En la Cuba comunista ha sido una constante que los opositores políticos y los periodistas independientes al estado sean neutralizados mediante la difamación, los arrestos sin causa, y —en no pocas ocasiones que han sido bien documentadas— el maltrato físico.
Esta última parte —lo que podría haber consenso en llamar el trabajo sucio— suele ser ejecutado por la policía política y no por los funcionarios de cuello blanco.
Este miércoles en la tarde, sin embargo, un ministro creó un gris precedente en la isla caribeña donde hace 61 años no se celebran unas elecciones presidenciales y gobierna con puño de acero un solo partido político, el Partido Comunista de Cuba.
El ministro de Cultura de la isla, Alpidio Alonso Grau, agredió físicamente este miércoles a uno de los casi 30 artistas, intelectuales y periodistas pacíficos que se reunieron en las afueras del Ministerio de Cultura —con sede en el céntrico barrio habanero del Vedado— para exigir un diálogo con una institución que, aseguran, limita su libertad de creación y expresión, y reprime a quienes son críticos con el régimen y optan por canales no estatales para hacer su trabajo.
En concreto, el ministro le arrebató violentamente el teléfono celular a un periodista opositor que grababa la manifestación. Junto a él, los viceministros Fernando Rojas y Fernando León Jacomino también se lanzaron contra el grupo de jóvenes.
Momentos después, los manifestantes fueron detenidos con violencia por agentes vestidos de civil y obligados a subir a un bus que los condujo hacia una estación de policía, en la que fueron interrogados y se les intimidó con acusaciones de “alteración del orden público”, según dijo a Noticias Telemundo uno de los reporteros independientes que transmitía en directo y que fue detenido junto al grupo.
“La violencia con que fuimos tratados hoy no la había visto”, dijo Alfredo Martínez, colaborador de la revista cubana independiente Tremenda Nota. Martínez sufrió la fractura de un dedo durante su detención y dijo que otros, incluyendo mujeres, también fueron tratados con fuerza excesiva. Hacia el final de la tarde, algunos de los manifestantes habían sido liberados y no se conocía el paradero de otros.
También confirmó que una serie de opositores como la artista del performance Tania Bruguera, reconocida internacionalmente, sufrieron detención domiciliaria o fueron apresados en la calle para prohibirles reunirse frente al Ministerio de Cultura, una práctica frecuente de la policía política cubana para neutralizar posibles focos de protestas.
Acusaciones recurrentes
Martínez formó parte de los 30 artistas, intelectuales y periodistas que ingresaron al Ministerio a intentar un diálogo con las autoridades oficialistas hace exactamente dos meses, el pasado 27 de noviembre, cuando más de 500 personas se dieron cita frente a esa institución en una protesta histórica para exigir libertad de expresión y el excarcelamiento del rapero disidente Denis Solís.
Pero la reunión, en la que los funcionarios hicieron una serie de promesas a los manifestantes, no representó el cese del acoso y detenciones a artistas, intelectuales y periodistas disidentes. La prensa estatal —la única permitida en Cuba bajo la Constitución— lanzó una campaña de difamación contra las voces opositoras.
El propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, desacreditó sus exigencias y dijo que la protesta había sido “un reality show imperialista” y que Estados Unidos estaba financiando la subversión interna en Cuba, una acusación con la que el régimen de La Habana suele desacreditar a sus opositores.
Esa protesta del 27 de noviembre ocurrió un día después de que, bajo el pretexto de la pandemia del COVID-19, las autoridades irrumpieran sin una orden de allanamiento un domicilio particular en el municipio Habana Vieja en el que un grupo de 14 artistas, académicos y periodistas independientes del opositor Movimiento San Isidro llevaban días atrincherados –algunos en huelga de hambre– para exigir la liberación de Solís y el cese de la represión contra los opositores.
El país de América Latina con menos libertad de expresión
Voces opositoras dentro de la isla han comenzado a llamar a que el ministro agresor renuncie a su cargo, una forma de aceptación de responsabilidad que no tiene precedentes en Cuba, donde los funcionarios públicos raramente enfrentan consecuencias por sus malos manejos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), una ONG con sede en Madrid, pidió a la Unión Europea y a Estados Unidos que apliquen sanciones contra los funcionarios agresores “por su participación directa en actos violentos y que atentan contra los derechos humanos de intelectuales y artistas en Cuba”.
La Administración Trump fue férrea contra el régimen de La Habana, imponiendo medidas para ahogar económicamente a los comunistas. No está claro cómo Joe Biden aborde el tema del país vecino.
Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, dijo en noviembre luego de la manifestación masiva en La Habana: "Apoyamos al pueblo cubano en su lucha por la libertad y nos hacemos eco de los llamamientos para que el Gobierno cubano libere a los manifestantes pacíficos. El pueblo cubano debe poder ejercer el derecho universal a la libertad de expresión”.
Este miércoles, la Embajada de Estados Unidos en La Habana condenó la violencia del ministro:
"Nos preocupan informes de que funcionarios cubanos agredieron a manifestantes pacíficos que buscaban libertad de expresión y la de colegas detenidos. Instamos al gobierno a escuchar y dialogar con su pueblo en vez de recurrir a detenciones, violencia y el corte de Internet", dijo la Embajada.
En 2020, Reporteros sin Fronteras ubicó a Cuba a la cabeza de la lista de los países de América Latina con menos libertad de expresión, y uno de los más restrictivos del mundo en esta materia. La isla ocupa ese mismo puesto en el escalafón de diversas organizaciones de derechos humanos, incluyendo Freedom House y otras.