Por Gretchen Morgenson - NBC News
En enero, Sonali Patel, médico del servicio de urgencias de un gran hospital de Houston, enfermó mientras estaba de servicio. Tras dar positivo al COVID-19, le dijo a su jefe que estaba contagiado y que se iba a casa.
“Él insistió en que me quedara y terminara el turno”, recordó en una entrevista con nuestra cadena hermana NBC News y en una reciente demanda. “Le dije que no era lo más seguro. Tenemos un montón de pacientes inmunocomprometidos y los estábamos poniendo en riesgo", recordó.
Al solicitar la baja laboral mientras estaba enferma de coronavirus, Patel infringió una política no oficial promovida por los funcionarios de la empresa de contratación de personal hospitalario para la que trabaja -American Physician Partners-, según la demanda presentada contra la empresa por ella y siete médicos colegas.
Esos médicos afirman que los funcionarios de American Physician Partners les presionaron para que trabajaran mientras estaban enfermos, aunque estuvieran infectados de COVID-19 y pudieran contagiar a pacientes y colegas, según la demanda presentada en marzo en el tribunal de distrito del condado de Harris, Texas.
Los médicos que trabajaban mientras estaban enfermos eran elogiados, mientras que a los que se quedaban en casa con coronavirus se les descontaba el sueldo, según señala la demanda.
Un director médico de American Physician Partners tenía un nombre para la política no escrita sobre el trabajo mientras se tienen síntomas de COVID-19, apunta la demanda. Se trataba de “las 4 M”, que significaban Motrin, mask, man-up and must not test (en español: [Antiinflamatorio] Motrin, mascarilla, esfuerzo y no debe hacerse test). Cuando un médico planteó su preocupación por esta práctica, un superior le dijo que “esa es simplemente la cultura” en la empresa, según la demanda.
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American Physician Partners, fundada en 2015 y con sede en Brentwood, Tennessee, proporciona personal para el servicio de urgencias en más de 150 instalaciones en 18 estados, según su página web.
Dieciocho son hospitales del sistema Metodista de Houston, según la demanda de los médicos. La empresa está respaldada por BBH Capital Partners, la unidad de capital privado de Brown Brothers Harriman, una empresa de inversión de Nueva York.
Una portavoz de American Physician Partners alegó que la política de la empresa es no discutir los litigios pendientes. Una portavoz de BBH Capital Partners dijo que la empresa no comenta los litigios pendientes en sus compañías de cartera.
Presionar a los médicos para que trabajen cuando tienen COVID-19 podría resultar cuando un servicio de urgencias está intencionadamente falto de personal para ahorrar dinero, según el doctor Mitchell Louis Judge Li, fundador de Take Medicine Back, un movimiento para eliminar el control corporativo de la atención sanitaria. Independientemente de la motivación, la falta de personal en un servicio de urgencias es peligrosa.
“La escasez de personal o la inadecuada dotación de personal elegida por una corporación no permite a los médicos disponer de tiempo suficiente para ser eficaces con sus pacientes. Eso es un claro riesgo para la salud pública”, afirmó.
NBC News no ha confirmado si la falta de personal era un problema en el hospital.
Una portavoz del sistema hospitalario Metodista de Houston, que no es parte en la demanda, señaló en un comunicado que el litigio era una disputa interna que no tenía nada que ver con la atención prestada por el sistema hospitalario.
“No tenemos constancia de que ningún médico de urgencias haya acudido a trabajar después de dar positivo al coronavirus”, señala el comunicado facilitado por Stefanie Asin.
“La política de cuarentena y aislamiento de nuestro sistema hospitalario está en consonancia con las orientaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) lo que significa que los empleados y los médicos tienen instrucciones de no acudir al trabajo si dan positivo por COVID-19 durante el periodo de cuarentena requerido.
Nuestras salas de urgencias sufrieron un aumento de al menos el 50% de los pacientes durante lo peores momentos de la pandemia, y todos nuestros médicos de urgencias tuvieron una actuación heroica y cuidaron muy bien de nuestros pacientes cuando más lo necesitaban".
Las empresas de capital riesgo se han hecho con una amplia franja de entidades sanitarias en los últimos años. Utilizan grandes cantidades de deuda para adquirir empresas, con el objetivo de aumentar los beneficios rápidamente para poder revenderlas con ganancias unos años después.
Sus incursiones en la medicina de urgencias están transformando el sector, según los analistas y los expertos sanitarios. Se calcula que más del 40% de los servicios de urgencias de los hospitales del país están a cargo de empresas de personal sanitario con ánimo de lucro, propiedad de empresas de capital riesgo, según muestran las investigaciones académicas, los expedientes normativos y los documentos internos.
Preocupados por el peligro que estas adquisiciones pueden suponer para la atención al paciente, los legisladores de algunos estados están proponiendo proyectos de ley para frenar las adquisiciones de personal sanitario por parte de entidades con ánimo de lucro y de capital privado.
