Por Phil McCausland - NBC News
En las últimas semanas, a medida que la variante ómicron se extendía rápidamente por Estados Unidos, los estadounidenses se han encontrado con que los costes financieros de la pandemia recaen cada vez más sobre sus hombros.
A medida que los casos de COVID-19 han ido aumentando, los expertos en salud pública han instado a la gente a deshacerse de sus mascarillas de tela por opciones de mayor calidad y a hacerse pruebas con más frecuencia para frenar el virus.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) actualizaron el viernes sus directrices sobre mascarillas para señalar que las mascarillas desechables N95 o KN95 ofrecen el “mayor nivel de protección” contra el virus.
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Para algunos, la carga económica añadida es un fastidio, pero sigue siendo asequible. Para otros, la perspectiva de pagar 1 dólar por una sola mascarilla desechable o 24 dólares por un kit de pruebas es un problema económico, lo que hace temer que la pandemia siga exacerbando las desigualdades.
Durante la pandemia, tres cuartas partes de los trabajadores afirmaron que les resultaba algo o muy difícil llegar a fin de mes, el 40% afirmó que no podía reunir 400 dólares en caso de emergencia y alrededor del 20% reveló que pasaba hambre porque no podía permitirse comer lo suficiente, según el Proyecto Shift, una encuesta en curso sobre los trabajadores estadounidenses asalariados por hora dirigida por el sociólogo de la Universidad de Harvard Daniel Schneider.
La mayoría tampoco recibe una licencia por enfermedad pagada y ha seguido trabajando cuando se encontraba enfermo porque no puede permitirse perder un cheque de pago.
“Estos son los trabajadores que se enfrentan al virus, ¿y les pedimos que compren cubrebocas de alta calidad y paguen las pruebas rápidas?”. señaló Schneider.
“Para muchos de estos trabajadores, simplemente no es una posibilidad: se trata de llevar comida a la mesa. Y cuando te enfrentas a esa elección imposible, la prevención de la pandemia para los trabajadores empobrecidos es poco realista", añadió.
La Casa Blanca también anunció que las compañías privadas de seguros médicos deberán reembolsar hasta ocho pruebas COVID-19 en casa al mes, y esta misma semana el Gobierno de Biden pondrá a disposición de los residentes en Estados Unidos hasta cuatro pruebas a través de un portal en línea.
El presidente Biden también comunicó el jueves que su Administración tenía previsto poner a disposición mascarillas de “alta calidad” sin coste alguno, pero se negó a ofrecer detalles, incluida la fecha en la que estarían disponibles.
Aun así, los trabajadores y los expertos han expresado su frustración por el hecho de que el Gobierno estatal y las Administraciones federales no actúen con mayor rapidez y transparencia para proporcionar pruebas rápidas y mascarillas de filtración de alta calidad, como la N95 y la KN95, a los residentes a bajo coste o de forma gratuita, especialmente en los últimos meses, cuando las cifras de casos y hospitalizaciones se dispararon por la variante omicron. Muchos no pueden permitirse esperar a ser reembolsados o no tienen cobertura sanitaria.
En algunas ciudades, los grupos locales de ayuda mutua -muchos creados en medio de las protestas por la muerte de George Floyd durante el verano de 2020- han trabajado para llenar el vacío. Los organizadores de Portland, Oregón, y Seattle han invertido su propio dinero en el esfuerzo y han hecho llamamientos para conseguir dinero en efectivo y kits de pruebas para repartir entre los necesitados.
Los fundadores de estas organizaciones esperan recaudar suficiente dinero para compensar sus gastos, pero en última instancia no ignoran que las pruebas se habían vuelto inaccesibles para quienes no tenían medios económicos.
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El fundador de Seattle Rapid Test Bloc, que pidió permanecer en el anonimato por temor a la publicidad personal que podría suponer, dijo que personas de la comunidad habían donado pruebas y dinero en efectivo.
El grupo también cargó 2,000 dólares por 100 pruebas a una tarjeta de crédito y esperaba recuperar el gasto mediante la recaudación de fondos. Hasta el fin de semana, había recaudado 1,200 dólares.
