El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) consultó una base de datos de ubicación de matrículas para espiar a miles de personas durante el 2018 y accedió a cerca de 30.000 expedientes por cada mes que duró la investigación.
Según un informe de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), durante al menos siete meses trabajadores de ICE accedieron a estas informaciones a través de una base nacional de datos operada por Vigilant Solutions, una empresa con base en California.
De acuerdo con su propia página web, la empresa fue “desarrollada para la aplicación de la ley, por la policía, e incluye el conjunto más completo y avanzado de reconocimiento de matrículas, reconocimiento facial, análisis y datos comerciales disponibles para mejorar la seguridad de los oficiales y las comunidades”.
En una demanda presentada por ACLU respaldada en la Ley de Libertad de Información, los abogados de la organización sin fines de lucro señalaron que actualmente más de 9.000 agentes migratorios tienen acceso a miles de millones de escaneos de matrículas que son administradas por varias agencias que responden a las fuerzas de la ley y que revelan las “asociaciones familiares, políticas, profesionales, religiosas y sexuales” de las personas, según indicó la Corte Suprema el año pasado.
En los registros de ICE los agentes hicieron apuntes en donde explicaban las razones por las que buscaban a inmigrantes en varias zonas. Ninguna de ellas tenía una sospecha fundamentada.
Algunas líneas que se leen son: “Daca administrativo denegado”; “Posible extranjero ilegal que vive en Imperial Valley sin documentos legales” o “Investigación en el lugar de trabajo, identificación de posibles sitios de trabajo”, entre otras.
Estas informaciones, que ICE obtiene bajo la justificación de que son utilizadas con propósitos “administrativos”, alimentan su máquina de deportaciones y viola, de acuerdo a ACLU, la privacidad de los conductores y sus libertades civiles.
Durante febrero del año 2018 las autoridades migratorias iniciaron en el norte de California una operación llamada “Keep Safe” que fue seguida por otras similares que condujeron al arresto de más de 200 personas en esa zona del país.
A través de esta base de datos, ICE comienza a construir la vida privada de la persona que está siendo investigada. Con la pista de los movimientos de si vehículo logra retratar con gran detalle sus actividades y hábitos diarios. Desde su posición también pueden rastrear a los conductores en nombre de otras agencias locales y federales.
Los registros de las búsquedas también arrojan que ICE utilizó un apartado al que nombró “Localizar análisis”, que podría exponer el paradero futuro de los conductores y revela “dónde es más probable que se encuentra un vehículo sospechoso”, incluyendo los lugares visitados recientemente y el horario en el que se realizó, de acuerdo al reporte de ACLU.
Según la organización sin fines de lucro, estas prácticas son una muestra de cómo ICE puede utilizar la tecnología de vigilancia y rozar en un abuso institucional para espiar a miles de personas, incluyendo a su objetivo principal que son los inmigrantes indocumentados.
Después de que ACLU publicara los resultados de su investigación, ICE divulgó un comunicado en el que aseguraba que la agencia recibía notificaciones si un agente utilizaba el servicio de manera “no autorizada” y que aquellos que lo hicieran podrían enfrentarse a una medida disciplinaria.
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