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Juez federal posterga la decisión sobre familias migrantes bajo custodia de ICE hasta próxima semana

La jueza federal Dolly Gee puso plazo a ICE para que el próximo 17 de julio deje en libertad a los menores alojados en tres centros de detención. Algunos padres se han negado a separarse de sus hijos, pero la pandemia del COVID-19 ahora los obliga a buscar cómo protegerlos de un posible contagio.
/ Source: Telemundo

WASHINGTON.— Un juez federal aplazó este lunes hasta la próxima semana su dictamen sobre si el Gobierno debe soltar a 335 padres y niños migrantes bajo custodia federal. La demora podría dar pie a la separación de estas familias a partir del próximo viernes.

Durante una audiencia de casi una hora en un tribunal de la capital estadounidense, el juez federal, James Boasberg, escuchó –vía conferencia telefónica– los argumentos a favor y en contra de que la Oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), ponga en libertad a 335 padres y niños bajo su custodia en tres centros de detención.

Boasberg expresó dudas sobre si, en medio de la pandemia de coronavirus, los agentes de ICE deben poner en libertad a todos los migrantes bajo su custodia –como argumentan activistas en una demanda– o sólo a aquellos que afrontan mayor riesgo de contagio en los centros de detención, dos en Texas y otro en Pennsylvania.

Pero los abogados del Proyecto Dilley, que representan a los demandantes, argumentaron que solo en el centro de detención en Dilley, en Texas, hay 69 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 33 son empleados. 

Los centros de detención no son lugar seguro para niños, porque "tienen serios problemas para guardar distanciamiento social" y para hacer cumplir otras medidas de seguridad, indicó una abogada.  

Según los activistas, siete niños y 14 adultos presentan condiciones de salud que los pone en mayor riesgo de contagio, incluyendo asma, hipertensión y problemas respiratorios. 

Grupos como Raíces Texas, Clinic Legal, y Aldea-The People´s Justice Center, lideran una campaña virtual para que ICE deje en libertad a todas las familias, no solo a los niños.

Entre los menores bajo custodia de ICE figura una bebé que tuvo que ser operada de emergencia en un hospital porque introdujo un pedazo de pepino en su nariz, y el personal médido tardó varios días en darse cuenta del problema. 

El pasado 26 de junio, en un caso distinto, la jueza federal Dolly Gee, en Los Ángeles, California, determinó que ICE no ha hecho lo suficiente para proteger adecuadamente del COVID-19 a los menores bajo su custodia.

Por ello, la jueza dio plazo para este próximo viernes para que la agencia ponga en libertad a los niños en tres centros de detención.  Bajo el llamado "Acuerdo Flores", los menores no pueden pasar más de 20 días en un centro de detención de ICE. 

Sin embargo, en ese caso, las partes aún no han llegado a un acuerdo sobre si los padres tendrán la opción de continuar detenidos junto con sus hijos, o si permitirán separarse de ellos.

Así las cosas, es probable que los niños queden en libertad pero sin sus padres, en cumplimiento de la orden de Gee, debido a que, según activistas, ahora que se ha propagado la pandemia del COVID-19 en los centros de detención de ICE, muchos padres prefieren proteger a sus hijos.

Si Boasberg da la razón a la Administración Trump, en el sentido de que ICE no necesita soltar también a los padres, el Departamento de Seguridad Nacional tendría luz verde para separarlos de sus hijos.  Pero eso probablemente suscitaría una prolongada lucha en los tribunales. 

Bajo las leyes actuales, el Departamento de Salud y Recursos Humanos se hace cargo de los niños migrantes no acompañados detenidos en la frontera, y los coloca en albergues del gobierno, o los entrega a familiares y demás “patrocinadores”.

Desde el auge de la pandemia del COVID-19, la Administración Trump la ha utilizado para justificar mayores restricciones en el proceso de asilo y en el procesamiento de visas legales, y aún no ha dicho si estas familias tendrán derecho a solicitar asilo en este país.  

En la mayoría de los casos, la Administración envía a los solicitantes de asilo a México, a aguardar allí la resolución de sus casos.

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