Por Erik Ortiz - NBC News
El presidente Joe Biden hizo una severa advertencia el martes por la noche a los multimillonarios más ricos de Rusia y a la élite empresarial de que Estados Unidos y sus aliados “encontrarán y confiscarán sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados” en represalia por la invasión militar del país a Ucrania.
“Vamos a por sus ganancias malhabidas”, anunció Biden durante su discurso sobre el Estado de la Nación entre los aplausos de demócratas y republicanos.
El miércoles, el Departamento de Justicia anunció la formación de una unidad especial, la Task Force KleptoCapture, que se encargará de incautar las ganancias de “los crímenes de los oligarcas rusos.”
Uno de sus primeros pasos será localizar sus posesiones en Estados Unidos, una tarea onerosa porque se sabe que muchos blanquean su dinero a través de bienes inmuebles, así como de otros activos alternativos, como arte, joyas y yates.
Y los expertos financieros afirman que esos oligarcas son capaces de ocultar su verdadera identidad como propietarios creando empresas ficticias y beneficiándose de importantes lagunas en la divulgación de información sobre el capital privado y los bienes de lujo.
El rastreo del dinero y de la propiedad de los activos a través de bancos extranjeros, aunque es un proceso largo y bizantino, ya está siendo realizado por una “unidad de cleptocracia” operada por el Departamento de Justicia y lanzada en 2010, dijo Stefan Cassella, exfiscal federal y experto en la ley de confiscación de activos.
Pero la creación de un grupo de trabajo oficial dirigido específicamente a los oligarcas rusos es una señal alentadora, porque muestra que “se están añadiendo recursos para que se puedan asumir más de estos casos".
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Si los investigadores federales conectan los puntos entre un oligarca y los activos de esa persona aquí, ¿cuál es la probabilidad de que el Gobierno de EE.UU. pueda intervenir y confiscar sus riquezas?
Para empezar, es legal en virtud de la Ley de Reforma de la Confiscación de Bienes Civiles, que tiene sus raíces en el siglo XVIII, cuando Estados Unidos confiscaba la carga de los barcos extranjeros que no pagaban un impuesto de aduana o de importación.
En la década de 1980 también se utilizó como herramienta para la aplicación de la ley antidroga, y es una herramienta habitual contra terroristas y fugitivos.
La ley permite decomisar los bienes de una persona al Gobierno federal en relación con una larga lista de delitos federales o extranjeros, pero es una acción independiente de cualquier litigio penal.
Las leyes de confiscación civil se han convertido en un popular método de recaudar ingresos para los Gobiernos estatales y locales, aunque los críticos alegan que es una práctica de la que abusan las fuerzas del orden para sacar provecho de la actividad criminal.
Según la ley, los fiscales pueden considerar la congelación del activo o su incautación, lo que requiere un criterio de causa probable y, potencialmente, una orden judicial.
La congelación o el bloqueo de un activo significa que no puede venderse ni transferirse y que los ciudadanos estadounidenses no pueden realizar ninguna transacción relacionada con él, según explicó Jimmy Gurulé, profesor de derecho de la Universidad de Notre Dame y antiguo subsecretario de aplicación de la ley en el Departamento del Tesoro durante la Administración del expresidente George W. Bush.
“Puedes seguir viviendo en el yate, pero desde luego no puedes transferirlo”, aclaró.
La incautación del activo va más allá. Si los fiscales creen que tiene un vínculo específico con la actividad ilegal, incluso que se derivó de ella, pueden tratar de confiscarlo y, en última instancia, hacer que Estados Unidos obtenga la propiedad.
La persona a la que se le confiscan los bienes tiene la oportunidad de recuperarlos a través de los tribunales. Si la persona decide hacerlo, la carga de la prueba recae en el Gobierno estadounidense para demostrar que el activo está relacionado con una actividad delictiva.
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En el caso de un oligarca ruso, los fiscales no necesitarán aportar pruebas de que esa persona o el activo están directamente vinculados al conflicto en Ucrania o a la financiación de atentados, según Cassella.
“Tienen que probar el delito subyacente, pero no tiene que ver con crímenes de guerra o con Ucrania”, explicó.
Durante el proceso judicial, la persona puede seguir teniendo acceso al activo o el Gobierno puede obtener una orden de restricción para que la persona no pueda tocarlo. En el caso de un edificio de apartamentos que puede tener inquilinos y en el que los ingresos son potencialmente el centro de la actividad ilegal, el Gobierno puede pedir que los alquileres se paguen mediante una plica [un sobre cerrado y sellado] hasta que se resuelva el caso.
Estados Unidos ya ha confiscado activos de líderes y empresarios extranjeros. Teodoro Nguema Obiang Mangue, vicepresidente de Guinea Ecuatorial, fue acusado de utilizar su cargo en 2011 como ministro de Agricultura y Silvicultura del país para amasar más de 300 millones de dólares mediante prácticas corruptas y blanqueo de dinero que, según los fiscales federales, también infringían la legislación estadounidense.
El Departamento de Justicia llevó a Obiang a los tribunales y finalmente llegó a un acuerdo, exigiéndole que vendiera una mansión en Malibú, California, que compró por 30 millones de dólares, un Ferrari y varias piezas de recuerdos de Michael Jackson.
Más de 10 millones de dólares del acuerdo fueron confiscados a los Estados Unidos (el asunto de confiscación civil se registró como Estados Unidos contra una chaqueta firmada que usó Michael Jackson en el videoclip de su canción Thriller).
Un decomiso civil no es la única forma en que el Gobierno puede apoderarse de un bien. Si alguien es condenado penalmente, el patrimonio de la persona también puede ser confiscado durante la fase de sentencia si los fiscales demuestran que está vinculado a la actividad ilegal.
Pero condenar a un oligarca ruso por un delito sería probablemente más difícil que la vía de la confiscación civil, ya que requiere traerlo a Estados Unidos para ser juzgado, según Cassella.
En última instancia, ¿qué ocurre con un activo una vez que Estados Unidos lo confisca?
Gurulé dijo que podría venderse en una subasta y los beneficios volverían a las arcas del Gobierno o podría reutilizarse.
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Como fiscal federal en California, recuerda que una vez voló en un avión de la Administración para el Control de Drogas a México. Resultó que ese avión había sido confiscado por funcionarios federales a un cártel mexicano, que lo había utilizado previamente para transportar drogas a Estados Unidos.