El gobierno de Estados Unidos exhortó a un juez federal este jueves a que no permita que las familias de inmigrantes detenidas en centros de ICE sean puestas en libertad, apenas una semana después de que una jueza ordenara la liberación de los menores de edad de estos centros por la amenaza del COVID-19.
Los activistas pro-inmigrantes han advertido que las intenciones de la administración Trump pueden derivar en la separación de padres e hijos.
La petición fue presentada ante el juez James E. Boasberg del distrito de Washington, D.C., quien dio de plazo al gobierno hasta este jueves para decidir si se opondría a una orden similar para también liberar a los padres.
El juez fijó una audiencia para el lunes sobre la decisión de la jueza Dolly M. Gee, del distrito de Los Ángeles, que ordenó el 26 de junio a la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) la liberación de niños de tres centros del país, fijando el 17 de julio como fecha límite para hacerlo.
Gee arguyó que tres centros de detención de familias en Texas y Pennsylvania estaban “bajo fuego” ante la crisis del coronavirus y que se debía proteger a los menores de la infección. Además hizo referencia a la falta de cumplimiento en el uso de mascarillas y el distanciamiento social.
La orden será aplicada a todos los niños que hayan estado detenidos por más de 20 días, quienes deberán ser liberados junto con sus padres o, en su defecto, con una familia de acogida.
Algunos de ellos han permanecido en detención desde el año pasado.
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Gee supervisa un acuerdo judicial de la década de 1970 conocido como el acuerdo Flores, que establece cómo debe tratar el Gobierno a los migrantes menores bajo custodia. Los parámetros incluyen, entre otros, no detenerlos por más de 20 días.
El avance del virus en los centros de ICE
Tras la orden judicial, abogados de la administración Trump argumentaron en documentos presentados ante una corte que las conclusiones de Gee eran insuficientes para demostrar las denuncias de las familias de que ICE no está haciendo lo suficiente para controlar la propagación del coronavirus.
Al menos 35 padres e hijos han dado positivo en el centro de detención en Karnes City, Texas, y varios empleados también se contagiaron tanto en Karnes como en una instalación en la localidad cercana de Dilley. No hay casos detectados en el centro de detención del condado Berks en Pennsylvania, según el gobierno.
En marzo, un grupo de padres y niños retenidos en un centro de detención de familias presentaron una demanda ante una corte federal en Washington. En esta, denunciaron que las condiciones de su detención infringen la Constitución de Estados Unidos. En la querella citaron a expertos médicos que aseguran que las medidas de distanciamiento social no se pueden seguir en esas instalaciones.
Los niños sí, pero los pades no
El juez James Boasberg, quien supervisa el caso para la liberación de los menores detenidos, había solicitado a los abogados de ambas partes que le explicaran cómo se aplicaría la orden de Gee.
Los abogados argumentan que la posición de la administración Trump establece una posible separación de niños de sus padres bajo custodia si el juez Boasberg está de acuerdo en que los menores sean liberados, pero no las familias como unidad.
"Los padres se verán obligados a elegir entre la separación y exponer a sus hijos a un virus mortal porque el gobierno se niega a liberarlos a menos que el juez ordene que las familias sean liberadas juntas", aseguró Amy Maldonado, una de las abogadas.
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El gobierno asegura que ICE ha aplicado medidas para mitigar la propagación del coronavirus y que la moción para liberar de inmediato a las familias no las protegerá de infectarse.
Esas familias "aún estarían en riesgo de contraer el COVID-19 mientras están entre el público en general", arguyó el gobierno.
Pero incluso si el juez Boasberg no estuviera de acuerdo, la administración Trump sostiene que el remedio sería mejorar las condiciones dentro de los centros de detención y no ordenar la liberación los inmigrantes.
"El tribunal debe rechazar el intento de los defensores de reformular este caso como un asunto de separación familiar", dijeron los abogados de ICE.
Menos de 1,000 menores se encuentran en el sistema de instalaciones para niños no acompañados, que pertenece al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
La mayoría de los detenidos en la frontera son expulsados de manera expedita en aplicación de un decreto de emergencia para detener la propagación del coronavirus en el país. Al menos 2,000 menores han sido expulsados conforme al decreto.
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