Una veintena de indocumentados fueron arrestados en enero por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en una redada en 98 tiendas de la cadena 7-Eleven repartidas por 17 estados y el distrito de Columbia. Las autoridades federales dijeron que querían enviar un “mensaje fuerte” a los empresarios para que no contrataran a inmigrantes irregulares. Pero una investigación de la agencia de noticias Bloomberg asegura que pudo tratarse de una maniobra de los ejecutivos de 7-Eleven contra tiendas rebeldes.
La cadena cuenta con casi 9.000 comercios en todo el país, la mayoría en régimen de franquicias. La redada de ICE (que no se quedó ahí: otras tiendas han sido investigadas después, y hay un proceso judicial en marcha en Nueva York) causó un problema de imagen para 7-Eleven, pero, según afirma Bloomberg, también le dio la oportunidad para recuperar el control de tiendas por violación del contrato de franquicia.
El máximo ejecutivo de la cadena, Joe DePinto, había intentado anteriormente deshacerse de las franquicias más problemáticas, según Bloomberg, investigándolas incluso con cámaras ocultas para tratar de encontrar incumplimientos de contrato. Según la agencia de noticias, “problemáticas” significa que, cuando DePinto presionó para conseguir más dinero y fidelidad de sus franquicias, algunas se quejaron e incluso se organizaron legalmente.
Según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (del que depende ICE), la compañía le proporcionó información sobre algunas tienda que llevó a las autoridades migratorias a inspeccionarlas, informa Bloomberg. 7-Eleven asegura que sólo proporciona información al Gobierno si considera que se está produciendo un delito en las tiendas, según la citada agencia de noticias.