Casi un año después de su visita a Venezuela, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofreció el jueves una actualización de su primer informe sobre la situación humanitaria en el país.
Se trata de un documento de 17 páginas en el que subraya la expansión de la crisis económica y social que ha empujado al exilio a millones de venezolanos mientras el Estado manejado por Nicolás Maduro insiste en una política de acoso y persecución contra quienes considera como sus enemigos políticos.
El informe, que “considera que la mayor parte de las recomendaciones de su anterior informe al Consejo de Derechos Humanos siguen siendo válidas” llegó a esta conclusión tras sopesar, evaluar y comprobar los datos recabados desde junio del año pasado por los dos comisionados que dejó en Venezuela. Una evaluación en la que reconoce la reducción del índice anual de homicidios en el país y de la violencia del Estado en las cárceles —aunque menciona la masacre de 49 presos en la cárcel venezolana de Los Llanos— como únicos puntos de ligero avance en el complicado panorama de los Derechos Humanos en Venezuela.
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En contraparte, más de la mitad de la actualización de Bachelet se refiere a la gran cantidad de apresamientos por motivos políticos, en los que el sistema judicial venezolano trabaja de un modo en el que se amedrenta, sanciona e incluso tortura a quienes se consideran adversarios del gobierno venezolano.
Solo en un año los comisionados constataron que 110 personas fueron “procesadas penalmente por supuestos delitos de traición o terrorismo, incluso intentos de magnicidio” y a la mayoría se les aplicó una receta con ración doble de ilegalidad y aislamiento, lo que las convierte en detenciones arbitrarias e incluso desapariciones forzadas como la del diputado Gilber Caro, cuyo paradero se conoció hace apenas unas semanas tras haber sido detenido el 20 de diciembre de 2019.
“Detenciones sin orden judicial e imputación con carácter retroactivo, la mayoría fueron sometidas a desaparición forzada por un breve período de tiempo (…) Los expedientes judiciales solían contener muy pocas pruebas documentales y carecían de la mayor parte de los documentos jurídicos fundamentales, tales como la acusación”. El informe prosigue con que 41 de las personas detenidas —de las 110 identificadas durante el último año— superaron los dos años de prisión preventiva “lo cual contraviene los estándares internacionales de detención arbitraria”.
Los comisionados constataron que en algunas dependencias judiciales como la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) se aplican tratos crueles a los detenidos, sobre todo aquellos por razones políticas. “El Alto Comisionado observó que las personas privadas de libertad eran interrogadas por los servicios de inteligencia después de su detención tanto en las instalaciones de la DGCIM como en lugares no oficiales y desconocidos. Durante ese tiempo, las víctimas habrían sido objeto de malos tratos y, en algunos casos, de torturas”, dice el informe.
En la DGCIM documentaron casos de detenidos que llegaron a estar aislados “durante largos períodos de tiempo en pequeñas celdas sin ventilación, a oscuras y esposados la mayor parte del tiempo”. También detectaron la anulación arbitraria de las visitas y la vigilancia de estas con cámaras de seguridad.
Sobre el acceso a los detenidos políticos, la organización no gubernamental Caleidoscopio Humano destacó que los comisionados solo pudieron entrevistarse con 134 presos políticos de los más de 400 que ha registrado la organización Foro Penal Venezolano.
Uno de los aspectos más delicados que se mencionan en la actualización es la actuación violenta de los cuerpos de seguridad del Estado, que en solo un año fueron responsables de 1324 muertes según el conteo hecho por la oficina de la Alta Comisionada a partir de fuentes abiertas como prensa y organizaciones no gubernamentales.
De este número, al igual que en el primer informe elaborado el año pasado, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) despuntan nuevamente como el cuerpo policial más violento de Venezuela, responsable de 432 muertes ocurridas en el marco de supuestos operativos policiales. Le siguen el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 366 muertes y la Guardia Nacional Bolivariana con 136 muertes. Las FAES serían responsables, según destaca el informe, de 23 de 38 ejecuciones contabilizadas a manos de cuerpos policiales.
La política necesaria
Aunque estas preocupaciones expresadas por Bachelet fueron apreciadas por los defensores de Derechos Humanos en Venezuela como completas y responsables, llamó su atención la mención que hizo la Alta Comisionada sobre la situación política del país y su señalamiento a la falta de soluciones políticas logradas hasta ahora entre el gobierno y la oposición.
“Durante el período que abarca el presente informe, la crisis política se ha agudizado debido a la persistencia de las tensiones entre el Gobierno y la oposición. A pesar de los esfuerzos desplegados a nivel internacional y nacional, los principales actores políticos no han podido encontrar una solución negociada y comprensiva que resuelva la prolongada crisis política”, dice el documento.
Marino Alvarado, investigador de la organización Provea (Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos) destacó la importancia que tiene que Bachelet exponga su preocupación sobre el aumento de la conflictividad entre el gobierno y la oposición en plena controversia sobre la legalidad y transparencia de las elecciones parlamentarias anunciadas para el próximo 6 de diciembre. El informe deja claro que la solución de la tremenda crisis social y económica pasa por el restablecimiento de un escenario democrático y participativo.
“Nos pareció interesante que haya llamado la atención sobre el tema electoral porque es difícil resolver la situación política en Venezuela si no se crean condiciones favorables y creíbles para que las personas puedan salir a votar y sea el pueblo quien decida los destinos de la próxima Asamblea Nacional. Además el ambiente que se vea de confiabilidad o no frente a la situación electoral puede permitir seguir avanzando en otros aspectos”, señala Alvarado.
Por su parte, Gabriela Buada, defensora de Derechos Humanos y miembro de la organización Caleidoscopio Humano también valoró positivamente el llamado que hace la ONU y espera que se profundice en ese aspecto en el informe prometido para el 15 de julio. Sin embargo, advierte que el informe de Bachelet otorga demasiado peso a las sanciones económicas de la comunidad internacional como causante de la crisis económica del país, cuando es un fenómeno de descomposición sostenido.
“Tenemos una emergencia humanitaria compleja desde hace cinco años. Aunque es positivo que diga todo lo que dijo, todavía falta señalar contundentemente que, aunque es cierto que las sanciones impactan de manera desfavorable, la crisis no fue creada por las sanciones. Valoramos como positivo este documento, sin embargo mantenemos la posición de que el gobierno no cooperó de manera expedita como lo exigió en su informe pasado y no cumplió con las recomendaciones hechas el año pasado. Esperamos que el 15 de julio lo diga de manera más contundente”, ratificó Buada.
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