Por Carlos Rajo
El plan o lista de principios que enmarcarán una eventual reforma migratoria hecho público por un grupo bipartidista de senadores, debería ser motivo de celebración. No sólo es una muestra de colaboración entre ambos partidos, sino que marca las grandes pautas para tratar uno de los problemas que por justicia o interés económico la nación urge resolver.
Antes de destapar la botella e iniciar el brindis, hay que revisar los puntos del plan. Más allá de que falta que todo esto se convierta en una ley y se apruebe por el Congreso, los detalles mismos del plan pueden no dejar satisfecho a todo el mundo.
El plan habla de cuatro grandes principios o “Pilares Legislativos” para resolver lo que los senadores llaman “un sistema quebrado de inmigración”.
- La creación de un camino para que los indocumentados obtengan la ciudadanía.
- Mejorar el actual sistema de inmigración (a quién se aceptará en el futuro)
- Un sólido sistema de verificación de quién tiene autorización para trabajar
- La admisión al país de nuevos trabajadores (programa de ‘trabajadores huéspedes’).
El punto central del tema es cómo regularizar a los 11 millones de indocumentados. En general, hay que decir que aquí hay más positivos que negativos. El solo hecho de aceptar como idea global el que algo tiene que hacerse con esos indocumentados es un avance enorme.
No hay que olvidar que apenas hace unos meses durante la elección presidencial se habló en algún momento de la famosa “auto deportación” de estos indocumentados. Hoy los senadores aceptan el principio de que estas personas no se irán del país, que no pueden seguir viviendo escondidos y que aun con restricciones hay que abrirles un camino para que vivan en la legalidad.
El principal problema en este apartado es que los senadores vinculan la total puesta en práctica de este principio a lo que llaman “el éxito en asegurar la seguridad en nuestra frontera”. Pero vayamos mejor al detalle de lo que se exigirá qué harán los indocumentados, y cómo pudiera darse el choque entre una legalización plena y ese concepto de “seguridad en la frontera” del que cada quien tiene una idea o una medida diferente.
Según los senadores, este camino de legalización correrá en dos pistas paralelas. Por un lado, eso que se ha venido haciendo por los últimos años (y que se incluye aquí para satisfacer a los que se oponen a la legalización) de gastar e invertir más en contratar más agentes de la patrulla fronteriza, en poner más cámaras, aviones no tripulados y en general más tecnología y elemento humano en la frontera para tener control de la misma.
Por otro lado, el camino que transitarán los indocumentados. Primero se les pedirá que se inscriban con el gobierno federal.
En principio no se detalla mucho qué se exigirá para ésta inscripción, pero es de esperarse que la persona tenga que decir absolutamente todo sobre su vida en Estados Unidos, es decir sincerarse con el gobierno. El riesgo, por supuesto, es que si le niegan el permiso la persona ya quedó totalmente descubierta ante las autoridades de inmigración. Sabrán quién es, donde vive, quienes son sus familiares y demás detalles de su vida.
Según el plan, una vez que la persona se ha registrado se hará una revisión de sus antecedentes (si ha tenido algún roce con la justicia). Al mismo tiempo, pagará una multa -’arreglar su deuda con la sociedad’, le llaman los senadores- y pagará también impuestos pendientes (no queda claro cuántos años de impuestos). Si la persona satisface estos requisitos alcanzará lo que el plan denomina “estatus legal probatorio” y se le entregará un permiso para vivir y trabajar legalmente en el país.
Vale detenerse en esto de revisar los antecedentes de la persona. Si el indocumentado tiene un “serio” récord criminal o el gobierno considera que es una amenaza a la seguridad nacional, le será negado el estatus legal probatorio y será sujeto a deportación. Falta por ver qué delitos entran en esta categoría.
Hasta aquí todo bien. Si la persona se registró y cumplió con el resto de requisitos puede salir a la superficie y ganarse la vida como el resto de los mortales (no sólo trabajar con autorización legal sino también obtener la tan preciada licencia de conducir). La única salvedad es que su situación legal es temporal. Un detalle que parece pequeño y que en la gran sumatoria de cosas pudiera no importar, es que estas personas legalizadas temporalmente no tendrán acceso a “beneficios públicos”.
Dejemos para otro día el análisis de si esto incluye el seguro de desempleo, seguro social y otras cosas. Por el momento lo único claro que sí abarca es la prohibición de que la persona pueda participar en todo lo que es la nueva ley de seguro médico. A la sociedad le interesa que sus habitantes tengan acceso al sistema de salud. Nadie gana nada con que millones de seres humanos no tengan seguro médico, situación que pudiera cambiar una vez que estas personas reciban una tarjeta de residencia. Pero bien, esto es parte de los “sacrificios” que hubo de hacerse para que el documento fuera bipartidista.