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El 16 de junio, Tim Kearney, senador demócrata por el estado de Pennsylvania, y varios de sus colegas de la Asamblea Legislativa anunciaron un paquete de proyectos de ley para “salvaguardar la integridad de los sistemas sanitarios locales y proteger a los pacientes de las repercusiones de los planes hospitalarios codiciosos e irresponsables llevados a cabo por empresas de capital privado”.
Un proyecto de ley establecería una moratoria de dos años sobre la transferencia de la propiedad de cualquier hospital o sistema de salud en Pennsylvania que involucre a una entidad con fines de lucro. Otro prohibiría a las entidades con fines de lucro poseer o administrar hospitales en el estado.
“Todo esto sucede en la clandestinidad, nunca ocurre donde la gente puede verlo y entenderlo”, lamentó Kearney en una entrevista. “Esperamos hacer brillar una luz sobre esta práctica, que la gente entienda lo que está sucediendo con su atención médica y por qué está sucediendo”, agregó.
American Physician Partners es más pequeña que sus dos principales competidores en la dotación de personal de los servicios de urgencias: Envision Healthcare y TeamHealth, ambos también respaldados por empresas de capital privado.
En una presentación para inversores de noviembre de 2021 revisada por NBC News, American Physician Partners dijo que es “el proveedor de bajo coste del sector” y describió la dotación de personal en los servicios de urgencias como un mercado de 17,000 millones de dólares. “A medida que los ancianos se convierten en una proporción mayor de la población, aumenta la demanda de cuidados críticos en las urgencias”, señalaba la presentación.
La demanda contra American Physician Partners es una señal del creciente descontento entre los trabajadores sanitarios de primera línea por el impacto que, según ellos, tienen los propietarios con ánimo de lucro en la atención a los pacientes y en el entorno laboral de los hospitales.
Otra se produjo a principios de este mes, cuando la mayoría de los profesionales del servicio de urgencias y anestesia de dos hospitales del sur de California, el Corona Regional Medical Center y el Temecula Valley Hospital, amenazaron con dimitir si se llevaban a cabo los planes de cesión del control de los servicios hospitalarios a Envision Healthcare.
Una portavoz de Envision no quiso hacer comentarios.
Los médicos del área de Houston solicitan un millón de dólares por daños y perjuicios en su demanda y alegan que, debido a sus prácticas, American Physician Partners no les pagó lo prometido.
Además de descontarles el sueldo por los días perdidos a causa del COVID-19, los médicos afirman que la empresa les descontó los costes de los servicios no prestados y no les compensó por tratar a pacientes que decidieron abandonar el hospital en contra del consejo médico, algo que los médicos no podían controlar.
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American Physician Partners ha “intentado inflar artificialmente sus libros para atraer a los inversores y evitar la insolvencia manteniendo el flujo de caja a expensas directas de los médicos”, alega la demanda.
El doctor Prasanth Boyareddigari es uno de los médicos que demandan a American Physician Partners. Es el director educativo del Departamento de Urgencias del Houston Methodist y profesor clínico adjunto de medicina de urgencias en el Weill Cornell Medical College y en la Facultad de Medicina de Texas A&M.
La práctica de American Physician Partners de exigir a los médicos que trabajen cuando están enfermos es el resultado de intentar ahorrar dinero mediante la dotación inadecuada de personal en las instalaciones, dijo Boyareddigari en una entrevista. “Si pierden uno o dos médicos por enfermedad, se ven en un aprieto”, dijo.
“Utilizan cualquier medida que puedan para ser eficientes desde el punto de vista financiero y ahorrar costes sin tener en cuenta los resultados o el efecto en la atención al paciente, que es todo lo contrario de lo que haríamos nosotros como médicos”. Su opinión al respecto también se refleja en la demanda.
El doctor Robert McNamara es profesor y presidente de medicina de urgencias en la Facultad de Medicina Lewis Katz de la Universidad de Temple y un firme crítico de las corporaciones que ejercen la medicina, lo que, según él, puede llevar a anteponer los beneficios a los pacientes. Más de 30 estados, incluido Texas, tienen leyes contra el ejercicio corporativo de la medicina.
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“El código fundamental de la medicina es, en primer lugar, no hacer daño”, dijo. Al pedir a los médicos que trabajen cuando tienen coronavirus, “se les está pidiendo que rompan ese juramento”.
A finales del año pasado, American Physician Partners advirtió a los inversores que sus ingresos podrían verse perjudicados por la “Ley Sin Sorpresas”, aprobada recientemente por el Congreso para frenar las facturas médicas de alto coste y fuera de la red que pueden recibir los pacientes cuando son atendidos en los servicios de urgencias de los hospitales.
En la presentación de noviembre, citó “numerosas iniciativas de ahorro en curso como parte del enfoque continuo de la compañía en la optimización de costes” para mantener sus ganancias “si la ‘Ley de No Sorpresas’ resulta en una presión a la baja en las tarifas".