“Fue una lucha muy grande conmigo mismo". Este indocumentado dio positivo al COVID-19 pero decidió seguir trabajando pese al riesgo

Cuando trabajadores de esta pastelería se enfermaron, hicieron un pacto de silencio pese al riesgo para sus vidas y las de sus clientes. Su jefe también enterró el tema. El miedo a perder el salario fue superior, pero ¿es legal? ¿Hicieron bien?
Los centros de trabajo no tienen un mecanismo para saber que un empleado está infectado, a menos que este lo informe voluntariamente.
Los centros de trabajo no tienen un mecanismo para saber que un empleado está infectado, a menos que este lo informe voluntariamente. Edda León

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/ Source: Telemundo
By Jorge Carrasco

A nadie le convenía que cerrara el negocio: ni al dueño ni a los trabajadores, casi todos inmigrantes indocumentados inelegibles para el cheque de 1,200 dólares y otras ayudas federales.

Por eso, cuando la cocinera de esta pastelería en Miami, Florida, comenzó a sufrir una fiebre muy alta y dio positivo al COVID-19 a principios de julio, todos los trabajadores del local lo comentaron nerviosamente en secreto, pero llegaron al pacto tácito de ignorarlo y no dejaron de ir a trabajar.

El dueño también enterró el tema, a pesar de que la cocinera infectada había estado, como de costumbre, en contacto estrecho con el resto de los casi 10 empleados del angosto local.

"Nadie comunicó de manera formal que había un positivo entre el grupo, ni que debíamos hacernos la prueba para descartar que la enfermedad se siguiera regando. Todos actuamos como si el virus no existiera", cuenta Saúl, un indocumentado cubano de 29 años que despacha en la pastelería y cuyo nombre fue cambiado por privacidad.

El miedo a perder el empleo y no poder conseguir otro, dice, fue más fuerte que el miedo a la pandemia misma.

Aunque no sabía exactamente qué hacer con los resultados, esa misma semana Saúl hizo una visita mañanera al abarrotado Centro de Salud Comunitario de Miami Beach, donde se sometió al examen del hisopado de manera gratuita. Cinco días después, el Centro le envió un mensaje de texto notificándole que era positivo al COVID-19.

Los trabajadores indocumentados no fueron incluídos en el primer paquete de alivio económico del Congreso y las conversaciones para el segundo indican que tampoco serán tomados en cuenta. Los Angeles Times via Getty Imag

Entonces tuvo que tomar una especie de decisión de Sofía, con la que no había manera de salir ganando: seguir trabajando para ganar un cheque imprescindible, a expensas de contagiar a sus compañeros y a los clientes de la pastelería, o dejar de trabajar hasta recuperarse y correr el riesgo de perder su renta y su trabajo de manera definitiva.

“Fue un conflicto interno muy grande. Una lucha conmigo mismo”, recuerda el joven, quien solo le comentó de su diagnóstico a una compañera de trabajo, “estaba ante una decisión práctica o una decisión moral. Lo pensé mucho, pero me dije: 'tengo que seguir trabajando”.

Por esos días Florida —y en específico el condado sureño de Miami-Dade— había desplazado a Nueva York para convertirse en el punto más caliente de la crisis sanitaria por el coronavirus en Estados Unidos, y los casos diarios se contabilizaban en las cinco cifras.

Una plétora de negocios, pequeños y grandes, habían quebrado o estaban a punto. Casi 20 millones de estadounidenses estaban solicitado beneficios por desempleo, una cifra que luego se incrementaría en más de un 50%.

Ese alivio financiero, sin embargo, no aplicaba a Saúl ni a muchos de sus compañeros de trabajo en la pastelería.

El paquete de ayuda económica aprobado por el Congreso en marzo excluyó a los indocumentados como él, incluso a los que pagan impuestos. Sus cónyuges tampoco fueron elegibles para el cheque de 1,200 dólares, exceptuando unos pocos estados como California o Nueva York donde recibieron algún apoyo para renta y poco más. 

