El sábado expira de forma definitiva la moratoria federal a los desalojos para quienes se atrasaron con su renta debido a la pandemia del COVID-19. El Congreso trabajó a contra reloj este viernes para tratar de extenderla, después de que la Casa Blanca dijera que la Corte Suprema le impide ampliarla. Millones de familias podrían quedar en la calle si no lo hace.
El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, demócrata por Massachussets, intentó aprobar una extensión a la moratoria del desalojo mediante una medida que requería el consentimiento unánime de los legisladores, pero falló en obtener debido a la objeción republicana.
El Congreso debe concluir sus sesiones para el receso de agosto y no se esperan nuevos votos en la Cámara de Representantes la semana que viene; volvería a reunirse el 20 de septiembre. Sin embargo, esta agenda puede cambiar en cualquier momento por requerimiento de la mayoría demócrata.
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Más de seis millones de hogares en Estados Unidos se retrasaron en el pago de su alquiler, según cifras de marzo del Departamento de Vivienda. Muchos eran familias latinas. Al 5 de julio, unos 3.6 millones de personas enfrentaban un desahucio, de acuerdo con la Encuesta de Pulso de Hogares del Censo.
"Desalojos masivos"
Uno de los estragos de la pandemia ha sido el alza del desempleo y cómo ha puesto en riesgo la vivienda de millones de personas. El temor de que los desalojos aceleraran la propagación del coronavirus llevó a los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) a emitir una moratoria federal para detenerlos en septiembre de 2020. Expiró y se extendió en varias ocasiones después, hasta una "última vez" que acaba este 31 de julio, según advirtió la Casa Blanca.
“Esperamos ver desalojos masivos”, le dijo a Noticias Telemundo Anne Kat Alexander, investigadora y directora de proyectos en el Eviction Lab, un laboratorio de investigación de la Universidad de Princeton. Eso significa “conservadoramente, decenas de miles de casos, de las personas que se les dijo que abandonaran sus hogares, que se activan ahora al mismo tiempo”.
“Es algo que nos preocupa mucho”, dijo Alexander, cuyo trabajo se centra en las políticas de desalojos durante la pandemia del COVID-19, “porque sabemos que incluso si los inquilinos pudieron reclamar la protección de los CDC, (que a veces no pudieron), habrá mucha variación en si los propietarios continuarán ese proceso o botarán a la gente a la calle”.
Aunque a nivel federal acabe la protección, hay estados que sí ofrecen algunas protecciones, mientras otros ofrecen pocas o ninguna.
Algunos tienen sus propias moratorias, como en California, donde acaba el 30 de septiembre, en Nueva York y Nueva Jersey el 31 de agosto (dependiendo del ingreso), en Hawaii el 6 de agosto, y en Maryland, el 15 de agosto, entre otros.
Lo que preocupa tanto a la Casa Blanca como a los expertos es que de los estados que menos protecciones ofrecen también es donde más están creciendo los casos, como Alabama, Louisiana, Arkansas, Florida y Texas, según datos de los CDC y la Universidad Johns Hopkins.
Estos dos últimos estados tienen una importante población latina (Florida, 26% de la población, Texas 40%, según datos del Censo) para quienes la situación de desalojo suele ser más común y quienes muchas veces no conocen sus derechos legales, o son más vulnerables por desconocer el idioma o tener una situación migratoria irregular.
"Florida, Texas y Missouri, tres estados con tasas de vacunación más bajas, representaban el 40% de todos los casos en todo el país", dijo Jeff Zients, coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca en una conferencia de prensa el jueves pasado. “Por segunda semana consecutiva, uno de cada cinco casos ocurre en Florida. Y dentro de las comunidades, estos casos se dan principalmente entre personas no vacunadas".
El fin de las moratorias, gasolina para el incendio de la pandemia.
Una investigación realizada este año por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) determinó que el número de casos y muertes por COVID-19 aumentó drásticamente en los estados que levantaron las moratorias de desalojo desde el comienzo de la pandemia.
El estudio, publicado esta semana en el Diario de Epidemiología, encontró que los casos de coronavirus se duplicaron y las muertes se quintuplicaron en los cuatro meses después de que expiraran las moratorias.
Según un comunicado de UCLA, durante el verano de 2020, hubo 433,700 casos más de COVID-19 y 10,700 muertes más en Estados Unidos de lo que hubiera habido si las moratorias hubieran continuado. En total, en septiembre de 2020 había 6.3 millones de casos de COVID-19, y unas 193,000 personas murieron por la enfermedad, según los CDC.
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"Los desalojos pueden haber acelerado la transmisión de COVID-19 al disminuir la capacidad de la gente para distanciarse socialmente", dijo en el comunicado Frederick Zimmerman, profesor de política y gestión de salud en la Escuela de Salud Pública Fielding de UCLA y autor principal del estudio.
