WASHINGTON.— El presidente, Donald Trump, intentó que el Censo excluyera, por primera vez en su historia, a los inmigrantes indocumentados para la designación de escaños en el Congreso, pero este lunes la Corte Suprema, bajo control conservador, mostró su escepticismo sobre el futuro judicial de esta medida de la Administración saliente.
Durante una audiencia telefónica de 90 minutos, los nueve magistrados escucharon los argumentos orales del caso Trump v. New York y, tanto los seis conservadores como los tres progresistas, expresaron escepticismo sobre dos asuntos clave: la urgencia en emitir un dictamen, y la legalidad de excluir a inmigrantes irregulares.
Para el juez conservador, Samuel Alito, la idea de marginar a los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados pareciera "una tarea monumental", a la vez que cuestionó si es un plan "realista", tomando en cuenta el poco tiempo que le queda a la Administración Trump.
Por su parte, la jueza conservadora, Amy Coney Barrett, recientemente nombrada por Trump, señaló que el Censo nunca antes había excluido a los inmigrantes indocumentados, y eso, en su opinión, debilita la posición del Gobierno.
No es un mero debate de semántica, porque si un inmigrante indocumentado lleva 20 años en Estados Unido "¿por qué no tendría una residencia establecida?", preguntó Barrett respecto a la definición de "habitante".
Durante la audiencia, el abogado Dale Ho, de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), argumentó que los inmigrantes indocumentados tienen extensos vínculos comunitarios, pagan impuestos, y contribuyen al crecimiento económico.
Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Barbara Underwood, afirmó que, lejos de ser “invisibles”, los inmigrantes indocumentados llevan viviendo muchos años en sus comunidades y su estatus irregular “no borra su presencia”.
Underwood subrayó que el Censo estipula la contabilización de toda persona en el país, no un sistema de "premios y castigos" que busca la Administración según la colaboración de cada estado para atajar la inmigración ilegal.
El caso llegó a la Corte Suprema después de que tres tribunales de menor instancia en California, Maryland y Nueva York, declararon ilegal el llamado “memorándum de exclusión” que emitió Trump el pasado 21 de julio para excluir a la población indocumentada del Censo de 2020.
Su objetivo es que la Oficina del Censo le entregue un informe con el conteo poblacional en cada estado, y otro que restaría del total el número de inmigrantes indocumentados para la distribución de escaños.
California, uno de los estados con alto porcentaje de inmigración ilegal, perdería al menos dos escaños en la Cámara Baja. Bajo la lógica del Gobierno de Trump, algunos estados de tendencia conservadora y alta concentración de inmigrantes irregulares, como Arizona, Florida y Texas, también perderían escaños.
Pero el censo no incluyó una pregunta sobre ciudadanía, por lo que la Administración se apoyará en archivos administrativos y datos generales de los formularios para tratar de determinar la población indocumentada y a cuántos y a quiénes excluir, explicó Jeffrey Wall, abogado del Gobierno.
“Los expertos del Censo me confirmaron que aún no saben siquiera cuántos inmigrantes ilegales podrán identificar, o cómo su número y concentración geográfica afectaría la designación de escaños”, admitió Wall.
Se calcula que, en la actualidad, la Administración Trump tiene datos y archivos de al menos cuatro millones de inmigrantes indocumentados.
Entre los posibles escenarios, la Oficina del Censo podría emitir su informe poblacional dentro del plazo establecido, pero éste podría ser impugnado en los tribunales.
Si la Administración Trump excluye a los inmigrantes indocumentados, la Cámara de Representantes podría rechazar su informe incompleto, y dejar la tarea al entrante gobierno del presidente electo, Joe Biden.
[¿Cuánto tiempo le tomaría a Joe Biden revertir las políticas migratorias de Donald Trump?]
El dictamen afectaría a todo el país
En su memorándum, la Administración Trump ha argumentado que tiene autoridad para definir quiénes son "habitantes" o "residentes" en Estados Unidos, y qué datos utilizar para la designación de nuevos escaños electorales ante la Cámara Baja.
Además, según el Gobierno federal, las personas que viven en el país con visas temporales -como es el caso de diplomáticos, empresarios extranjeros, o turistas- no son incluidas en el cálculo de los escaños.
Bajo la Constitución, Estados Unidos ha realizado un censo cada 10 años desde 1790, sin importar el estatus legal o migratorio de sus habitantes, y su origen nacional. De hecho, la 14 Enmienda estipula que la designación de escaños en la Cámara de Representantes se apoya en la población total de cada distrito y no en el número de votantes elegibles o el estatus legal de sus habitantes.
Aunque Trump dejará el poder el próximo 20 de enero, un dictamen a su favor restaría representación política en la Cámara de Representantes y en el Colegio Electoral a comunidades con altos porcentajes de inmigrantes indocumentados, que además perderían millonarios fondos públicos para diversos programas sociales.
La Corte Suprema recibió más de 25 documentos en contra del Gobierno, incluyendo a prominentes académicos, grupos cívicos y empresariales, gobiernos locales y estatales, y funcionarios públicos.
En ese sentido, Deni Taveras, concejal demócrata del condado de Prince George, en Maryland, señaló que está en juego la distribución de 800,000 millones de dólares en fondos públicos.
“Esto no es un asunto que sólo afecta a los inmigrantes”, con o sin papeles, apuntó Taveras durante una conferencia telefónica organizada por CASA de Maryland.
Por ley, la Oficina del Censo tiene que entregar el conteo poblacional el próximo 31 de diciembre, y la Administración Trump, a su vez, tiene que entregar al Congreso un informe una semana después de iniciada la nueva sesión legislativa. Posteriormente, el Congreso tendría dos semanas para certificar el número de escaños que corresponde a cada distrito electoral en los estados.
La pandemia del COVID-19 afectó las operaciones de la Oficina del Censo, especialmente las visitas a hogares que no respondieron a los formularios en internet o por correo.
Wall reconoció que posiblemente la Oficina del Censo no podrá entregar el informe para el plazo establecido.