La propia cocinera de la pastelería, dice Saúl, hizo un esfuerzo sobrehumano para continuar yendo al trabajo incluso con síntomas fuertes, pues necesitaba el dinero.

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No está claro si, además de ellos dos, otros trabajadores o clientes se infectaron por las interacciones en el pequeño local, donde los empleados —con mascarillas y guantes— van y vienen por el estrecho pasillo detrás del mostrador, durante las ocho horas o más en las que coinciden casi a diario.  

Los empleados más vulnerables

Algunos dueños de pequeñas empresas en el sector de los servicios, como el de la pastelería donde trabaja el cubano, han presionado a los trabajadores indocumentados para que sigan generando ingresos al negocio, incluso cuando representan un riesgo de propagación de la pandemia.

El jefe de Saúl, por ejemplo, supo del potencial brote en la cafetería y, lejos de recomendar exámenes de diagnóstico o urgir a los trabajadores a que se autoaislaran en casa, les pidió “lealtad” durante la mala racha para que la pastelería no cerrara.

A inicios de marzo, cuando la pandemia comenzaba y el uso de mascarillas en los lugares públicos cerrados no era aún obligatorio —pero sí recomendado— Saúl había asistido al trabajo con una mascarilla.

“Mis compañeros se burlaron de mí y el dueño me dijo que me la quitara, porque podía espantar a los clientes”, explica.

Por eso en julio, en medio de la caída de las ventas tras la cuarentena y el desplome del turismo, dice el joven, él y sus compañeros evitaron expresar cualquier preocupación por el virus. Entre el temor a represalias, el agradecimiento por haber conseguido empleo sin papeles y la necesidad de un cheque, Saúl y los demás se quedaron.

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Que el dueño se enterase de que al menos la cocinera había dado positivo al COVID-19 fue casualidad.

Un portavoz del Departamento de Trabajo en Florida dijo a Noticias Telemundo que no existe un sistema o protocolo para que los empleadores se aseguren de que todos sus empleados están libres del virus.

Los centros de diagnóstico del COVID-19 no reportan los resultados a los lugares de trabajo, de manera que queda a la responsabilidad individual de cada empleado informar a sus supervisores si dieron positivo.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) solo “recomienda” que los trabajadores informen si han dado positivo, para que sus supervisores puedan tomar “medidas, como limpieza y desinfección, con el fin de proteger a otros empleados”.

Por otra parte, los empleadores no están obligados a decirles a sus trabajadores cuál de sus compañeros está infectado, debido a la confidencialidad que demanda la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Los empleadores sí tienen la obligación de garantizar “un lugar de trabajo libre de peligros conocidos para la salud y la seguridad”, dijo el portavoz.

La Guía de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para empresas y empleadores recomienda a estos determinar qué empleados pueden haber estado expuestos al virus e informar al resto del personal sobre una posible exposición, sin mencionar nombres.

En el caso de la pastelería donde trabaja Saúl, esto habría requerido que la totalidad de los empleados fueran puestos en cuarentena, pues todos habían estado en contacto con la cocinera y con él.  

Consecuencias legales

Con este escenario de fondo, y tomando en cuenta la renuencia de algunos empresarios a cerrar sus negocios por falta de empleados, es posible que la pandemia se haya estado propagando silenciosamente en algunos centros de trabajo, sobre todo en el sector de los servicios, donde la interacción física directa con los clientes es una constante.

Pero, tanto los empleadores negligentes como los trabajadores que deciden no informar que dieron positivo, poniendo en riesgo a otros, enfrentan consecuencias legales que pueden incluir penas de cárcel, tiempo de libertad condicional o multas, asegura el abogado Adam Rossen, de la firma Rossen Law Firm, con sede en Florida.

Las autoridades federales están tratando al COVID-19 de manera similar a otras infecciones como el VIH o las enfermedades de transmisión sexual: su contagio deliberado se considera un “delito grave”, y puede ser penalizado con un máximo de 5 años en prisión, libertad condicional o una combinación de ambas.

