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¿Complicidad de gobierno, congreso y poder judicial en escándalos de Administración de Obama?

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Por Carlos Rajo/Columna de Opinión

Lo más sorprendente de las revelaciones periodísticas de que el gobierno de EEUU supuestamente lleva a cabo una masiva recolección de información sobre las llamadas telefónicas de millones de personas, y de que tiene acceso a las bases de datos de varias de las principales compañías de Internet, es que ocurra en la administración de Barack Obama.

No es que se peque de ingenuo o que se guste de criticar al ex Presidente Bush, pero esto que supuestamente sucede -y nadie del gobierno lo ha negado- eran de las cosas que el Obama senador y candidato presidencial, cuestionaba con al parecer toda sinceridad. Prácticas, por cierto, iguales, o al menos similares, que en su momento fueron brutalmente criticadas a la Administración Bush.

¿Cómo es que se ha llegado a esto? ¿Es que acaso Obama cambió al llegar a la Casa Blanca? ¿Es que una vez instalado en el poder dejó en casa el traje de senador liberal, profesor de leyes con conciencia y candidato que ganó credibilidad precisamente por ir en contra de algunas de las peores prácticas del gobierno de Bush? 

¿Es que Obama tuvo que adecuarse a las exigencias de un aparato de seguridad nacional que bajo el sambenito de combatir al terrorismo no deja piedra sin levantar, sin importar si se violan -más allá de si es legal o  no- algunos de los principios tradicionales de la democracia estadounidense como es el derecho a la privacidad? 

Pero vayamos por partes. Es tanto lo que ha sucedido en el último día y medio que se hace necesario una relación cronológica de los eventos. Todo comenzó el miércoles en la noche cuando el diario inglés “The Guardian” publicó una nota explosiva en la que hablaba de la existencia de una orden dada a la compañía de teléfonos Verizon por un juez de una corte especial que tiene a su cargo autorizar lo de las escuchas telefónicas. 

Según la orden, de la que el diario publicó una copia en su versión de internet, el juez, a pedido del gobierno de Obama, mandaba a Verizon a que le facilitara al gobierno el registro de todas las llamadas hechas por sus millones de clientes en un periodo de tres meses (récord de cuándo se hacían las llamadas, duración, etc., pero no del contenido de las conversaciones).

Durante el transcurso del jueves hubo toda clase de reacciones ante lo publicado por “The Guardian” y que Telemundo no ha confirmado. El gobierno nunca aceptó oficialmente que la orden existiera o que fuera cierto todo lo que describía el diario inglés. Sin embargo, tampoco lo negó y lo que hizo fue justificar las operaciones de recolección de inteligencia bajo el argumento de que son “un instrumento crítico” para proteger al país de acciones terroristas, tal lo dicho por el vocero presidencial Josh Earnest.

Igualmente sucedió con varios senadores de ambos partidos, en particular la demócrata por California Dianne Feinstein y el republicano por Georgia Saxby Chambliss, líderes del Comité de Inteligencia del Senado quienes en teoría son los más enterados del programa que describía “The Guardian”. Los legisladores utilizaron el mismo argumento de los funcionarios del gobierno: de que este tipo de programas son necesarios para combatir la amenaza terrorista. 

“A esto se le llama proteger los Estados Unidos”, explicó un tanto molesta Feinstein en referencia al programa. La senadora fue más lejos, demandando que se investigue al que filtró el documento al diario inglés y se le lleve a juicio.

Según el gobierno de Obama, la información que se obtiene al lanzar la net sobre los millones de usuarios de Verizon “permite al personal anti terrorista descubrir si alguien (en general) o un sospechoso de terrorismo ha estado en contacto con otras personas que podrían estar involucradas en actividades terroristas, particularmente alguien ubicado dentro de los Estados Unidos”, tal lo dicho por otro funcionario de la Administración citado por el diario “USA Today”.

En general dentro del gobierno, el Congreso e incluso el Poder Judicial -al final fue un juez el que autorizó la orden de pedirle los records a Verizon-, hay una especie de complicidad o de echarle al otro la culpa por lo sucedido. O antes, de simplemente aceptar que lo hecho de investigar las llamadas es algo necesario en esta época post 9/11 que se vive.

Con esto de la complicidad nos referimos a que el gobierno alega que lo hecho es producto de las leyes que existen, en particular la llamada Ley Patriota que se pasó precisamente luego de los eventos del 9/11. El Congreso alega, por su parte, que lo que hizo fue darle “los instrumentos” al gobierno para que este viera como protege al país. Que dependía de Obama cómo los utilizaba. Los jueces por su parte, argumentan que sólo responden a una petición del Ejecutivo (la Administración Obama) y que su resolución está basada en las leyes vigentes.

Es posible que todo sea cierto, en particular de que cosas como la orden a Verizon sea legal por la simple razón de que la Ley Patriota lo permite. Esta es una discusión (sobre la legalidad) que recién comienza y de la cual se seguirá hablando. Pero no quita sin embargo, la responsabilidad del presidente Obama. El mandatario tiene la facultad discrecional de ordenar que no se dé este tipo de acciones, en especial por lo que hemos dicho: porque en su vida anterior a Presidente criticó severamente acciones de este tipo que comenzaron durante la Administración Bush.

