Por Pete Williams - NBC News
La mayoría conservadora de la Corte Suprema envió señales este viernes de que es muy poco probable que permitan a la Administración Biden imponer medidas destinadas a ayudar a detener la propagación del COVID-19 en los espacios de trabajo de la nación.
El máximo tribunal escuchó más de tres horas de argumentos, durante una sesión inusual de emergencia para estudiar apelaciones relacionadas con el mandato federal de vacunación para algunos trabajadores sanitarios y otros millones de empleados.
Varios magistrados conservadores sugirieron que no creen que el Gobierno tenga la autoridad de imponer requisitos federales de vacunación contra el COVID-19 o de pruebas para las grandes empresas y el mandato inmunización para algunos trabajadores de la salud.
No estaba previsto que los jueces volvieran a la sala hasta el 10 de enero, pero a finales del mes pasado acordaron abordar las apelaciones de emergencia relacionadas con los requisitos federales de vacunación o de pruebas de COVID-19 para las grandes empresas y el mandato de vacunación para algunos trabajadores de la salud.
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En los últimos meses, el tribunal se ha negado a bloquear los mandatos de vacunación para los estudiantes de la Universidad de Indiana, los profesores de Nueva York y los trabajadores sanitarios de Maine, Massachusetts y Nueva York.
Se trataba de normas impuestas por los estados, que tienen autoridades más amplias, conocidas como poderes policiales, para proteger la salud pública.
Pero en la última legislatura, el tribunal dijo que la ley federal no permitía a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) imponer una prohibición de desalojos en todo el país. Los casos que se estudiaron este viernes tienen que ver con las autoridades específicas de otras dos agencias federales.
El tribunal estudiará si la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA, por su sigla en inglés) tiene potestad legal para exigir que las empresas con 100 o más empleados se aseguren de que éstos están vacunados o de que los trabajadores no vacunados lleven mascarillas y muestren resultados negativos en las pruebas de COVID-19 al menos una vez a la semana. Los empleados que trabajan en casa, solos o al aire libre están exentos.
Los estados y las empresas que se oponen a la norma la demandaron, argumentando que el Congreso nunca dio a la OSHA la autoridad para emitir un requisito tan amplio a nivel nacional. En una avalancha de escritos legales, alegaron a la Corte Suprema que la norma obligará a miles de trabajadores a renunciar y buscar trabajo en empresas más pequeñas para evitar los requisitos de vacunación o de pruebas de coronavirus.
Algunas compañías no tendrán más remedio que despedir a los trabajadores vacunados para seguir siendo solventes, según un escrito presentado por una coalición de empresas de panadería, transporte y químicas.
“El mandato causará escasez inmediata en las tiendas de comestibles, escasez de productos domésticos y comerciales, y languidecientes fallos en las infraestructuras críticas”, señala el escrito.
Pero el Departamento de Justicia comunicó al tribunal que el Congreso otorgó a la OSHA la autoridad para imponer normas de emergencia, puesto que ya determina cuándo los empleados están expuestos a un grave peligro de toxinas determinadas como físicamente dañinas. El COVID-19 cumple claramente esa prueba, dado que ya ha matado a más de 800,000 personas en Estados Unidos, según el Gobierno.
La OSHA calcula que el requisito salvará más de 6,500 vidas y evitará 250,000 hospitalizaciones en los próximos seis meses.
Crisis en los centros rurales
Los jueces también escucharán las impugnaciones durante la sesión de argumentos de este viernes a una norma federal separada que exige la vacunación de los trabajadores de la salud que tratan a pacientes de Medicare y Medicaid. Dos tribunales federales de apelación bloquearon su aplicación en 24 estados, pero está en vigor en los 26 restantes.
Los estados que se oponen a la exigencia dicen que la ley federal otorga al secretario de Salud y Servicios Humanos autoridad para imponer normas generales de salud y seguridad para instalaciones como los hospitales, pero eso no incluye la facultad de exigir a los empleados que se vacunen. La agencia que administra Medicare y Medicaid nunca antes había exigido la vacunación.
El Hospital del Condado de Cherry, en Valentine, Nebraska, por ejemplo, prevé que 50 de sus 159 empleados abandonen sus puestos, según un escrito presentado por Douglas Peterson, fiscal general del estado, y Eric Schmitt, fiscal general de Missouri.
En lugar de mejorar la calidad de la atención, la norma “amenaza con crear una crisis en los centros sanitarios de las zonas rurales de Estados Unidos”, donde las tasas de vacunación entre los trabajadores sanitarios son las más bajas, según el escrito.
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Pero el Departamento de Justicia, en su escrito presentado al tribunal, dijo que el secretario de salud tiene una amplia autoridad para imponer los requisitos necesarios para proteger la salud y la seguridad de los pacientes.
“Es difícil imaginar una condición de salud y seguridad más paradigmática que la exigencia de que los trabajadores de hospitales, residencias de ancianos y otros centros médicos tomen la medida que más eficazmente evite la transmisión de un virus mortal a pacientes vulnerables”, señaló el departamento.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, argumentó el jueves que los requisitos de COVID-19 de la Administración son herramientas vitales en la lucha contra la pandemia.
“La necesidad y la urgencia de estas políticas es mayor que nunca, y confiamos en la autoridad legal de ambas políticas”, apuntó Psaki en un comunicado.
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El tercer requisito de vacunación de Biden, para los contratistas federales, está en suspenso en todo el país, bloqueado por orden de un juez federal de Georgia.