A pocos días de iniciarse la implementación del Acta de Valores de California, diversas agencias de la ley, activistas y organizaciones están preparándose para un cambio en la manera en que se lleva a cabo el arresto y transferencia de inmigrantes del estado a las autoridades migratorias federales.
Si bien la nueva ley no ofrece un “santuario” total, es decir, no impide que Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) haga su trabajo en este estado, si limita extraordinariamente la cooperación local al respecto.
La también llamada SB 54 ya ha tenido sus consecuencias, días antes de entrar en vigor.
Por ejemplo, el Departamento del Sheriff de Orange anunció este miércoles que ha tenido que cancelar su programa 287g de cooperación con las autoridades migratorias y el sheriff del condado de Monterey dijo el pasado viernes que ha retirado la oficina de ICE de su cárcel local.
Organizaciones del Inland Empire, una región central del sur de California de altísima población inmigrante, están en constante diálogo con los alguaciles de Riverside y San Bernardino para asegurar que cambian su política de responder a todas las órdenes de arresto que les llegan de ICE.
A partir del 1 de enero, los alguaciles, que manejan las cárceles de California, así como las otras agencias de la ley como las policías municipales, no podrán transferir automáticamente a los inmigrantes bajo su custodia que sean requeridos por ICE, a menos que estos hayan cometido una serie de delitos graves especificados por la ley.
De hecho, bajo la nueva ley, las cárceles locales tampoco podrán informar a ICE del día en que planean liberar a estos inmigrantes como lo han hecho hasta ahora.
La ley no protege a inmigrantes que sean convictos de una lista de delitos -bastante extensa- que la ley considera graves.
“Ya no podrán seguir actuando como lo han hecho hasta ahora”, dijo Jellaya Dunlap, coordinadora de respuesta de emergencia para la Coalición de Justicia Inmigrante de Inland. “Esta ley va un paso más allá que la ley anterior de 2013, la ley de Confianza e impide que los sheriffs entreguen a ICE a migrantes que tienen arrestos sin convicción o multas de tráfico”.
La ley de Valores de California se aprobó este año como respuesta a la elección de Donald Trump y a los cambios que este implementó por orden ejecutiva y en los tribunales migratorios.
A partir de las órdenes del 25 de enero, las agencias migratorias dejaron de poner a los delincuentes graves como prioridad para el arresto y expandieron de nuevo el tipo y cantidad de “detainers” u órdenes de arresto que enviaban a las agencias locales de la ley.
Al desaparecer las prioridades, cualquier inmigrante indocumentado o incluso con documentos, quedó en peligro de arresto y deportación.
Según De León, el autor de la medida, la nueva ley “pone un muro de justicia entre los inmigrantes que no son delincuentes y el gobierno de Trump”.
“La ley no impedirá que ICE merodee por las calles y no dará un santuario completo, pero pondrá obstáculos a la maquinaria perversa e inhumana de deportación”, dijo De León el día que el gobernador Jerry Brown firmó la ley. “California no gastará sus recursos de la seguridad pública para perseguir a los inmigrantes que respetan la ley”.
Preparan actividades educativas sobre nueva ley
Las diversas organizaciones de defensa de los inmigrantes en California se están organizando para hacer cumplir la ley y tener informados a los inmigrantes de sus derechos.
Grisel Ruiz, del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, una de las organizaciones que ayudó a diseñar la medida, dijo que se están enfocando en apoyar su implementación de diversas maneras.
“Estaremos trabajando con abogados, organizadores y líderes comunitarios para que tengan todas las herramientas que necesiten en el uso de esta ley y en defensa de cualquier acción inconstitucional de este gobierno”, dijo Ruiz.
Se espera que el efecto concreto de la ley sea el de disminuir el arresto de inmigrantes indocumentados que no hayan sido convictos de delitos graves y reducir al mínimo la cooperación de agencias locales de la ley como policías y sheriffs, así como otras instituciones locales -escuelas, universidades, hospitales- con las autoridades migratorias.
Esencialmente, California está diciendo al gobierno federal que solo cooperará en deportar a los inmigrantes convictos de delitos graves y que ICE no tendrá cooperación más allá de lo que marca esta ley.
No obstante, ICE ha amenazado con aumentar redadas en las calles y centros de trabajo para contrarrestar estos límites.
“La ley elimina toda cooperación y comunicación con nuestros socios policiales en el estado”, dijo en octubre Thomas Homan, director en funciones de ICE.
No tendremos más remedio que realizar arrestos a gran estala en áreas residenciales y laborales”, dijo Homan. “También tendremos que arrestar a personas detenidas en California pero que estén en cárceles fuera del estado”.
¿Qué cambia con la nueva ley “santuario” o de valores?
-SB54 no impide que la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) haga sus labores en California, pero prohíbe que se usen recursos estatales o locales en tareas de inmigración y no permite que agencias locales de la ley entren en contratos 287g con el gobierno federal para tareas migratorias.
-Establece además que los lugares “sensibles” como escuelas, bibliotecas, hospitales y refugios tienen prohibido colaborar con ICE en el arresto de inmigrantes, especialmente cuando no existe una orden judicial firmada por un juez.
-La policía y sheriff no podrá pedir el estatus de las personas o arrestarlas para fines únicamente migratorios. La ley no impide que la policía le tome les huellas digitales a un residente de California, arrestado por un delito penal, y comparta esta información con las agencias federales.
-Pero la ley también pone severos límites a la comunicación entre las agencias locales y las autoridades de inmigración. Por ejemplo, la agencia o cárcel local no podrá notificar a ICE de la fecha de liberación de un detenido, a menos que este sea convicto de un delito grave y/o violento.
-Las cárceles locales no tendrán permitido otorgar espacio de oficina a agentes de ICE para que revisen las listas de detenidos y pongan “detainers” preventivos sobre inmigrantes.
-Se prohíben los acuerdos 287g que crean contratos entre agencias del sheriff, que manejan las cárceles condales y la agencia federal ICE, para que los primeros asistan en identificar y transferir inmigrantes indocumentados para su deportación.