“Sabemos que somos todo lo que tenemos y todo en lo que podemos confiar, por lo que tenemos que ser una comunidad y cuidarnos unos a otros porque nadie más lo hace”, declaró el fundador del grupo, que señaló que el coste de 100 pruebas había aumentado en 500 dólares desde su pedido. “Es un fastidio estar en este punto y saber que para cuando el Gobierno o alguien haga algo, será demasiado tarde”, lamentó.
Sam Stettiner, que es discapacitado y vive en Brooklyn, dijo que el miedo a la enfermedad y el enfado y la tristeza por la respuesta del Gobierno, sobre todo hacia los discapacitados, casi han definido su tiempo durante la pandemia. Para Stettiner ha sido difícil adquirir pruebas, y el coste es complicado de digerir porque sus enfermedades crónicas le impiden trabajar.
Disponer de suficientes suministros para sí mismo es un reto, pero también le gustaría disponer de pruebas rápidas para los distintos asistentes sanitarios a domicilio que acuden a su apartamento, especialmente después de que uno acudiera a pesar de estar enfermo.
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“El coste es un gran problema para mí, y creo que para mucha otra gente que tiene ingresos fijos bajos”, señaló Stettiner. “No podemos gastar necesariamente cientos de dólares para abastecernos, y al mismo tiempo vamos a entornos de alto riesgo con más frecuencia que las personas no discapacitadas para citas médicas y procedimientos que no podemos omitir”.
Algunos miembros del Congreso están ejerciendo una mayor presión sobre el Gobierno de Biden para que tome mayores medidas en respuesta a la continua propagación del virus.
El congresista Ro Khanna, demócrata por California, se unió la semana pasada al senador Bernie Sanders, por Vermont, y a otros demócratas para impulsar un proyecto de ley que proporcione tres mascarillas N95 a cada persona que viva en Estados Unidos. También han presionado para ampliar el acceso a las pruebas rápidas.
La esperanza, dijo Khanna, era que el Gobierno federal utilizara la Ley de Producción de Defensa para ampliar el número de pruebas rápidas y cubrebocas disponibles, y luego proporcionarlas gratuitamente a cada persona en los EE.UU. que las necesitara.
Incluso permitir que se reembolse a la gente por las pruebas que compraron a través de sus compañías de seguros de salud no va lo suficientemente lejos, dijo, señalando que hay muchos aquí que no tienen ni cobertura de salud ni el tiempo para enredar con sus compañías de seguros.
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“Mucha gente no tiene dinero para pagar por adelantado y esperar el reembolso”, dijo Khanna, añadiendo que incluso él había esperado meses para que le reembolsaran unas pruebas que estaban cubiertas por su seguro.
“Por eso creo que es tan importante que el Gobierno los compre, los envíe por correo a la gente y permita que la gente los pida por internet o llamando a una línea de atención telefónica y luego los proporcione en las tiendas de comestibles, en los centros de salud, en las oficinas de correos... simplemente deberían ser omnipresentes”.
En un mensaje enviado el viernes, Khanna se mostró más optimista tras una reunión con funcionarios de la Casa Blanca sobre la necesidad de una respuesta más agresiva y equitativa, en particular en su esfuerzo por proporcionar mascarillas de alta calidad a los estadounidenses.
“Tuve una buena llamada con la Casa Blanca. Lo entienden”, dijo en un texto. “Están haciendo todo lo posible para conseguir rápidamente cubrebocas de alta calidad para los estadounidenses y espero un gran anuncio pronto”, señaló.
Los detalles de ese anuncio siguen sin estar claros, pero es probable que se produzca poco después de que el Gobierno de Biden comience a distribuir las pruebas gratuitas en casa, hasta cuatro por hogar.
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Pero los 500 millones de pruebas que la Administración está distribuyendo no son suficientes, dicen muchos expertos, especialmente para las familias que tienen niños en la escuela y padres que vuelven al trabajo.