Vale una explicación técnica sobre por qué hay tal reacción en la prensa y sectores liberales pro libertades civiles -aunque no necesariamente entre el ciudadano de a pie-. Sucede que lo aceptable en un tipo de operación como la de Verizon es que se investigue a una persona en particular, a alguien o un grupo de gente que ha dado alguna muestra o provocado un indicio de que anda en algo. Una vez se tiene este detalle es legítimo ir ante el juez para que autorice la investigación del sospechoso o  fulano que llama la atención. 

El problema con lo hecho con Verizon es que se supuestamente se tendió una inmensa red que abarcaba a millones de personas, de las cuales la casi totalidad no tenían nada que ver con actividades terroristas. Parece ser que no se escuchó lo que la gente hablaba, pero con saber cuándo se inició la llamada, cuando terminó, desde que lugar se hizo, a donde se hizo, es sólo cuestión de técnica investigativa saber más tarde quien es esa persona que hizo la llamada y con quien habló. Y el detalle por supuesto, es que la Constitución garantiza que las personas no serán sujetas a registros excesivos  -irrazonables, es el término legal- (investigar el teléfono de alguien que no es sospechoso de nada es un registro excesivo).

Por si esto no hubiese sido suficiente y cuando todo el mundo parecía tener una opinión sobre el tema, inclusive el Presidente Obama dijo estar abierto a que se diera “un debate” sobre estos asuntos de seguridad, en la tarde del jueves explotó otra bomba informativa. 

En este caso era el diario “The Washington Post” -aunque luego también lo hizo “The Guardian”- el que publicaba una nota alegando que existía otro programa, de nombre PRISM, y por el cual el gobierno tenía acceso a los bancos de datos de compañías como Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, Apple y otras (literalmente todos los gigantes de Internet).

Según el Post y el Guardian, bajo este programa el gobierno habría “entrado por la puerta trasera” de los servidores de estas compañías con lo cual tenía acceso a los e-mails, voz, fotos, videos y en fin todas las huellas que los usuarios de internet dejamos diariamente en los archivos electrónicos de estas compañías.

A medida que fueron pasando las horas luego del destape del Post se dio una situación extraña. Por un lado, el gobierno se mostró un tanto más abierto que lo que había sido su actitud en la mañana con lo de Verizon, aceptando la existencia del programa y simplemente aclarando un par de cosas, en particular que sólo se utiliza contra gente que está fuera de Estados Unidos (y que además, para sus investigaciones sí en efecto utiliza los servicios de las compañías de internet).

“La información recogida bajo este programa forma parte de la más importante y valiosa información de inteligencia que recogemos, y es utilizada para proteger nuestra nación de varias amenazas”, señaló James Clapper, el Director Nacional de Inteligencia. Según Clapper, todo el programa es legal, aprobado por la misma corte que aprobó lo de Verizon y precisamente sólo se aplica o tiene como blanco “personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos”.

Lo extraño decíamos, es que al mismo tiempo que el gobierno daba su versión, casi todas las compañías citadas en el reporte del Post y el Guardian negaban que fuera cierto de que habían sido intervenidas por el gobierno -reporte por cierto, basado en un supuesto juego de más de 40 diapositivas o “slides” utilizadas para entrenar a los nuevos agentes de inteligencia y que alguien filtró a los dos diarios. Según las compañías, o no sabían del programa o no estaban al tanto de que el gobierno hiciera lo que supuestamente está haciendo.

“Nunca hemos oído de PRISM”, dijo por ejemplo un vocero de Apple. “Y no le damos a ninguna agencia del gobierno acceso directo a nuestros servidores y cuando una agencia pide datos de un usuario tiene que tener una orden del juez”.

Google igualmente negó que existiera el programa o que al menos supiera del mismo. “Google no tiene una ‘puerta trasera’ para que el gobierno tenga acceso a los datos privados de los usuarios”, dijo el vocero de la compañía.

Facebook lo mismo. El popular sitio de redes sociales aseguró que es prioridad “proteger la privacidad” de sus usuarios y que no le da al gobierno “acceso directo a los servidores de Facebook”. Que además, cuando se le pide información sobre un individuo en especial, examinan “con cuidado el pedido para no violar ninguna ley y dar sólo la información requerida por la ley”, tal lo dicho por un vocero de Facebook.

Por hoy queda la interrogante sobre cuál es la verdad sobre PRISM. La prensa destapa el programa, el gobierno básicamente acepta que existe y los gigantes de internet se hacen los que no saben nada o aseguran que no es cierto que el gobierno tenga acceso libre a sus servidores y bancos de datos.

Lo que sí es cierto es que aun cuando la gran mayoría de legisladores -insisto, de ambos partidos- justifican las acciones del gobierno, el escándalo es mayor. Así como en su momento se puso contra la pared a la Administración Bush cuando se destapó algo similar de que se hacían intervenciones telefónicas, hoy Obama está a la defensiva una vez más. 

Primero fue lo de los registros de las llamadas de los periodistas de AP, luego de los registros del periodista de Fox News, y hoy esto de Verizon y PRISM. ¿Adónde quedó el Obama que tanto criticaba a Bush por sus excesos en el supuesto combate al terrorismo? Ciertamente hay que tomarle la palabra al mandatario: urge un debate sobre estos asuntos de seguridad nacional, privacidad y en general libertades civiles. Aunque quizá legal lo de Verizon, nunca antes se había dado algo como lo que hoy describe “The Guardian”. Y si es cierto lo de PRISM, tampoco nunca antes nada igual a eso de “entrar por la puerta trasera” de los gigantes de internet.