CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Alfonso Rodríguez Telumbre acababa de cumplir 19 años en septiembre de 2014 cuando él, junto con sus compañeros estudiantes, fue agredido por policías y hombres armados en la ciudad de Iguala, Guerrero, y subido a camionetas con un destino desconocido.
Desde esa noche no se sabía nada sobre este joven, danzante folclórico con cinco hermanas que cursaba su primer año de universidad al momento de la desaparición.
Este martes, cinco años después de esa noche de terror en Iguala, la fiscalía mexicana anunció que restos óseos encontrados en Guerrero fueron identificados por expertos internacionales como pertenecientes al joven estudiante.
Representantes de las familias de los 43 dijeron que las madres y padres de los jóvenes desaparecidos siguen procesando la información y sus posibles implicaciones.
"Sin duda es un avance de primera instancia en la investigación”, anunció Omar Gómez Trejo, fiscal de la unidad especial del caso Ayotzinapa.
Los restos investigados fueron encontrados hace meses en un sitio llamado Barranca de la Carnicería, en Cocula, Guerrero, y fueron enviados desde marzo a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para su análisis.
Gómez Trejo destacó que con este hallazgo se “cierra con la narrativa de una mentira” que el Gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nieto, promovió como una supuesta “verdad histórica”: que los 43 jóvenes desaparecidos, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre entre ellos, habían sido quemados vivos en un basurero y cerca de un río.
Los restos del joven no fueron encontrados en esos sitios con los que el gobierno anterior intentó dar el caso como resuelto. Aún no se ha aclarado por qué los restos de Christian Alfonso Rodríguez terminaron en la barranca donde fueron hallados o cuál sería el paradero de él y los otros jóvenes.
La barranca ni siquiera fue revisada por autoridades previas, según Gómez Trejo.
“El caso sigue abierto”, dijo el fiscal para el caso, que prometió seguir investigando hasta que "se garantice el derecho a la justicia" de los familiares.
El Equipo Argentino de Antropología Forense, grupo de expertos, ayudó en el hallazo y revisión de los restos identificados.
"Estos resultados son extremadamente dolorosos para los familiares del joven Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y para las familias de los otros estudiantes. Esperemos que estas nuevas investigaciones continúen un proceso de verdad", indicó Mercedes Doretti, integrante del equipo argentino.
El anuncio es el más reciente avance desde que los tribunales ordenaron rehacer la investigación sobre la noche de Iguala, hace dos años, y desde que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador creó, en diciembre de 2018, una comisión especial de la verdad para esclarecer el caso.
En las últimas semanas también se han anunciado casi 50 órdenes de arresto nuevas contra personas presuntamente responsables, incluido Tomás Zerón, el hombre que dirigió la unidad de investigaciones de la procuraduría y que ahora está acusado de manipular evidencia y de fabricar un reporte falso sobre el supuesto paradero de los jóvenes.
Este miércoles, las autoridades detuvieron a dos funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acusados de torturar a sospechosos durante las investigaciones sobre los 43 estudiantes desaparecidos.
Uno de ellos fue arrestado en la capital y otro en la ciudad de Mérida, Yucatán, según confirmó un funcionario federal a The Associated Press , que pidió guardar el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones sobre la investigación en curso. No indicó cuáles eran sus cargos. Otra persona al tanto de la investigación, que tampoco está autorizada a hablar sobre el caso, aseguró que uno era el extitular de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta.
Bajo el mandato de Zerón, el gobierno anterior había intentado cerrar el caso sin justicia y con la "verdad histórica", tras anunciar la identificación de restos de otros estudiantes, Jhosivani Guerrero de la Cruz y de Alexander Mora Venancio, ambos de 19 años. Los familiares de los 43 rechazaron ese hallazgo, especialmente porque se comprobó que esos otros restos habían sido manipulados y posiblemente sembrados en el río y en el basurero.
Con la nueva investigación también se detuvo recientemente a José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo, acusado de dirigir el grupo delincuencial Guerreros Unidos, que supuestamente colaboró con autoridades corruptas para desaparecer a los jóvenes.
"Él [Casarrubias] dirigía, él ordenaba y toda la prueba recabada nos indica que él era el que estaba al frente del grupo delictivo, razón por cual posee información privilegiada del paradero de los 43 estudiantes”, destacó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y los padres de los normalistas, hace unos días.
La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un colegio para maestros en el estado de Guerrero, es una de las más grandes heridas abiertas de México.
Se desconoce qué fue de los jóvenes desde la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente, cuando policías locales y hombres armados comenzaron a disparar injustificadamente contra camiones en los que viajaban los grupos de estudiantes y contra otro bus donde iba un equipo de fútbol local.
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En el caos de los balazos, que mataron a seis personas, más de 50 jóvenes fueron subidos a camiones de la policía. Hacia la mañana siguiente 43 de ellos seguían desaparecidos.
De ahí nació la principal consigna de las enormes manifestaciones pidiendo resolver el caso: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Pero el entonces gobierno mexicano, dirigido por Enrique Peña Nieto, intentó argumentar que todos los estudiantes habían sido secuestrados por un cártel llamado Guerreros Unidos, que quemó vivos los cuerpos en un basurero cerca de un río. Las entonces autoridades dijeron que esa era la “verdad histórica”.
Sin embargo, era una “verdad” que se desmoronaba casi por completo ante mínima evidencia.
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Así lo demostraron en minuciosos reportes varios expertos mundiales que conformaron un grupo de investigación independiente, impulsado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por pedido de los padres de los 43 jóvenes que fueron desaparecidos.
Los integrantes de ese grupo de investigación de la CIDH fueron espiados por su trabajo y después expulsados por la administración de Peña Nieto. Algunos ahora forman parte de la comisión especial creada por López Obrador.
Entre los hallazgos del grupo, el GIEI, contra la “verdad histórica” está el que no había rastro ninguno de incineración en el sitio donde los exfiscales aseguraban que fueron quemados los jóvenes. El GIEI también denunció que no se habían seguido muchas pistas, como la posibilidad de que uno de los camiones hubiera sido usado por delincuentes para transportar droga antes de que los estudiantes abordaran el autobús, lo que vició la investigación.
La ONU, además, denuncia una “doble injusticia” en el caso Ayotzinapa: la mayoría de las personas que fueron detenidas en la investigación original fueron torturadas para decir que habían participado, y después liberadas por falta de pruebas.
El caso, acusó Naciones Unidas, no solo estaba irresuelto, sino que la impunidad fue agravada porque ante la oportunidad de hacer justicia las autoridades más bien cometieron violaciones a los derechos humanos.
Después del anuncio este martes de la identificación de restos, el fiscal Gómez Trejo pidió a cualquier persona que tenga información alguna a compartirla con la fiscalía para poder esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
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