“Es bueno, pero en realidad es sólo una gota de agua”, opinó el doctor Eric Feigl-Ding, epidemiólogo y miembro principal de la Federación de Científicos Americanos. “Teniendo en cuenta que necesitamos hacer pruebas a millones y millones de personas con regularidad, 500 millones de pruebas es aproximadamente una y media por persona. Es realmente insignificante”, apuntó.
Es un desafío particular para los estudiantes y los trabajadores, ya que algunas escuelas y empleadores exigen que quienes den positivo o hayan estado en contacto con un infectado, deben presentar un test negativo para volver a las aulas o a su lugar de trabajo.
En el caso de los trabajadores con bajos ingresos, la imposibilidad de pagar las pruebas o de encontrarlas puede agravar el ciclo de la pobreza, ya que muchos no tienen licencia por enfermedad pagada ni la posibilidad de costear el cuidado de los niños.
Los consumidores de otros países parecen tener opciones mucho menos costosas o incluso gratuitas. En India y Alemania, las pruebas pueden comprarse por unos pocos dólares cada una. El Reino Unido envía por correo las pruebas rápidas a los residentes que las solicitan, o pueden recogerse en una serie de farmacias o centros de distribución.
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La demanda en Estados Unidos es demasiado alta en comparación con la oferta disponible, según Feigl-Ding, quien afirmó que conocía a personas que habían comprado enormes cantidades de pruebas porque querían utilizarlas para fiestas.
“Tenemos que invocar la Ley de Producción de Defensa para que sean más baratos y garantizar que no haya un exceso de precios”, señaló. “Tenemos que hacer que estén disponibles en para los más desfavorecidos. La especulación de la pandemia es simplemente inaceptable, y perjudica activamente el progreso económico porque castiga nuestra recuperación".
Pero no parece que las pruebas de COVID-19 vayan a ser más baratas.
Walmart y Kroger dijeron que estaban subiendo los precios de las pruebas rápidas después de que expirara un acuerdo que tenían con la Administración Biden para vender las pruebas a precio de coste.
Tricia Moriarty, portavoz de Walmart, señaló que la empresa ha sido una de las pocas minoristas que participaron en el programa de la Casa Blanca para vender las pruebas de Abbott BinaxNow a precio de coste durante tres meses. Aunque dijo que había una demanda continua y que la compañía había puesto límites de compra, reconoció que Walmart había subido sus precios.
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“Cuando los 90 días expiraron a mediados de diciembre, todavía mantuvimos el producto a precio de coste durante las vacaciones”, recordó por correo electrónico. “Ahora que hemos vuelto a nuestro punto de precio original de 19.98 dólares, creemos que seguimos siendo los de precio más bajo en comparación con otros minoristas”.
En Kroger, otra empresa que había acordado mantener sus precios bajos, la portavoz Kristal Howard también subrayó que la cadena de supermercados era una de las tres empresas que habían reducido el coste de las pruebas rápidas. Dijo que estaban añadiendo pruebas de otros fabricantes a los estantes de las tiendas para aumentar la disponibilidad del producto.
“Cabe destacar que cumplimos nuestro compromiso con la Administración Biden de vender a precio de coste durante 100 días, y ese programa de precios se ha eliminado gradualmente y se ha restablecido el precio de venta al público previo al compromiso (23.99 dólares)”, indicó Howard en un correo electrónico.
Sin embargo, según los críticos, los propios trabajadores de Walmart y Kroger tendrían que trabajar varias horas para poder pagar un solo kit de prueba a esos precios.
Cada vez más, las estrategias de prevención de la pandemia -cubrebocas, pruebas rápidas, trabajo desde casa y bajas por enfermedad pagadas- se han convertido en un lujo, según Schneider.
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“Es un mundo al revés, porque los trabajadores de primera línea que están ahí fuera enfrentándose al riesgo y de cara al público no pueden permitirse las pruebas, no son sometidos a test rigurosos por parte de sus empleadores, carecen de los recursos y el tiempo necesarios para ir detrás de estas estrategias de prevención de la pandemia y son los que menos probabilidades tienen de tener una baja por enfermedad pagada y deben trabajar presencialmente. Es exactamente al revés”, afirmó.