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Esta ayuda federal le paga el celular e internet pero sus fallos perjudican a millones en la pandemia

Un servicio deficiente y años de mala gestión gubernamental han provocado que pocos utilicen una ayuda que debería ser clave para la salud y la educación de las familias con menos recursos.
Internet en Santa Ana, California.
David Palencia ayuda a Angel, de 13 años, a conectar su computadora al punto de acceso WiFi proporcionado por una camioneta del Gobierno para seguir sus clases en línea, el 16 de septiembre de 2020 en Santa Ana, California.Valerie Macon/AFP via Getty Images / AFP via Getty Images

La pandemia de coronavirus aceleró la práctica de la consulta médica por teléfono como manera de evitar que los pacientes acudan a los hospitales, a menudo focos de infección, y que puedan ser tratados o diagnosticados desde sus casas. Pero la brecha digital, al igual que en el ámbito educativo, ha supuesto un obstáculo insalvable para muchos hogares.

En East Knoxville, Tennessee, el problema surgió la primavera pasada, en un centro sanitario donde comenzaron a implantar este método. En esta comunidad predominantemente negra miles de residentes de bajos ingresos han carecido durante mucho tiempo de un acceso a internet de calidad.

Eboni Winford, psicóloga de la clínica, sabía que algunos de sus pacientes contaban con el programa federal Lifeline para obtener teléfonos inteligentes y cubrir las facturas mensuales. Pero el servicio les ofreció ayuda limitada, incluso durante la pandemia, según descubrió.

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El servicio era irregular y los tiempos de conversación estaban restringidos, a pesar de que la mayoría de las personas en Estados Unidos disponen hoy en día de llamadas ilimitadas en sus planes de pago. 

"Los pacientes no tienen suficientes minutos en sus teléfonos", afirmó al diario The Washington Post.

Estas deficiencias amenazaron la capacidad de Winford para atender el bienestar emocional y físico de sus pacientes.

"Comencé a aprenderme los horarios de renovación de minutos [de llamadas] de los pacientes", señaló Winford, recordando a uno que canceló una cita por teléfono tras agotar sus cuota organizando el funeral de su hermana, fallecida por COVID-19.

Internet es un bien de casi primera necesidad durante la pandemia en todos los estratos sociales, como medio para comunicarse, hacer la compra, teletrabajar o recibir atención médica. Pero también ha desnudado las desigualdades del país.

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Lifeline, una red de seguridad digital de aproximadamente 2,400 millones de dólares concebida hace casi tres décadas para garantizar que todos los ciudadanos puedan tener un acceso a una red de acceso a llamadas e internet asequible, representa mejor que nada esa brecha.

Las familias que dependen de esta plataforma aseguran que han experimentado dificultades para hablar con sus médicos, empleadores y seres queridos durante la pandemia, lo que refleja importantes problemas técnicos y una negligencia gubernamental extendida en el tiempo que ha ido socavando el programa cuando más estadounidenses lo necesitan en medio de una gran crisis sanitaria y económica.

Los problemas que señalan los usuarios consultados por el citado diario son tan relevantes que incluso aquellos que son elegibles para recibir esta ayuda a menudo la rechazan: más de 33 millones de hogares califican para recibir el servicio de Lifeline, sin embargo, solo uno de cada cuatro lo aprovecha, según estimaciones del Gobierno de octubre del año pasado.

Los intentos de actualizarlo y remediar sus conocidas deficiencias se han estancado en Washington durante años. 

"La gente hace la compra, aprende, habla con el médico, programa citas para vacunas. Todo se hace en Internet", recordó el representante Mike Doyle, demócrata por Pennsylvania, quien dirige un comité clave centrado en las telecomunicaciones en la Cámara de Representantes. 

"Decir que un cierto porcentaje de nuestra población no puede hacer estas cosas en estos tiempos no es moralmente correcto, no es justo y hay que solucionarlo. Y este programa que tenemos no está funcionando", añadió.

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Al menos 18 millones de personas en Estados Unidos todavía carecen de una conectividad rápida y de calidad, según reveló la Comisión Federal de Comunicaciones en un informe publicado en junio pasado, aunque los funcionarios de la agencia advirtieron que el número real probablemente sea mucho mayor. Esta desconexión afecta de manera desproporcionada a los ciudadanos de bajos ingresos y de minorías raciales.