“Las personas que a propósito infecten a otros están cometiendo un crimen y pueden ser procesadas. El Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) aseguró que estas pueden incluso ser acusadas de terrorismo doméstico”, explica Rossen, “todo depende de las especificidades de cada caso y de cuán creativos quieran ponerse los fiscales”.

En efecto, a finales de marzo el fiscal general adjunto Jeffrey Rosen dijo en un memorando que el coronavirus parecía “cumplir con la definición legal de agente biológico".

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En Estados Unidos varias personas han sido acusadas de propagación de pandemia. Entre ellas, un joven de Missouri que publicó un video en el que pasaba la lengua a varios desodorantes en un Walmart mientras preguntaba de forma retadora: “¿Quién teme al coronavirus?”.

Otro hombre de Nueva Jersey que tosió en la cara de una empleada en el mercado Wegmans y luego le dijo que estaba infectado también tuvo que enfrentar a la justicia.

Pero no solo quienes infectan a otros deliberadamente pueden ser acusados de propagar el virus.

Rossen dice que las personas infectadas como Saúl, cuya conducta pueda ser interpretada como “negligente o de indiferencia hacia la vida humana o la seguridad de otros” pueden enfrentar cargos por negligencia culpable, lo que se considera un delito menor.

Si el cliente de un determinado establecimiento como la pastelería donde trabaja el cubano en Miami puede probar que se infectó en el local, también tiene la potestad para demandar al negocio por lesiones personales. Los empleados que se infecten en su centro de trabajo también pueden tomar esta misma acción.

Desde el comienzo de la pandemia en Estados Unidos, las empresas aseguradoras y los abogados han sido testigo de un semillero de litigios de esta naturaleza. Lo que se espera, asegura Rossen, es que los pleitos continúen aumentando. Por esta razón, la comunidad legal ha expresado preocupación de que, además de la crisis sanitaria y económica aparejada al coronavirus, el país tendrá que lidiar con el drama adicional de las demandas por liability (responsabilidad legal).

Este es uno de los tantos puntos de desacuerdo que mantienen estancadas las conversaciones entre republicanos y demócratas en el Congreso para la aprobación de un segundo paquete de alivio económico. A través de su propuesta de Protección de Responsabilidad Civil, los republicanos quieren blindar a las empresas de cualquier acción legal por parte de empleados o clientes que se contagiaron en el lugar, mientras los demócratas se oponen a este escudo legal.

Resultados contradictorios generan desconfianza

Un día antes de recibir el texto en el que le decían que su prueba del COVID-19 era positiva, Saúl escuchó un confuso mensaje de voz de un funcionario del Centro de Salud Comunitario de Miami Beach en el que le aseguraban que su muestra era “no reactiva”, lo que equivale a decir que no era suficiente para arrojar un resultado definitivo.

“Cuando al día siguiente me dijeron basándose en la misma prueba que sí estaba contagiado, no lo tomé en serio”, dice, “pensé que la falta de aire, la agitación leve y el dolor de cabeza eran producto de la siquis o el cansancio que uno tiene todo el tiempo”.

Además de la necesidad del cheque y el miedo a perder el empleo, la falta de confianza en la prueba lo alentó a no dejar de trabajar a pesar del diagnóstico.

Desde el comienzo de las pruebas masivas en el país —cruciales para detectar la enfermedad y rastrear contactos—, los falsos negativos y falsos positivos no han sido infrecuentes, lo cual ha generado escepticismo entre la población, así como falsas sensaciones de seguridad o inseguridad.

A mediados de julio, Florida incluso llegó a registrar casos de personas que recibieron resultados positivos a pruebas de coronavirus a las que nunca se sometieron. Estas personas fueron a los centros de examinación, se registraron con su información personal, pero terminaron marchándose sin dar una muestra debido a las largas filas. El escándalo socavó aún más la confianza en los exámenes.

