Algunos casos de abusos sexuales en las universidades pudieran quedar impune de aprobarse una propuesta del Departamento de Educación

De darse el cambio que busca la administración de Trump, las universidades estarían legalmente exentas de investigar las agresiones no denunciadas a un funcionario escolar designado para estos casos

Comenzar los estudios en una universidad implica superar nuevos retos, y entre ellos el de evitar ser víctima de agresión sexual. El estudio publicado en la revista American College Health demostró que más del 50 por ciento de las agresiones sexuales en las universidades ocurren entre los meses de agosto y noviembre. Justo en el inicio del curso académico o cuando los estudiantes comienzan a relacionarse en su nuevo entorno y con otros compañeros.

En 2008 el Congreso eligió el mes de septiembre como el Mes Nacional de Concientización para la Seguridad en el Campus (NCSAM por sus siglas en inglés). Organizaciones como Clery Center aprovechan la oportunidad para "alentar una conversación pública sobre temas importantes en la prevención de la violencia en los colegios y universidades de nuestro país".

El Clery Center fue creado por los padres de Jeanne Clery quien a la edad de 19 años fue violada y asesinada en su dormitorio de la Universidad Lehigh. El hecho ocurrido en 1986 dio lugar a la aprobación por el Congreso en 1990 de la Ley Clery que requiere que todas las instituciones educativas denuncien los asaltos sexuales que acontecen en sus instalaciones.

A pesar del apoyo que reciben las víctimas, muchos casos de agresiones sexuales ocurridas en los centros educativos quedan en la oscuridad. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) estima que alrededor del 95 por ciento de las violaciones ocurridas en los campus universitarios del país no son reportados.

De acuerdo con un informe del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ por sus siglas en inglés) una de cuatro mujeres serán víctimas de una agresión sexual antes de culminar su licenciatura. La agencia federal, en conjunto con su Oficina de Violencia contra la Mujer (OVW por sus siglas en inglés) han creado el Centro para cambiar nuestra cultura en el campus. El sitio en línea cuenta con recursos para ayudar a las víctimas y a los centros universitarios.

Las víctimas en ocasiones se encuentran con el dilema de denunciar o no a sus asaltantes. Desconocen que una agresión sexual es cualquier tipo de contacto sexual o comportamiento inapropiado que ocurre sin el consentimiento explícito del receptor e incluye la violación, de acuerdo con DOJ.

La Red nacional contra la violación, el abuso y el incesto (RAINN por sus siglas en inglés) recopiló las razones por las que muchas víctimas no denuncian a sus agresores. El 26 por ciento lo consideró un asunto personal y el 20 por ciento ocultó el hecho por miedo a represalias.

Según DOJ, alrededor del 25 por ciento de las mujeres y el 15 por cientos de los varones estudiantes son víctimas de sexo forzado durante su paso por la universidad. Un informe de la Asociación Americana de Mujeres Universitarias (AAUW por sus siglas en inglés) considera que casi dos tercios de los estudiantes experimentan algún tipo de acoso sexual en estos centros educacionales.

Para enfrentar este problema, ACLU promueve una política de "un campus libre de miedo" y considera que las "universidades ignoran los informes de violencia sexual, y cuando toman represalias contra las víctimas que se presentan, violan sus derechos".

En 2014, el Departamento de Educación (ED por sus siglas en inglés) divulgó una lista de 55 universidades que estaban bajo investigación por mal manejo de las denuncias de abuso sexual. Como resultado, algunas de ellas han tomado medidas como revisar sus políticas internas y contratar a personal capacitado para ayudar a los estudiantes.

Las autoridades universitarias también tienen que detectar los reportes falsos de asalto sexual que ocurren en sus instalaciones. Un estudio realizado en 2002 por la revista Violencia contra las mujeres (VAW por sus siglas en inglés) recopiló diez años de casos reportados y demostró que alrededor del 63 por ciento de los varones que denunciaron actos de violación o intento de violación admitieron más tarde haber sido ellos los agresores.

Estadísticas recopiladas por RAINN muestran que el riesgo de abuso sexual para una estudiante universitaria entre 18 y 24 años es tres veces mayor con respecto a la cantidad total de mujeres que reportan un hecho similar. Entre los estudiantes varones, en el mismo rango de edad, la probabilidad de ser víctima de violación o agresión sexual es del 78 por ciento con respecto a los que no son estudiantes.

La violencia sexual es el delito más denunciado en las universidades del país. La probabilidad de una estudiante ser asaltada sexualmente es dos veces mayor comparado con el asalto por robo. Datos proporcionados por RAINN indican que en los centros educacionales se reportan cinco robos por cada cuatro agresiones sexuales, pero entre las mujeres, hay dos agresiones sexuales por cada denuncia de hurto.

El estudio realizado por el Instituto Nacional de Justicia (NIJ por sus siglas en inglés) y la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS por sus siglas en inglés), mostró que en su mayoría las víctimas conocían a sus agresores. Nueve de cada diez atacantes eran: el novio, exnovio, compañero de clase, o conocido. Sin embargo, los profesores son los menos señalados como asaltantes sexuales.

Bajo la administración de Donald Trump, el Departamento de Educación estudia cambiar las normas que las universidades atienden las denuncias de agresión sexual. El diario The New York Times publicó una versión preliminar de un proyecto que reduciría sus responsabilidades. Estos centros estarían legalmente exentos de investigar las agresiones no denunciadas a un funcionario escolar designado para estos casos. El cambio implica que la presunta víctima tiene que demostrar pruebas "claras y convincentes" en vez de la norma de "preponderancia de evidencia" que está vigente a través del Título IX.

Con las directrices actuales, las escuelas investigan cualquier asalto sexual que involucre a dos estudiantes independientemente del lugar del hecho. Sin embargo, de ponerse en marcha la nueva guía que propone ED, las universidades no están legalmente obligadas a investigar los hechos ocurridos en viviendas fuera del campus, bares o restaurantes.

Un estudio sobre este tipo de agresiones mostró que "la mayoría de los ataques sexuales ocurren cuando las mujeres están incapacitadas debido al uso de sustancias, principalmente el alcohol". La investigación sugiere estrategias de prevención como: educar a los estudiantes proporcionándoles recursos legales y brindar orientación sobre los riesgos en el consumo de sustancias durante su vida estudiantil.

De acuerdo con un reporte del Times, el 87 por ciento de los estudiantes viven fuera del campus. La cifra puede mostrar la cantidad de alumnos vulnerables. Un comunicado de la organización sin fines de lucro Know Your IX denunció los intentos de la secretaria de educación, Betsy DeVos, de "encubrir la violación y el acoso sexual" con la nueva propuesta sobre el Título IX.

El cambio de política sugerido por ED puede significar un duro golpe para las víctimas que de acuerdo con la organización Know Your IX se "verán obligadas a abandonar la escuela por hostigamiento, asalto y traición institucional".