El eje de las ayuda del Gobierno es Lifeline con el que invierten 9,000 millones de dólares anuales en iniciativas para impulsar la banda ancha en zonas rurales, financiar la tecnología en el aula y ayudar a las familias de bajos ingresos.

El programa, establecido en 1985 bajo el mandato de Ronald Reagan, ofrece a los suscriptores un descuento de hasta 9.25 dólares en el servicio telefónico mensual, el servicio de internet de banda ancha o los paquetes integrados de voz de banda ancha que se adquieren a través de los proveedores participantes de servicios de línea o inalámbricos, según la web oficial del servicio.

Por lo general, los suscriptores de este programa reciben un servicio gratuito, pero el programa en la práctica ha demostrado ser muy restrictivo y el descuento no ha aumentado en casi 10 años.

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Las personas apuntadas a este plan tienen un límite de 1,000 minutos al mes, reciben aproximadamente cuatro gigabytes de datos con velocidades de descarga muy lentas.

Las restricciones han sido especialmente crueles durante la pandemia, ya que muchos suscriptores de Lifeline aseguran que han tenido que escoger entre hablar con su familia, sus amigos o su médico mientras ahorran minutos para posibles emergencias.

Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, millones de estadounidenses de bajos ingresos recibirán reembolsos de acceso a internet bajo el nuevo plan de estímulo de banda ancha de 7,000 millones de dólares.

Tras el huracán Katrina en 2005, la Administración del republinano George W. Bush expandió el programa de teléfonos fijos domésticos a dispositivos móviles.

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Pero bajo la supervisión de Ajit Pai, jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés) durante el mandato de Donald Trump, se revertió la normativa aprobada en 2015 bajo el Gobierno de Barack Obama que protegía la llamada "neutralidad de internet", que establecía que los proveedores de servicios de internet (ISP, por sus siglas en inglés) deben proporcionar a los usuarios igual acceso a todos los contenidos legales, independientemente de cuál sea la fuente, ofreciendo más libertad y poder a las empresas de telecomunicaciones.

Durante ese tiempo tampoco no se implementó por completo un sistema de verificación nacional, una herramienta diseñada para determinar la elegibilidad para el programa Lifeline y tomar medidas contra el fraude que los republicanos buscaban prevenir.

Un informe publicado por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno a finales de enero, reveló que para el verano de 2020, la mayoría de los estados aún no habían implementado esta tecnología y aquellos que lo hicieron encontraron aún más difícil para los solicitantes de Lifeline obtener la aprobación, lo que generó demoras indebidas incluso en los casos en que los estadounidenses de bajos ingresos deberían haber calificado fácilmente para el programa.

"La FCC con Trump hizo que fuera muy difícil acceder al programa", afirmó el representante Frank Pallone Jr., demócrata por Nueva Jersey y presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, centrado en las telecomunicaciones.

Con el empeoramiento de la pandemia, los legisladores incluyeron en el estímulo de 900,000 millones aprobado a finales de 2020 un programa que pagará reembolsos a los clientes de banda ancha que enfrentan dificultades económicas. Un apoyo de un calibre inédito en cuestiones de acceso a internet. La FCC tiene solo unas semanas para comenzar a pagar los beneficios a un nivel y una tasa que nunca se le ha pedido en sus más de 90 años de historia. 

Los pagos, que se realizarán directamente a los proveedores, podrían comenzar a finales de este mes. Pero es probable que el dinero dure solo unos meses.

Los gigantes de las telecomunicaciones AT&T y Verizon, afirman que apoyan el impulso del servicio universal, pero se oponen a la forma en que se administra y financia Lifeline, argumentando que el Congreso debería financiar los beneficios de telefonía y banda ancha para los estadounidenses de bajos ingresos por sí solo.

"El mecanismo de financiación está realmente obsoleto", señaló Donna Epps, vicepresidenta senior de políticas públicas de Verizon. "No estamos sugiriendo eliminarlo. Estamos sugiriendo expandir y mejorar los recursos que el país proporciona a las personas de bajos ingresos agregando un programa que proporcionaría mayores subsidios y sería financiado por el gobierno federal", apuntó.

Con información de The Washington Post.