“Que des positivo cuando no se envió ninguna muestra (a un laboratorio) es problemático. Así que lo he escuchado lo suficiente como para preocuparme", reconoció el gobernador republicano Ron DeSantis durante una conferencia de prensa ese mes. 

Johann Torres, director médico del Centro de Salud Comunitario donde Saúl se sometió a la prueba molecular, dice a Noticias Telemundo que no pueden ofrecer información sobre qué porcentaje de las 100 pruebas que allí se realizan diariamente han arrojado resultados erróneos.

La prueba molecular —también conocida como hisopado o PCR— es “la más confiable” de las dos que ofrecen, según Torres. La rápida, denominada Abbot, es capaz de arrojar resultados en 15 minutos. Se ha usado entre funcionarios de la Casa Blanca luego de su aprobación de emergencia en marzo, pero estudios han demostrado que su potencial de fallo es de hasta el 48%.

“Sabemos que las pruebas rápidas son geniales para detectar los positivos, pero no tanto para los negativos. Por eso es que, en la medida de lo posible, hacemos la segunda prueba (del hisopado), que puede llegar positiva días después”, explica. “Les decimos a todos los pacientes que se hacen la rápida que pueden confiar en los resultados si son positivos. Si son negativos, deben esperar a que regresen los resultados de la otra”.

DeSantis —quien ha sido cuestionado por ser uno de los últimos gobernadores en imponer restricciones al inicio del brote— también criticó la peligrosa demora de los resultados de las pruebas.

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A más de seis meses del comienzo del brote en Estados Unidos, no es infrecuente que los resultados tarden hasta 10 días en regresar, lo cual es alrededor de cinco veces más lento que al inicio de la pandemia, cuando los laboratorios encargados de procesar las muestras aún no sufrían cuellos de botella.

Por ejemplo, el laboratorio de referencia Quest Diagnostics, que ha realizado alrededor de una de cada cinco pruebas de COVID-19 en Estados Unidos, tiene un tiempo de espera promedio de una semana o más. Algunas personas han tenido que aguardar hasta dos semanas por sus resultados, dijo el laboratorio en un comunicado al sitio de noticias Vox.

Tomando en consideración cuán altamente contagioso es el nuevo coronavirus —los CDC aseguran que se propaga incluso con más eficiencia que otros virus como la influenza— las demoras han hecho más difícil controlar el aumento de casos, pues a falta de una confirmación temprana de que en efecto se contagiaron, las personas suelen continuar con su vida normal.

“Algo me decía que yo no lo tenía. Para mí, la prueba que me hicieron esa primera vez no fue seria”, dice Saúl, cuyo escape ético a seguir yendo a trabajar a pesar del diagnóstico positivo fue extremar medidas sanitarias como el lavado de las manos y repetirse el examen algunos días después, en una clínica diferente.

Se sometió a la segunda prueba un viernes, cuando ya había trabajado algunos días contagiado, de acuerdo con el diagnóstico oficial. Los resultados llegaron el martes y esta vez eran negativos.

“A los que me juzgan por haber seguido trabajando con un resultado positivo les diría que es muy difícil ponerse en los zapatos de alguien más. La población indocumentada se siente muy vulnerable, porque no contamos con ayudas. Los indocumentados no existimos: Trump quiere hasta no contarnos en el Censo”, explica. “Le diría que piensen cómo busco el dinero para pagar mi renta. No se trata de dinero para ahorrar o tener una vida holgada, sino solo de conservar el techo”.

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Nota: Es ilegal que los empleadores tomen represalias contra los empleados por ejercer sus derechos de seguridad y salud. 

Todos los empleados, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a presentar una queja o denuncia confidencial de esta naturaleza si sienten que están trabajando en condiciones inseguras. Estas quejas pueden realizarse en línea con OSHA o por teléfono, las 24 horas del día, en el 1-800-321-OSHA (6742).