Volvamos al caso hipotético ese de la persona que cumplió con los requisitos y obtuvo el permiso para vivir y trabajar en el país. El plan de los senadores no deja claro por cuánto tiempo esta persona estará en ese “estatus temporal probatorio”. Lo lógico sería que en algún momento (después de cierto número de años) esa persona pudiera iniciar su trámite para obtener la residencia permanente o “green card”. Los senadores sin embargo, han introducido aquí uno de los elementos más problemáticos en todo el plan.
Según los senadores, no se podrá iniciar el trámite para obtener la residencia permanente sino hasta que se hayan completado las medidas para controlar la frontera. Y el problema es que se deja a juicio de una comisión formada por autoridades (gobernadores, fiscales generales) y gente civil (líderes comunitarios) de los estados fronterizos la determinación de si ya se completaron estas medidas de control.
En otras palabras, esta comisión puede fácilmente decir que la frontera no es segura o que hace falta tal o cual medida (mil agentes más, cien cámaras más, una docena más de aviones no tripulados, etc.) y por lo tanto esos millones de indocumentados con estatus temporal no pueden iniciar su proceso para la “green card” aunque siempre conservarán su permiso de trabajo.
Asumamos para efectos de argumento que la comisión dice que sí, que la frontera está controlada y que adelante con el resto del proceso. Lo que sucederá entonces es que el citado indocumentado del que hemos venido hablando podrá ahora (no sabemos por supuesto cuantos años habrán pasado) solicitar la residencia permanente. Para esto los senadores exigen que la persona vaya a lo último de la fila que existe de gente intentando ingresar con residencia a Estados Unidos al momento en que entre en vigor esta ley.
Pero esto no es todo. Aun para iniciar el proceso y colocarse al final de la cola para su eventual “green card”, la persona tendrá que hacer más cosas. Se le pedirá que se someta a “adicionales” revisiones de su récord personal (de nuevo, por si ha tenido roces con la justicia), que pague impuestos, que aprenda inglés y civismo y “que demuestre una historia de trabajo en los Estados Unidos, y su trabajo actual, entre otros requisitos”.
Esto de demostrar “la historia de trabajo” no será tan simple en muchos casos. Hay indocumentados que toda su vida laboral en Estados Unidos ha sido precisamente “bajo la sombra” por no tener documentos legales, y para quienes de seguro será complicado cumplir con este requisito (el plan no lo especifica pero ojala sea suficiente con sólo probar la historia de trabajo desde el momento que se obtuvo la legalización temporal).
Los senadores dejan claro que ninguno de estos indocumentados -o ahora gente con ‘estatus legal probatorio’- podrá obtener su “green card” en tanto “cada individuo” que estaba en la fila de solicitantes de residencia permanente obtenga la suya. Duro si se quiere el requerimiento, pero de nuevo, explicable en el contexto de hacer que los republicanos se suban al tren de la reforma migratoria.
Hay dos excepciones en este punto de los tantos requisitos para la legalización de los indocumentados, es decir dos grupos de gente que no deberán pasar por todos esos procedimientos burocráticos y para los cuales se supone se les hará más fácil el camino para la “green card” y eventualmente la ciudadanía.
Estos son los jóvenes “soñadores” (los que fueron traídos por sus padres de niños) y los trabajadores de la agricultura (los senadores reconocen que el fulano ese que corta lechuga en California para el caso, es clave para ‘mantener la seguridad del flujo de comida’ de la nación). No queda claro cómo se llevará a la práctica esta excepción para estos dos grupos de indocumentados.
En el tema segundo que es el de mejorar el sistema de inmigración, la gran interrogante es si se priorizará la emigración a Estados Unidos de gente con título profesional (en computación y similares) o de los miembros de una familia (como ha sido hasta ahora). Esto es de gran importancia para las familias latinas ya que muchas tienen miembros en espera de emigrar.
En el tema tercero que es el de cómo asegurar que sólo trabajen los que tienen autorización legal, es básicamente implementar tarde o temprano un sistema más robusto similar al llamado E-Verify que hoy existe. Básicamente que se haga muy difícil conseguir trabajo para alguien que no tiene papeles.
El cuarto y último tema del plan es también complicado y amerita una explicación en otra entrega. Se refiere a cómo se regulará la llegada al país de nuevos trabajadores. La base de esto es que la economía de Estados Unidos seguirá necesitando mano de obra barata y que México y otros países latinoamericanos seguirán expulsando trabajadores. El desafío es diseñar un programa de “trabajadores huéspedes” para que exista una inmigración ordenada o bajo control.
“El demonio está en los detalles”, señala el dicho, ciertamente este el caso en esto de los trabajadores huéspedes.
Hay que esperar que se escriba la ley de reforma migratoria y ver cómo se aterrizan estos parámetros o líneas generales del acuerdo.
El plan no dejará satisfecho a muchos sí, pero al menos es algo. Una esperanza para millones de indocumentados que han hecho su vida en Estados Unidos. Y un ejemplo al país de que aun en ese disfuncional Washington D.C. hay espacio para el acuerdo y el interés nacional.