El Gobierno de Joe Biden ha anunciado que usará los poderes reguladores federales y que retendrá fondos federales de las instituciones públicas para presionar a que más estadounidenses se vacunen contra el COVID-19.
Hablando desde la Casa Blanca, el presidente dijo que algunos políticos están intentando convertir las medidas de seguridad pública en "disputas para su propio beneficio político" y advirtió que “su tono se está volviendo peligroso”.
Biden ordenó al secretario de Educación, Miguel Cardona, que ejerza su autoridad de supervisión y emprendiera las acciones legales "correspondientes".
Gobernadores republicanos alrededor del país recientemente han firmado órdenes ejecutivas o promulgado leyes que buscan evitar que los funcionarios locales impongan el uso obligatorio de las mascarillas en ciertos espacios públicos como las escuelas.
“Estoy dando instrucciones al secretario de educación para que tome medidas adicionales para proteger a nuestros niños. Esto incluye medidas legales contra los gobernadores que traten de intimidar o bloquear a los educadores. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras los gobernadores tratan de intimidar a los educadores", dijo Biden en rueda de prensa desde la Casa Blanca.
"Por ejemplo, si un gobernador quiere recortar el salario de un educador por exigir el uso de mascarillas en las escuelas, el dinero del plan de rescate se puede usar al 100% para cubrir sus salarios”, especificó.
Biden también anunció que se requerirá la vacunación para todos los empleados que trabajen con adultos mayores que reciben seguro médico de medicaid o medicare.
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"Estoy utilizando el poder del gobierno federal, como un contribuyente del gasto social, para asegurarnos de que reduciremos esos riesgos para nuestros adultos mayores más vulnerables", declaró el mandatario demócrata.
El plan de Biden supone un impulso radical a los intentos de las autoridades por inmunizar a los aproximadamente 90 millones de estadounidenses que cumplen los requisitos para recibir las vacunas pero que se han negado o no han podido recibirlas.
La medida afectará a más de 15,000 hogares para adultos mayores y 1.3 millones de empleados, de los cuales alrededor del 60% ya está vacunado, según los CDC.
Los residentes de las comunidades de retiro han corrido más riesgo de contagiarse de COVID-19, incluso ya vacunados. Los datos de los CDC mostraron que la efectividad de las vacunas se redujo del 75% en marzo al 53% en agosto. Los funcionarios de la Administración anunciaron este miércoles que recomiendan que todos los adultos reciban una vacuna de refuerzo ocho meses después de su primera dosis a partir del próximo mes.
Con información de The Washington Post y NBC News.