Alexander, del Eviction Lab, concuerda: “El fin de la moratoria nos tiene muy preocupados por el aumento en los casos”, dijo, “las moratorias se instauraron por una razón (disminuir los casos) y esa razón no se ha ido”.
Latinos y negros, los más afectados
Alexander apunta a un estudio reciente del Eviction Lab que muestra que donde hay mayores tasas de desalojo hay también menores tasas de vacunación. Para elaborarlo usaron datos de vacunación del Departamento de Salud de Arizona, la Ciudad de Philadelphia, el Departamento de Salud de Indiana, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Salud de Texas.
Los latinos y negros son los más perjudicados, pues en los vecindarios donde viven, según los estudios, es precisamente donde más desalojos y menos vacunados hay.
“Los inquilinos negros se enfrentan habitualmente a un mayor riesgo de ser desalojados, un patrón que se ha mantenido durante la pandemia”, dice el estudio de Eviction Lab.
“Las personas de raza negra y latinx también tienen muchas menos probabilidades de ser vacunadas contra el COVID-19. La brecha racial en la vacunación está disminuyendo, pero la gente negra y latina aún enfrenta desafíos para acceder a las vacunas. [...] Los códigos postales con más desalojos en cada ciudad tienden a estar en comunidades de color, mientras que la mayoría de los vecindarios [...] con altas tasas de vacunación y bajas tasas de desalojos, tienden a ser de mayoría blanca”.
Esta tendencia se observó en ciudades tan dispares como Nueva York, Philadelphia, Indianapolis, Phoenix, Houston y Dallas.
Pero además también varía ampliamente por todo el país dónde las leyes de desalojo son más duras o favorecen a los arrendadores. En algunas partes, es tan fácil y barato empezar un proceso de desalojo contra un inquilino que “las cortes de desalojo son usadas por los caseros como un sistema de cobro de renta, incluso cuando ni siquiera quieren sacar al inquilino de la vivienda”, asegura Alexander.
En Carolina del Sur, por ejemplo, someter una petición de desalojo cuesta solo 45 dólares, y en Baltimore, Maryland, tan solo 25.
“Así no se supone que debe ser usado ese sistema de cortes”, explica Alexander. Así era cómo muchos propietarios operaban antes de la pandemia, y ahora que se reactiven estas órdenes de desalojo muchos “volverán a su manera de operar usual, ignorando lo realmente destructivo que es para un inquilino”.
Los desalojos de latinos, la punta del iceberg
La proporción de solicitudes presentadas contra inquilinos latinos durante la pandemia ha aumentado tanto en ciudades con poblaciones latinas grandes, como Houston y Fort Worth, Texas, y pequeñas, como Philadelphia y Columbus, Ohio, según datos del Eviction Lab.
En Cleveland, 6% de los inquilinos son latinos, pero estos recibieron el 13% de todas las solicitudes de desalojo entre 2012 y 2016. Desde el 15 de marzo, el 15% de las solicitudes han sido contra latinos.
Pero el problema para los latinos puede ser aún mayor de lo que se conoce. Los datos que existen son de las peticiones de desalojo formales que se someten en las cortes, pero hay un número varias veces mayor de desalojos informales, que varía enormemente dependiendo de la zona
Alexander explica que según un estudio que condujeron en Milwaukee, Wisconsin, por cada desalojo formal había dos informales. “Si eso es cierto en el resto del país, va a haber un número enorme de desalojos invisibles. La conclusión lógica es que para los latinos el número es incluso mayor”.
Esto puede ser porque tienden a no querer pasar por el sistema de cortes, por el idioma o su estatus migratorio. “Puede ser porque no quieren que quede en su record público, no quieren que su próximo casero lo vea”, explicó Alexander. “La persona puede no querer pelearlo porque no tiene los recursos para pasar por el proceso, aún cuando tenga papeles”, agregó.
Hay ayuda para la renta, pero no llega a quienes lo necesitan
El Congreso asignó cerca de 47,000 millones de dólares en ayudas, que debían ir a inquilinos con los pagos de su alquiler atrasados. Es dinero federal que en algunos casos se le entrega a los estados, o a los condados o a las ciudades para que cada uno lo distribuya a los inquilinos que la soliciten.
Pero hasta junio, los estados y Gobiernos locales sólo habían distribuido unos 3,000 millones de dólares del primer tramo de 25,000 millones. Algunos estados como Nueva York no han repartido prácticamente nada, mientras que varios sólo han aprobado unos pocos millones de dólares.
Para conocer más sobre cómo acceder a estas ayudas, conocer más sobre el proceso de desalojo, cómo conseguir un abogado que le ayude a defenderse en corte de un desahucio, consulte nuestra guía de preguntas, respuestas y herramientas.