanca,
La decisión impondrá cargos criminales a aquellos propietarios de vivienda que expulsen a sus inquilinos si estos demuestran que no pueden pagar la renta.
Un funcionario de la Administración precisó que los inquilinos deben pagar una parte de la renta, en caso de ser posible. Estos seguirán debiendo la renta acumulada y se enfrentarán a sanciones si no pagan.
Es decir, esta medida no exime del pago de la renta, solo evita los desalojos.
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La orden de los CDC también estipula que los inquilinos pueden "seguir siendo desalojados por razones que no sean el pago del alquiler o el pago de la vivienda".
Los inquilinos cubiertos por la orden ejecutiva deben cumplir cuatro requisitos:
- Tener un ingreso máximo de 198,000 anuales para parejas que presentan una declaración fiscal conjunta, o 99,000 dólares para los contribuyentes solteros.
- Demostrar que han buscado ayuda del Gobierno para realizar sus pagos de la renta.
- Declarar que no pueden pagar la renta a causa de las dificultades provocadas por el COVID-19.
- Afirmar que es probable que se queden sin hogar si son desalojados.
El Departamento del Tesoro calcula que la medida beneficiará a unos 40 millones de inquilinos.
Para otros, esta medida solo posterga los desalojos, no los impide. “Aunque una moratoria a los desahucios es esencial, es una medida insuficiente que extiende un precipicio financiero para que los inquilinos caigan en él una vez que expire la moratoria y vuelvan a deber la renta”, tuiteó Diane Yentel, presidenta y directora general de la Coalición Nacional de Viviendas para Personas de Bajos Ingresos.
"El Congreso y la Casa Blanca deben volver a negociar y aprobar una ley con al menos 100,000 millones de dólares en ayuda al alquiler de emergencia", añadió.
Según un reporte reciente del centro de investigación Instituto Aspen, más de 20 millones de arrendatarios viven en hogares que han sufrido pérdida de empleos a causa del COVID-19 y concluyó que millones más están en riesgo de ser desalojados en los próximos meses.
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La medida del gobierno se deriva de una orden ejecutiva que el presidente emitió a principios de agosto.
Y busca prolongar otra que el Congreso aprobó en marzo y que expiró al terminar julio; como también ha ocurrido con las medidas impuestas por muchos estados en ese sentido: solo 18 territorios mantienen todavía alguna protección contra el desahucio debido a la crisis del coronavirus.
Si usted afronta problemas para pagar su renta debido a la pandemia, puede enviar sus preguntas al email coronaviruspreguntas@nbcuni.com y trataremos de responderlas en nuestra cobertura.
Con información de The Associated Press, Efe y The Washington Post.