Por Mark Sherman - The Associated Press
Un grupo de hombres armados pertenecientes al grupo terrorista Estado Islámico mató en 2015 a una universitaria estadounidense, Nohemi González, cuando estaba sentada con amigos en un café de París, en un ataque en la capital francesa que causó 130 muertos.
Su familia alega que las recomendaciones de la red social de videos YouTube (perteneciente a Google) ayudaron al grupo terrorista a reclutar adeptos, y su demanda está en el centro de un caso que se debate este martes en la Corte Suprema sobre el alcance de una ley de 1996 que exime de responsabilidad a las empresas tecnológicas.
La norma, conocida como la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, ayudó a crear internet tal y como lo conocemos actualmente. Este caso podría cambiarla radicalmente.
Un caso relacionado, que se debatirá el miércoles, se refiere a un atentado perpetrado en 2017 en un club nocturno de Estambul, en Turquía, en el que murieron 39 personas, y que originó otra demanda judicial contra Twitter, Facebook y Google.
La industria tecnológica se enfrenta a las críticas de la izquierda por no hacer lo suficiente para eliminar el contenido dañino de la red, y de la derecha por censurar, dicen, el discurso conservador.
Ahora, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, se prepara para analizar en profundidad las protecciones legales en internet.
Una victoria de la familia González podría ocasionar enormes consecuencias en internet, según dicen Google y sus numerosos aliados. Yelp, Reddit, Microsoft, Craigslist, Twitter y Facebook son algunas de las empresas que avisan que las búsquedas de empleo, restaurantes y mercancías podrían verse restringidas si esas redes sociales tuvieran que ser responsables y preocuparse de ser y demandadas por recomendaciones y comentarios de sus usuarios.
"La Sección 230 sustenta muchos aspectos de la internet abierta", dijo Neal Mohan, que acaba de ser nombrado director de YouTube.
La familia de González, respaldada en parte por el Gobierno de Joe Biden, argumenta que la interpretación de la ley por parte de los tribunales inferiores, favorables a la industria, ha dificultado exigirles responsabilidades a las grandes empresas tecnológicas.
Por eso insta a la corte para que determine que las empresas pueden ser demandadas en algunos casos. Beatriz González, madre de Nohemi, afirma que apenas usa internet, pero espera que el caso dificulte el acceso de los grupos extremistas a las redes sociales.
"No sé mucho de redes sociales ni del Estado Islámico. No sé nada de política. Pero lo que sé es que mi hija no va a desaparecer así como así", dijo González en una entrevista con la agencia de noticias The Associated Press desde su casa en Roswell, Nuevo México.
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Su hija, de 23 años, cursaba el último año en la Universidad Estatal de California, en Long Beach, y estaba pasando un semestre en París estudiando diseño industrial. Su última comunicación con su madre fue una conversación a través de Facebook, dos días antes de los ataques, dijo González.
Los argumentos jurídicos no tienen nada que ver con lo ocurrido en París. En cambio, giran en torno a una ley que se promulgó "en los albores de la era de las puntocom", como escribió en 2020 el juez Clarence Thomas, crítico de la amplia inmunidad legal de las empresas tecnológicas.
Cuando se aprobó la ley, cinco millones de personas utilizaban AOL, que en ese entonces era uno de los principales proveedores de servicios en línea, recordó Tom Wheeler, expresidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, en una reciente conferencia en la Kennedy School of Government de Harvard.
Hoy Facebook tiene 3,000 millones de usuarios, dijo Wheeler.
La ley se redactó en respuesta a la decisión de un tribunal estatal que sostenía que una empresa de internet podía ser responsable de una publicación de uno de sus usuarios en un foro en línea.
El propósito básico de la ley era "proteger la capacidad de las plataformas de internet para publicar y presentar contenidos generados por los usuarios en tiempo real, y animarlas a filtrar y eliminar contenidos ilegales u ofensivos", escribieron sus autores, el senador demócrata Ron Wyden y el exrepresentante republicano Christopher Cox, en un proyecto presentado ante la Corte Suprema.
Los grupos que apoyan a la familia González afirman que las empresas no han hecho lo suficiente para controlar los contenidos relacionados con el abuso sexual infantil, la pornografía vengativa y el terrorismo, especialmente a la hora de frenar la recomendación de esos materiales por parte de los algoritmos informáticos.
También dicen que los tribunales han interpretado la ley con demasiada amplitud. "Cuando el Congreso aprobó la sección 230, no podía prever que internet se desarrollaría como lo ha hecho y que sería utilizado por terroristas de la forma en que lo ha pasado", declaró Mary McCord, exfuncionaria del Departamento de Justicia.
Mohan afirmó que YouTube puede impedir que la gente vea casi cualquier cosa que infrinja las normas de la empresa, incluidos los contenidos violentos y extremistas. Según dice, sólo uno de cada 1,000 vídeos pasa los filtros de la empresa.
Las recomendaciones se han convertido en el centro de atención del caso ante la corte. Google y sus partidarios sostienen que incluso una sentencia favorable a la familia tendría efectos de gran alcance. "Los algoritmos de recomendación son los que permiten hallar las agujas en el mayor pajar de la humanidad", escribieron Kent Walker y otros abogados de Google en su escrito a la corte.
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"Si eliminamos la Sección 230, se romperían muchas de las herramientas de internet", dijo Walker en una entrevista.
Algunos sitios podrían retirar muchos contenidos legítimos en un alarde de excesiva cautela. Según Daphne Keller, del Stanford Cyber Policy Center, que se unió a la Unión Americana de Libertades Civiles en apoyo de Google, las comunidades marginadas son las más propensas a sufrir las consecuencias de esa mano dura.
Se desconocen las opiniones de los propios jueces este tema, excepto la de Thomas quien, en 2020, sugirió que limitar la inmunidad de las empresas no las impactaría.
"Reducir la amplia inmunidad que los tribunales han interpretado en la Sección 230 no haría necesariamente que los demandados sean responsables de la mala conducta en línea. Simplemente daría a las personas la oportunidad de presentar sus demandas en primer lugar. Los demandantes tendrán que probar sus casos, y algunas demandas fracasarán sin duda", escribió Thomas.
La familia González alega que YouTube ayudó al Estado Islámico al recomendar videos del grupo a los usuarios con más probabilidades de estar interesados, lo que violaría la Ley Antiterrorista.
Pero nada en la demanda vincula a los atacantes que mataron a González con vídeos de YouTube, y la falta de conexión podría dificultar poder probar que la empresa hizo algo malo.
Si los jueces evitan los difíciles temas que plantea el caso, podrían centrarse en los argumentos del miércoles sobre el atentado de Estambul. La única cuestión es si la demanda puede seguir adelante en virtud de la Ley Antiterrorista.
Una sentencia a favor de las empresas en ese caso, en el que las acusaciones son muy similares a las de la familia González, también finalizaría la demanda sobre los atentados de París.